Que la gestión sanitaria es clave en el Sistema Nacional de Salud del futuro, pero también del presente, es innegable. Y que dicha gestión debe llevarse a cabo aportando valor es fundamental. Para ello, debemos recoger resultados en salud, pero también en eficiencia, transformar esos resultados en conocimiento y tomar decisiones y planificar en base a los mismos. Estos datos deben estar acompañados de una correcta arquitectura y definición para que podamos transformarlos en información y conocimiento, que nos ayude a tomar mejores decisiones clínicas y económicas y anticiparnos a los acontecimientos.

Todo ello debe aportar, además, agilidad en la toma de decisiones, apoyada en información que tenga un origen técnico, pero también producto de la incorporación de la opinión de los pacientes en la definición de los objetivos y resultados que buscan nuestras intervenciones.

En la transformación que el sistema sanitario necesita, la transformación y evolución del modelo de atención sanitaria son prioritarias. Dicha transformación debe realizarse incluyendo el enfoque estratégico, de planificación, con perspectiva de medio-largo plazo y con la perspectiva de las necesidades y opinión al respecto de los pacientes.

Las medidas concretas para ese modelo de atención sanitaria pasan por el desarrollo de la integración sociosanitaria de forma global y eficiente, la potenciación de la continuidad asistencial y la organización por procesos y en torno al paciente. Para ello se debe potenciar de la transversalidad, a través de procesos centrados en el paciente y en el liderazgo de las especialidades más generalistas (Atención Primaria, Medicina Interna, Geriatría, Pediatría, etcétera), que acompañen al paciente al destino más apropiado en cada momento. E instaurar la individualización, de la mano de la progresiva hiperespecialización técnica y de un profundo respeto a las decisiones de los pacientes y una adaptación de los procesos asistenciales, tratamientos a sus necesidades físicas, biológicas, emocionales y sociales. Y desde el principio fundamental de la equidad en el acceso a los procesos asistenciales e innovación tecnológica y terapéutica.

Entre otras medidas, el modelo de atención sanitaria requiere de la implementación estratégica y estandarizada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para aportar eficiencia y mejorar la calidad de vida del paciente, de la humanización de los procesos asistenciales con un enfoque integral, multidisciplinar y estratégico, del empoderamiento del paciente e implicación del mismo en la toma de decisiones y materializar la participación ciudadana en el Sistema Nacional de Salud, de la evaluación de procesos por resultados en salud y económicos, de la promoción de planes integrales de listas de espera.

Mención especial requiere la atención a la cronicidad en el modelo de atención sanitaria que el Sistema Nacional de Salud requiere. En este apartado, se deben estandarizar los modelos de atención a la cronicidad con un planteamiento estratégico, implementando la Medicina Preventiva y de la educación para la salud desde la infancia para la prevención de enfermedades crónicas prevenibles y/o de complicaciones en personas que ya padecen alguna enfermedad crónica. Para ello, es necesario la promoción de la labor y el rol de la Atención Primaria y la Enfermería y la evolución de los sistemas sanitarios y centros asistenciales desde la atención a agudos a la atención a crónicos. En definitiva, dotar de los recursos necesarios a la Atención Primaria y reforzar su papel -fundamental- en el sistema sanitario es prioritario.

Por otra parte, la integración-coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales debe ser una realidad. Prevenir y asistir las condiciones de salud que pueden deteriorar la situación social y, al revés, prevenir y atender las condiciones sociales que pueden empeorar la salud, prevenir las situaciones de dependencia y fragilidad y potenciar las capacidades personales y sociales para alcanzar el bienestar y afrontar la vida cotidiana, son solo algunos de los objetivos de la coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. No obstante, esta cuenta con diferentes barreras, entre las que destacan la falta de presupuestos conjuntos y de estructuras y equipos de gestión integrados. Dichas estructuras deben contar con equipos profesionales inter interdisciplinares y de base comunitaria, constituidos por profesionales de Atención Primaria y de los servicios sociales comunitarios o de atención básica. Otras barreras son: la ausencia de instrumentos de valoración y objetivos comunes entre profesionales de los dos sectores, de formación conjunta, la no definición de competencias profesionales ni de funciones y la falta de sistemas de información comunes, en los que confluyan la historia clínica y la social.

Desde la mesogestión, en las organizaciones sanitarias -haciendo hincapié en este marco en los centros asistenciales- se requiere el impulso del buen gobierno. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gobernanza en el ámbito sanitario se refiere a “la participación de actores a los cuales les concierne la definición e implementación de políticas, programas y prácticas que promueven sistemas de salud equitativos y sostenibles”. Para ello, la información debe ser relevante y fácilmente accesible para los políticos, gestores, profesionales sanitarios y el público general. A todos los niveles, el buen gobierno sanitario requiere transparencia, responsabilidad e incentivos para promover la participación.

En 1997 en España, el Acuerdo Parlamentario de 1997 para la Reforma y Modernización del Sistema de Salud concluyó con la necesidad de dotar de mayor autonomía de gestión a los centros sanitarios, recomendando la configuración de centros asistenciales como organizaciones autónomas. Para la viabilidad de esta mayor autonomía, se deberían haber puesto en marcha diferentes medidas, como los incentivos por actividad y por objetivos, que no se han implementado. Y es que la excesiva politización de la administración es un elemento responsable del desgobierno. En definitiva, la incidencia del Acuerdo Parlamentario del 1977 ha sido muy limitada.

No obstante, la autonomía de gestión ha hecho posible la flexibilidad en la reorganización de los Recursos Humanos y procesos asistenciales, y la agilidad en la toma de decisiones durante la primera ola de la pandemia por la COVID-19. Dicha autonomía de gestión debe estar basada y fundamentada en el buen gobierno y, para ello, es clave implementar indica[1]dores de gobernanza en los contratos de gestión, la publicación de resultados de gestión sanitaria, basados en resultados de salud y de eficiencia y que la profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria sea un hecho, mediante la acreditación de competencias, procesos de selección objetivos y transparentes y el reconocimiento de la carrera profesional de los directivos de la salud.

Como líderes de las organizaciones sanitarias, los directivos de la salud gestionan equipos, frecuentemente grandes en número y siempre grandes en talento. Y es que los profesionales -sanitarios y no sanitarios- son la piedra angular del sistema sanitario. Como tal, deben contar con planes de incentivos centrados en desarrollo profesional, formación e investigación, así como económicos cuando sea posible. Ello conlleva también la necesidad de definir los perfiles profesionales e itinerarios de formación y desarrollo profesional, desarrollar planes de formación transversal, sin dejar de lado la formación y capacitación especializada necesarias, y establecer acuerdos de gestión clínica, que materialicen la corresponsabilidad de los profesionales sanitarios.

Otro punto fundamental y sobre el que se ha hablado mucho en la última década es la necesidad de la transformación digital en el sistema sanitario. No obstante, la falta de estrategia, planificación e inversión en este aspecto ha impedido que se desarrolle de forma global y estratégica. La pandemia ha acelerado la implementación de dos de las líneas de esta transformación: la telemedicina y el teletrabajo. Este puede ser un punto de inflexión para el avance en este sentido, pero sigue siendo necesarias la estrategia, la planificación y la inversión, algo que debe liderarse desde la administración central en coordinación con las comunidades autónomas e implicando a todos los agentes del sector sanitario. Un avance que pasa, inicialmente, por el análisis y desarrollo de la infraestructura necesaria, cómo aprovechar la infraestructura existente por trabajar para la mejora en la calidad y eficiencia de las tres capas tecnológicas (almacenamiento, procesamiento y análisis) y unos sistemas informáticos sólidos que trabajen desde una apuesta estratégica desde la administración y la gestión sanitaria.

El primer paso es realizar análisis de situación desde el punto de vista tecnológico y de los sistemas de información para conocer la realidad y las necesidades. Asimismo, es fundamental incluir indicadores en los contratos de gestión relacionados con la implementación del data analytics, la telemedicina, el teletrabajo, etcétera, llevar a cabo acciones concretas de formación e implicación en la toma de decisiones dirigidas a los profesionales sanitarios, hacer factible la interoperabilidad de los sistemas informáticos y la historia clínica y establecer el desarrollo de la planificación sanitaria basada en el Big Data y la Inteligencia Artificial.

Debemos ver el sector de la salud como un motor impulsor de la economía de nuestro país y, como tal, a su vez requiere de una importante inyección económica. Por una parte, debemos dirigir más inversión a la investigación sanitaria y, por otra parte, es necesario revisar la financiación del sistema sanitario.

Así, aunque España está entre los 10 países del mundo con mayor número de publicaciones científicas, nuestro país es el número 24 de los 28 países que conforman la Unión Europea en solicitudes de patentes, con apenas 3.000 al año, el 0,7 por ciento de todas las que se solicitan. Estos datos ponen de manifiesto la desconexión entre la innovación científica y el entorno empresarial. Algunas medidas para mejorar esta situación e impulsar la investigación son el desarrollo de políticas de incentivación de la inversión en I+D+i dirigida a salud por parte de todas las empresas (del sector o no); la gestión efectiva del trabajo en red para la investigación y transferencia del conocimiento e incentivar la participación de los profesionales sanitarios; facilitar la realización de investigación clínica como un objetivo de la gestión sanitaria, en el marco del RD 1090/2015; la gestión estratégica de la traslación entre investigación básica y clínica y el impulso de políticas de patentes, y el desarrollo de proyectos donde sector público y privado aúnen esfuerzos y recursos en investigación.

Respecto al apartado de financiación, España había presupuestado el 5,9 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) para 2020, si bien, debido a la crisis sanitaria, las cuentas se pospusieron al año 2021. Este porcentaje, que era del 6,77 por ciento en 2009, dista en la actualidad 1,5 por ciento de la media europea, estimada en el 7,5 por ciento del PIB. No obstante, el Ministerio de Sanidad incrementó el presupuesto dirigido a Sanidad para este año hasta el nivel previo a la crisis de 2008, el 7 por ciento del PIB.

Junto con el incremento de la inversión en Sanidad, se requiere el análisis de la necesidad de financiación en los próximos años y realizar previsión y planificación estratégica de la inversión necesaria. Ello debe ir acompañado de la eliminación de bolsas de ineficiencia y reinversión en lo verdaderamente eficiente, de la coordinación y consolidación de la labor de una única agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, del desarrollo de nuevas formas de pago a proveedores, de la gestión estratégica de la colaboración público-privada en todos los sentidos y del desarrollo de la contabilidad analítica.

Otro punto esencial en el Sistema Nacional de Salud es el refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica y los sistemas de Salud Pública, un apartado que supone solo el 1 por ciento del gasto sanitario público. En 2011 fue aprobada la Ley General de Salud Pública, que ningún gobierno ha desarrollado y, de hecho, durante muchos años se ha contado con una Salud Pública infradotada, abandonada y descapitalizada. Sin duda, el refuerzo de la Salud Pública y la vigilancia epidemiológica requiere, más allá de la puesta en marcha de un Centro Estatal de Salud Pública, construir y poner en marcha un plan de desarrollo en el ámbito nacional pero también en el ámbito autonómico.

Desde SEDISA, impulsamos la transformación y evolución del sistema sanitario hacia la calidad y la eficiencia a través de la profesionalización de los directivos de la salud y la gestión sanitaria. y ello pasa por líneas de trabajo que son estratégicas en el fomento de dicha profesionalización, como el reconocimiento social y profesional del directivo, conseguir la certificación de las competencias directivas y la existencia de un grado de Gestión Sanitaria. No podemos olvidar, en este sentido, que también la gestión sanitaria salva vidas.