Tras conocerse la resolución respecto a la normativa de las 35 hora semanales en Andalucía, el Sindicato Médico Andaluz ha considerado que esta decisión se trata de un “montaje público”, puesto que sostienen  que el Gobierno andaluz y el Servicio Andaluz de Salud  tienen mecanismos para mantener las 35 horas semanales “sin que esto suponga contravenir al Tribunal Constitucional”. Por ello, consideran que resolver esta situación depende realmente de “la voluntad de quienes dirigen la sanidad pública andaluza”, añadiendo que “la clase política andaluza tendrá que hacer sus deberes y mantener su palabra”. Ante esta situación, el colectivo de facultativos médicos de Andalucía y, este sindicato en particular, han anunciado que se sumarán a la Huelga de Madrid prevista para primeros de año, con el fin de presionar al Gobierno central de Mariano Rajoy, puesto que no van a tolerar “el encarnizamiento gestor y el saqueo al que nos vimos sometidos años atrás”. Una decisión inesperada La sorpresa del Sindicato Médico Andaluz radica sobre todo en que, tal y como sostienen,  “después de cinco meses de incertidumbre” y de oír a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y a todos los miembros de la Junta de Andalucía asegurar que “todo estaba controlado”, la noticia de que los propios Servicios Jurídicos de la Junta han frenado la firma del acuerdo de Consejo de Gobierno “ante la inseguridad jurídica que suponía y la posibilidad de un nuevo pronunciamiento en contra por parte del Constitucional”, no es entendible. Así, la cuestión que plantean es “si es razonable que se apruebe un acuerdo y se anuncie su ratificación en Consejo de Gobierno sin que los servicios jurídicos hayan asegurado su viabilidad”, así como “si todo esto demuestra la torpeza de un Gobierno que no ha parado de dar palos de ciego en las cuestiones relacionadas con la Sanidad”. De esta forma, su reclamación pasa por que ha solicitado se les devuelvan todos los derechos que han perdido en relación al sueldo y a la calidad de vida. En este sentido, aseguran que justificaran las 35 horas en formación, en preparación de sesiones clínicas o en cambios de turno para no permitir de nuevo “una situación discriminatoria con respecto a otros colectivos”.