Ante el desbordamiento de los servicios sanitarios el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto-Ley de medidas. Este permite a las comunidades autónomas la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo. Todo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ante este anuncio, el Foro de la Profesión Médica ha emitido un comunicado. En el mismo expresa su descontento por quedar una vez más fuera de las decisiones que afectan a los sanitarios.

En concreto, y a la espera de tener en la mano el texto completo, el Foro ha manifestado su desconfianza ante facilitar el ejercicio a quienes no tengan el título de especialista.

El Foro argumenta que no queda claro por qué se aceleran los trámites para abrir una vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios mediante la homologación de títulos. Todo ello sin tener en cuenta a los más de 7.000 graduados en Medicina en las facultades españolas que están en la misma situación. Estos estarían en disposición de realizar aquellas tareas encomendadas que no sean estrictamente competencia de especialistas.

Además de esta cuestión en concreto, el Foro manifiesta su descontento al estar fuera de las decisiones, cuando en todo momento se ha tendido la mano a buscar propuestas conjuntas. Así, por el momento, insisten en que este texto requiere una lectura detenida que facilite una valoración adecuada.

Profesionales fuera de las decisiones

Por su parte, desde el CGCOM también se han mostrado contrarios a este documento y agraviados por dejar a los profesionales fuera de las decisiones que les afectan. Así, el CGCOM ha afirmado que estará vigilante ante la contratación de médicos que no tengan el título reconocido de especialista. En este sentido, y para no quedar fuera de las decisiones futuras, exige la creación de un Comité de Control . Todo con el fin de garantizar la mejor asistencia y seguridad clínica de los pacientes.

El CGCOM lamenta también que se adopten este tipo de medidas sin contemplar acciones para paliar la precariedad y temporalidad. La misma afecta a miles de facultativos a través de procesos de regularización. La corporación también insiste en la vulneración de competencias que supone el punto 3.2 de este Real Decreto Ley. Sobre el mismo, muestra su total oposición, así como reclama una rectificación por parte de la Administración.