El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este jueves a las Cortes Generales el Informe Anual que recoge la gestión de la Institución en 2020, un ejercicio que ha estado marcado por la pandemia mundial del nuevo coronavirus. Con respecto a Sanidad, el Defensor del Pueblo recibió el año pasado el triple de expedientes en materia sanitaria, la gran mayoría relacionadas con la crisis generada por la COVID-19. La pandemia ha agudizado muchas de las carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La Institución lleva años advirtiendo sobre sus debilidades y deficiencias. Entre ellas destaca la fragilidad de la Atención Primaria y de los servicios de urgencias hospitalarios, el problema crónico de las listas de espera, y la insuficiente atención pública a la salud mental, según informa en un comunicado.

Escasez de profesionales y desmotivación

Son también problemas serios una presión asistencial muy alta, la restricción de algunos servicios, la escasez de profesionales en algunas especialidades y territorios, especialmente en la Atención Primaria, su desmotivación, el envejecimiento del equipamiento tecnológico y los problemas de mantenimiento de los hospitales, sobre todo los más antiguos.

En opinión del Defensor, esta crisis debe servir para “materializar grandes acuerdos y medidas legislativas y administrativas concretas” que solucionen las debilidades constatadas y a la vez consoliden las fortalezas del sistema y hagan posible su modernización, mediante un incremento inteligente de la inversión en medios materiales y humanos.

Quejas al inicio de la crisis

Al inicio de la crisis se recibieron quejas que expresaban el temor de muchas personas por su propia salud y la de los suyos y que lamentaban la saturación de los centros hospitalarios y la suspensión de la actividad ordinaria en los centros sanitarios de Atención Primaria. Otras denunciaban la escasez de camas, de personal entrenado y de respiradores, así como la falta de material de protección para el personal sanitario.

Con el paso de las semanas, y el levantamiento del estado de alarma, las quejas se centraron en el cierre de consultorios locales, las dificultades en la Atención Primaria, el retraso de citas para consulta, pruebas y operaciones, el acompañamiento de pacientes hospitalizados y los protocolos de realización de pruebas de detección del virus y el retraso en obtener resultados.

Muchos ciudadanos también han manifestado a lo largo de estos meses su opinión sobre las medidas de Salud Pública.

Actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo

La institución decidió abrir de oficio actuaciones generales con todas las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas para conocer el esfuerzo de reorganización de sus recursos y de dotación de medios para detener la expansión de la epidemia y poder determinar aspectos de mejora. Al Ministerio de Sanidad se le fueron trasladando todas las cuestiones relevantes que reflejaban las quejas y requerían una respuesta regulatoria o coordinada.

El Defensor también inició actuaciones a raíz de quejas concretas y ha seguido actuando en aquellas reclamaciones que planteaban problemas acuciantes al margen de la pandemia como listas de espera, acceso a tratamientos especiales o medicamentos, problemas en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, peticiones de acceso a documentos o historiales clínicos.

Asimismo, abrió un expediente con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas para conocer los protocolos básicos de referencia para los centros hospitalarios de cada región en cuanto a las visitas y el acompañamiento de pacientes en la situación de emergencia. Además, pidió información sobre los problemas prácticos a la hora de viajar a España desde otros países o sobre el precio de las pruebas PCR en laboratorios privados.

Impacto de la crisis sanitaria en el SNS

Con toda la información recabada, la Institución elaboró unas conclusiones acerca del impacto que ha tenido y sigue teniendo esta emergencia sanitaria en el SNS, y sobre las necesidades o carencias que han quedado más al descubierto. Estas conclusiones fueron presentadas en las Cortes Generales a finales del mes de noviembre y se enviaron al Ministerio de Sanidad y a todas las consejerías de Sanidad autonómicas.

Así, la Institución resalta que es necesario invertir mássobre todo en Atención Primaria y en Salud Públicay reclama más personal y más medios materiales, así como acabar con la precariedad y la temporalidad de los sanitariosPara ello, el Defensor cree que hay que asegurar el mantenimiento y refuerzo del SNS y garantizar la cohesión territorial, mediante un acuerdo de Estado estable, similar al existente para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

Urge, además, continúa la Oficina del Defensor del Pueblo, dar un impulso a los servicios de Salud Pública, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades, así como a la investigación sanitaria. También debe abordarse la creación de una agencia estatal de Salud Pública con altas capacidades de gestión y decisión, especialmente ante situaciones de emergencia.

Asimismo, las comunidades autónomas deben seguir incrementando sus recursos propios de Salud Pública y de vigilancia epidemiológica.

Refuerzo de la AP

A juicio del Defensor, el refuerzo de los centros de Atención Primaria, de sus profesionales y de sus medios técnicos y organizativos no puede demorarse, especialmente en los territorios con más problemas de escasez y falta de personal. Esta crisis debe ser una oportunidad para dar solución a los problemas de infrafinanciación de este nivel asistencial.

Es imprescindible al mismo tiempo afianzar la estructura hospitalaria. Así, las administraciones han de contar ya con planes de refuerzo, frente a las listas de espera, en las especialidades más afectadas, para la recuperación de la atención sin demoras a todos los pacientes, en términos de calidad y seguridad. Se ha de prestar una especial atención al incremento de demanda de asistencia en salud mental.

La precariedad y la temporalidad son probablemente el mayor problema estructural para muchos trabajadores del Sistema Nacional de Salud, y cada vez en un mayor porcentaje. Por ello, es necesario que las administraciones acometan una ampliación del personal fijo acorde con las necesidades estructurales constatadas y una revisión de aquellos aspectos del marco estatutario que más lo precisan, con diálogo social y con los objetivos de racionalización y modernización que resulten imprescindibles.

Coordinación Interterritorial

Por último, esta crisis ha demostrado que es preciso hacer más efectivo el mecanismo de coordinación interterritorial. Es preciso, según la institución, revisar y ampliar el procedimiento de toma de decisiones conjuntas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprovechando la experiencia reciente durante la emergencia sanitaria. Aspectos como la adopción de acuerdos y su fuerza vinculante o la mayor capacidad operativa de los servicios centrales deben ser abordados y mejorados.

Los acuerdos del Consejo cuando ejerce las funciones de coordinación, en determinadas materias no únicamente relacionadas con las emergencias de Salud Pública, deben poder ser adoptados por mayoría y obligar a todos los territorios. Por otra parte, debe ser preceptivo que esos acuerdos del consejo sean oficialmente publicados para el conocimiento de todos los agentes implicados y la ciudadanía.

29.335 expedientes tramitados por la Oficina del Defensor del Pueblo

En dicho periodo, se tramitaron 29.335 expedientes, entre quejas (28.020), investigaciones de oficio (406) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo (909). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.026. La Institución, por su parte, formuló a las diferentes Administraciones un total de 1.447 resoluciones, de las cuales 536 fueron recomendaciones, 482 sugerencias, 425 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias.

Los asuntos relativos a la Administración de Justicia lideraron las preocupaciones ciudadanas (4.439). Le siguieron las quejas relacionadas con el empleo y la Seguridad Social (3.493), las migraciones (2.716), la educación (2.579) y la Sanidad (2.183).

Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas vino desde la Comunidad de Madrid (7.362 expedientes), Cataluña (3.138), Andalucía (3.117) y Comunidad Valenciana (2.917), por este orden.

A lo largo del año 2020, una parte significativa estuvo, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones.