El sindicato de UGT lleva tiempo denunciado el abandono por parte de las administraciones al sector de atención a la Dependencia, que está impidiendo la firma de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, que son más de 245.000 (el 90 por ciento mujeres) y que ahora mismo se encuentran en una situación de pobreza laboral.  Con el objetivo de tomar medidas al respecto, la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunido este miércoles con la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, sobre los problemas en la aplicación de la Ley de Dependencia.

UGT ha valorado de forma positiva este encuentro con la ministra, que se ha comprometido a revisar el modo en que se está aplicando la Ley en cada una de las Comunidades Autónomas. Todo ello recordando que la Ley de Dependencia, que data de 2006, no se ha evaluado en profundidad en 13 años.

En el año 2008 salió una resolución del Consejo Interterritorial del INSERSO que establecía una serie de requisitos mínimos con respecto al personal trabajador de los centros de atención a la Dependencia para garantizar la calidad del Servicio. Este documento debía servir de base a las CC.AA para legislar sobre la materia. Sin embargo, no llegó a desarrollarse en su momento y ahora el Gobierno se ha comprometido a revisar este trabajo y a evaluarlo.

Las trabajadoras de Dependencia

Asimismo, Carcedo ha coincidido con UGT en que es necesario visibilizar los problemas que afectan al sector, empezando por la precariedad de sus trabajadoras, cuyo salario, como se viene denunciando desde hace, no llega a los 1.000 euros mensuales.

En este sentido, UGT señala que “sin duda nos encontramos ante las peores condiciones de cualquier convenio de atención a las personas, con una jornada anual que llega a las 1.792 horas, cubriendo 24 horas de servicio al día y un salario bruto de 985 euros. A pesar de que la atención a la dependencia es un servicio esencial para la ciudadanía.

Los precios que paga la Administración por la prestación de este servicio llevan prácticamente 10 años congelados, y esto inevitablemente ha afectado a las condiciones laborales de las trabajadoras.