Médico, científico y político con diferentes cargos dentro del Partido Popular, Rubén Moreno ha sido una de las figuras clave de la Sanidad de estas últimas cuatro décadas. Si bien su trayectoria comenzaba en la Generalitat valenciana, su salto a la política nacional como secretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria y como secretario general de Sanidad, le hizo tener una papel decisivo en etapas como la transferencia de las competencias sanitarias a la Comunidades Autónomas.

Echando la vista atrás, en una de nuestras últimas entrevistas, comentaba que las reformas más importantes del sistema sanitario ya estaban hechas, ¿cuáles diría que han sido las reformas más importantes en estos 40 años?

Me refería a las introducidas por la Ley General de Sanidad de 1986, la Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 1997, la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, la Ley de Cohesión y Calidad de 2003, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003, el Estatuto Marco de 2003, el Real Decreto Legislativo de garantías y uso racional de los medicamentos de 2015…  Y otras que, todavía hoy, vertebran el SNS. Entre ellas, destaco especialmente la culminación de las transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas (CC. AA.) del año 2001 y la ley que regulaba el nuevo modelo de financiación autonómica para el conjunto de las CC. AA. de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Con todo, el sistema debe huir del conformismo porque todavía necesita de una decidida política reformista para su mejora, transparencia y sostenibilidad.

Tal y como comenta, uno de los hitos más importantes fue la transferencia de competencias a las CC. AA., en el que tuvo un especial protagonismo. Con la perspectiva del tiempo, ¿cuáles han sido los principales beneficios de esta medida? ¿Qué quedaría por mejorar a la hora de lograr una mayor cohesión y equidad en el SNS?

Las transferencias han servido claramente para aproximar las decisiones de gestión en el ámbito sanitario a las necesidades particulares de los ciudadanos en cada territorio. Sin embargo, hay un gran margen de mejora en términos de convergencia, de cohesión y de sinergia, lo que requiere desarrollar medidas diligentes desde ámbitos como, por ejemplo, el modelo de financiación. El sistema sanitario debe serlo para todos y contar con todos sus agentes. Debe estar orientado a los ciudadanos y pacientes, y la financiación no solo debe ser suficiente, sino que debe ser evaluada, como deberían serlo todas las políticas y uso de recursos públicos.

En este contexto, ¿qué papel ha tenido el CISNS y qué papel debería desempeñar a futuro?

El Consejo Interterritorial ha intentado ser útil para equilibrar la toma de decisiones en todo el SNS y buscar la cohesión y la equidad, pero hay un consenso en reconocer que, como país, no hemos logrado articular entre todos un sistema sanitario público adecuadamente coordinado y armónico. Entre otras cosas, porque resulta muy difícil hacer operativos instrumentos legales y materiales basados en el principio de unanimidad establecido legalmente para la toma de decisiones en el Consejo Interterritorial del SNS, como se ha puesto de manifiesto durante la pandemia de COVID-19. Debería adaptar su funcionamiento y reglamento, que data del año 2003, a lo planteado en la Ley 40/2015 para las conferencias sectoriales, a la que está sujeto.

Al igual que el Pacto de Toledo, ¿por qué en estos años no hemos logrado el ansiado Pacto por la Sanidad?

O los Pactos de la Moncloa… Desde el Partido Popular llevamos años trabajando, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, para hacer factible el gran acuerdo, siendo la ocasión más reciente la que representa nuestra propuesta, durante la pandemia de COVID-19. Desgraciadamente existe una creciente polarización, no todos tienen la misma voluntad ni una predisposición tan orientada a conseguir dicho pacto, y hay quien todavía, a estas alturas y a pesar de la compleja situación del sistema sanitario, no es capaz de dejar a un lado sus intereses partidistas para hacerlo posible.

Otro de los logros ha sido sacar adelante, entre todas las administraciones, la historia clínica digital y la tarjeta sanitaria, ¿qué ha supuesto este hito de interoperabilidad?

La digitalización y la incorporación de todo tipo de avances tecnológicos han sido positivas en términos de seguridad y de agilidad en el acceso, por ejemplo, a un diagnóstico precoz en todo el SNS. Sin embargo, los progresos en este ámbito deberían ser mayores a estas alturas y espero que los fondos europeos Next Generation posibiliten, de verdad, avances determinantes y tangibles en este ámbito. Con todo, aun estamos lejos de conseguir un SNS armónico al que el paciente pueda acudir en las mismas condiciones con independencia de su lugar de residencia.

Asimismo, una de las palabras más repetidas en los últimos años, sin duda, es “sostenibilidad”, ¿cómo se ha adaptado el sistema con una población envejecida, que supone un mayor gasto y una menor fuente de ingresos? ¿Y cómo influye en esto la falta de una financiación finalista?

Nuestro sistema sigue orientado a la patología aguda mientras la realidad se caracteriza por las patologías crónicas, la pluripatología, la fragilidad, la dependencia… El modelo de financiación del SNS está pendiente de renovación. Esta actualización debe conllevar más fondos y una gestión óptima de los mismos (de todos los recursos disponibles) para poder maximizar resultados, principalmente en términos de salud. Sin embargo, de acuerdo con lo reflejado en el ‘Programa de Estabilidad 2022-2025’, el Gobierno prevé reducir el porcentaje de PIB invertido en Sanidad al 6,7 por ciento y así será imposible progresar y que esa inversión tenga carácter transformador. En cualquier caso, es imperativo la evaluación de esa financiación y un sistema de transparencia a todos los niveles.

Una de las necesidades ha sido racionalizar el uso y el gasto en medicamentos. ¿Cuáles cree que han sido las medidas más destacadas a este respecto?

Creo que uno de los mayores hitos fue el que impulsamos con la adquisición de los tratamientos innovadores frente a la Hepatitis C. El entendimiento con la industria fue crucial para, desde la aplicación combinada de fórmulas como el precio-volumen, el riesgo compartido, el techo de gasto… poder tratar a más de 140.000 pacientes. Es un modelo para imitar. Pero la medida singular más relevante fue la firma del convenio de colaboración por el acceso y la sostenibilidad que establecimos entre el Gobierno y Farmaindustria basado en un protocolo de colaboración suscrito en noviembre de 2015. Su objetivo principal era conciliar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas del SNS en condiciones de equidad, y sostenibilidad. A la vez, constituía un instrumento de control eficaz de la inversión pública en medicamentos, ya que, si el crecimiento del gasto público en fármacos originales superaba el de la economía española, la industria se comprometía a realizar compensaciones monetarias. Lamentablemente, ese convenio ya no se ha renovado.

Pese a estas medidas, ¿valoramos lo suficiente que en solo unos años hayamos hecho realidad la inclusión de innovación terapéutica, como la terapia génica?

En Sanidad, y más cuando se trata de una innovación con la que curar y/o ganar salud, bienestar y años de vida, nunca es, ni será, suficiente. Siempre querremos más innovaciones y cada vez más efectivas al alcance de todos con independencia de dónde vivamos. Esto requiere más I+D+i que únicamente será posible con la generación de sinergias y la suma de voluntades e intereses entre todos los agentes que conforman el sector salud. Todo ello es especialmente acuciante teniendo en cuenta que es imprescindible una evolución hacia un sistema abierto y promotor de la innovación y el desarrollo, que no solo se oriente hacia las tecnologías de la información, sino también hacia la Medicina Personalizada de Precisión.

En esta línea, ¿han mejorado las fórmulas de colaboración público- privada?

No lo suficiente, ni en el ámbito concreto de la Farmacia, ni en términos generales en Sanidad. En un ámbito en el que las necesidades son y serán siempre complejas y mayores que los recursos existentes y disponibles, solo se puede hacer frente a este desequilibrio aunando todo activo disponible, sin importar su titularidad. Creo que debe profundizarse en esta dirección, impulsando lo público, complementándolo con lo privado cuando sea necesario y velando siempre por la promoción de la salud y la prevención y un abordaje integral, multidisciplinar, personalizado y humanizado de las enfermedades. La única razón de ser del sistema sanitario es el paciente, y atenderle en las mejores condiciones y cuidar de su salud es lo que debe guiar la acción política pública.

Otro de los grandes capítulos es el de Recursos Humanos. Ahora que vuelve a estar de actualidad la reforma del Estatuto Marco, ¿cuáles cree que deberían ser las reformas necesarias para acercar las condiciones laborales de los médicos españoles a Europa?

Estamos, posiblemente, en el momento más delicado en términos de ordenación profesional de las últimas décadas. Carencia de especialistas, especialidades por desarrollar (por ejemplo, Urgencias y Emergencias), necesidad inaplazable de mejoras en atracción y fidelización de talento desde avances en estabilidad y retribución, agresiones en las consultas al alza… Es un ámbito en el que las reformas son tanto o más urgentes, si cabe, que en lo relativo a la financiación. No obstante, el Gobierno actual tampoco está respondiendo a las expectativas. Ha cambiado tres veces al director general de Ordenación Profesional desde junio de 2018, generando inestabilidad; no da cumplimiento a los acuerdos suscritos por el Gobierno con los sindicatos en marzo de 2017 y marzo de 2018; no ofrece soluciones útiles y consistentes para las 218 plazas de formación sanitaria especializada en Medicina vacantes este año; no resuelve solicitudes de los profesionales como el reconocimiento de la profesión de riesgo, la elección de plaza MIR en tiempo real, la flexibilización de las jubilaciones… Es decir, no trata a los profesionales como el principal activo del sistema sanitario que son. Así no es de extrañar que la Organización Médica Colegial emitiese 4.130 certificados de idoneidad a médicos para trabajar en extranjero en 2021, todo un récord acrecentado, todavía más, por el hecho de que Medicina de Familia fue “la especialidad que más certificados solicita”.

En el caso concreto de la Atención Primaria, ¿qué papel ha tenido en el mantenimiento del SNS y por qué parece que está siempre relegada a un segundo plano en la agenda política?

Primaria ha sido, es y será cardinal para posibilitar un funcionamiento óptimo del SNS, pero nunca podrá desarrollar todo su potencial si su situación no se mejora en términos generales, especialmente desde el prisma de la financiación y de su capacidad resolutiva real. El plan de acción impulsado por el Gobierno en octubre del pasado año ha disgustado a los profesionales, especialmente a las sociedades científicas del primer nivel asistencial y a los sindicatos, que los consideran insuficiente a todas luces. La crítica situación que atraviesa la Atención Primaria en España, evidenciada y potenciada por la COVID-19, exige medidas precisas, consensuadas con los propios profesionales y adecuadamente financiadas a corto, medio y largo plazo. No obstante, como llevamos viendo desde junio de 2018, y especialmente en Atención Primaria, este Gobierno no es capaz de ir más allá de los anuncios grandilocuentes y las notas de prensa.

Por último, ¿qué papel cree que han tenido publicaciones como la Revista EL MÉDICO para la divulgación de la actualidad sanitaria?

Su revista ha sido uno de los referentes de la información sanitaria en las últimas décadas, y ha servido a todos los agentes del sector para conocer la actualidad del SNS. Hoy en día lo sigue siendo y estoy convencido de que seguirá siendo así muchos años más