Con el objetivo de afrontar la crisis sanitaria provocada por la extensión del virus COVID-19 en España y ante la necesidad acuciante de contar con más profesionales sanitarios, desde el Gobierno se ha tomado la decisión de incorporar al Sistema Nacional de Salud a 200 profesionales sanitarios extranjeros pero con residencia en España.

Para cumplir este objetivo, se ha priorizado permisos de residencia y trabajo, la homologación de títulos o el reconocimiento de competencias profesionales, para dar una respuesta inmediata en un momento de máxima exigencia y alta demanda de estos perfiles en el mercado laboral.

Así, para esta contratación, se ha elaborado un nuevo protocolo de coordinación entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Sanidad que permite un intercambio de información, consulta y resolución efectiva para la puesta en marcha de la medida.

Una decisión consensuada

De esta forma, las medidas han sido puestas en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Política Territorial y Función pública, dentro de una acción urgente coordinada para incrementar el número de profesionales sanitarios extranjeros en disposición de trabajar con carácter inmediato.

En concreto, han impulsado los mecanismos de agilización administrativa previstos en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que permiten priorizar, motivadamente, los expedientes administrativos de autorización de residencia y trabajo que afectan a trabajadores de un sector esencial ante la emergencia sanitaria, y conforme a los criterios fijados en el Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se establece el estado de alarma.