Este no ha sido un verano “normal”. No lo ha sido para la población, que ha vivido entre el miedo y la incertidumbre a como el coronavirus podía afectar sus vacaciones, si es que las tenían. Tampoco para las autoridades sanitarias, que pese a disfrutar de días libres, han tenido que seguir de cerca la evolución de la pandemia. Pero sobre todo no lo ha sido para los profesionales sanitarios, que después de meses de estrés tampoco han podido vivir del todo eso de la “nueva normalidad”.

Sin duda, la Sanidad ha seguido siendo el centro de la actualidad durante los meses de verano. Tras el descenso de los casos, llegaban los primeros rebrotes y con ellos la nueva toma de decisiones y la creación de nuevos debates. Todo ello hasta admitir que ya ha empezado una posible segunda ola.

Un aumento constante de cifras

A finales de agosto, ya se habían registrado más de 420.000 contagios acumulados por coronavirus en España desde el inicio de la pandemia. De los mismos, durante la semana 33 del año, es decir, del 10 al 16 de agosto, se habían contabilizado 34.367 casos. Cerca de 29.000 fallecimientos se habrían producido a causa del coronavirus.

La realidad es que, si las cifras de contagios disminuían el pasado mayo, estas volvieron a crecer exponencialmente desde finales de julio. Si bien al principio se trataba de rebrotes controlados, poco a poco se comenzaron a dar situaciones de transmisión comunitaria. De esta forma los expertos ya comenzaron a hablar de una posible segunda ola.

Así lo admitía Pedro Sánchez a su vuelta de las vacaciones, en el Consejo de Ministros del 25 de agosto. En concreto, el presidente del Gobierno declaraba que, si bien la evolución de la pandemia es preocupante, no toda España estaba en la misma posición. De esta forma destacaba que la situación era peor en algunas autonomías, mientras que otras habían contenido el virus de manera “más eficaz”.

Sobre las causas del gran aumento de casos en las últimas semanas, señalaba que era “evidente” y “público” que se debían principalmente a las reuniones familiares y que muchas estaban vinculadas al ocio nocturno.

Por su parte, Fernando Simón, director del CCAES, en su rueda de prensa del 21 de agosto, insistía en que las cifras podían ser similares a las de marzo, pero la situación era diferente. “Las características de los casos y la sobrecarga del sistema son diferentes, pero estamos teniendo una transmisión importante”. Pese a ello, el experto concluía que “a medida que suben los casos, se irán incrementando los hospitalizados. Acabaremos teniendo muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos. Por favor, que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga”.

Finalmente, Pedro Sánchez dejaba claro que su intención era que no fuera el Gobierno central, sino los autonómicos, los que pidan la declaración del estado de alarma territorializado si lo consideran necesario para afrontar la pandemia. Además, anunciaba la disposición para las comunidades autónomas, “sobre todo en aquellas con más dificultad”, de 2.000 militares para labores de rastreo de contactos de positivos con COVID-19.

El debate sobre el liderazgo

De hecho, uno de los grandes temas de debate del verano era de quién debía ser el liderazgo de la situación sanitaria. La controversia sobre el sistema autonómico y las competencias en Sanidad siempre ha estado encima de la mesa, pero la situación lo volvía a poner en el foco de la actualidad.  Si al principio de la crisis parecía existir una crítica al Gobierno por centralizar el mando sanitario, una vez que acababa el Estado de Alerta y la situación volvía a la normalidad, parecía que también existían críticos respecto al mando autonómico y pedían una mayor intervención del Estado.

Por ello, pese a que las decisiones más importantes se tomaban desde cada autonomía, Pedro Sánchez se reunía por videoconferencia con Fernando Simón y Salvador Illa el 19 de agosto. Tras esta reunión el Ejecutivo afirmaba estar realizando la vigilancia de la aplicación de las normas acordadas para el control de la pandemia.  Así, desde Moncloa se insistía en que el Plan de Respuesta Temprana se estaba aplicando “y está funcionando”, si bien “es absolutamente imprescindible aplicar con rigor las medidas acordadas por el Gobierno y todas las comunidades autónomas”.

Sánchez hacía referencia, en concreto, al “Plan respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19”. El borrador del mismo era presentado por el Ministerio de Sanidad a las Comunidades Autónomas en la primera quincena de julio.  El objetivo de dicho plan era el de tener preparadas una serie de medidas para controlar una posible segunda ola de la pandemia. Para ello, plantea reducir el impacto de la pandemia mediante el fortalecimiento de intervenciones rápidas, oportunas y eficaces. Al mismo tiempo, preparar las capacidades de España frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda ola de transmisión de SARS-CoV-2.

Pese a estas medidas, preocupaba la falta de expertos para la valoración de las mismas. Sobre todo, tras conocerse a finales de julio que no había existido como tal un comité de expertos en el asesoramiento de las medidas de desescalada.

Ante esta información y el progresivo aumento de casos, a finales de agosto el Foro de la Profesión Médica reclamaba “un verdadero comité de expertos”, uniéndose en este reclamo al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) y otras sociedades (SEPAR, SEMES, SEMI, SEIMC, SEMG, SEMERGEN, SEMFYC, SEDAR y SEMPSPH). Todo ello con el objetivo de volver a tomar medidas comunes para todo el territorio nacional ante la preocupante situación por el aumento de contagios por COVID-19.

Para el mismo reclamaban su formación con profesionales de reconocido prestigio. “Tienen que representar a toda la profesión. Es necesario enumerar las directrices de actuación en esta posible nueva crisis. También se debe primar la coordinación y actuación conjunta de todas las administraciones en la aplicación de esas directrices, que deben ser asumidas y aplicadas por todos de igual modo”.

No obstante, en la búsqueda de un nuevo consenso, el Consejo Interterritorial se reunía el 14 de agosto y aprobaba una serie de medidas conjuntas para todo el territorio. En total se trataba de una batería de once medidas y tres recomendaciones. La más destacada y polémica era la de prohibir fumar en la vía pública o al aire libre. Dicha indicación incluía tanto cigarrillos como cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco. La prohibición también se limitaba a aquellas circunstancias en las que sea imposible guardar dos metros de distancia de seguridad.

Pese a ello, la justicia echaba atrás la aprobación de estas medidas en algunas comunidades, como era el caso de la prohibición de fumar en espacios públicos en la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, la falta de decisiones unificadas también preocupaba especialmente ante la cercanía de la vuelta al cole y lo que esto podría suponer en el aumento de casos. Así, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) elaboraba una propuesta con recomendaciones para el regreso a la escuela presencial y para la coordinación entre los colegios y los centros de salud.

El análisis de la inmunidad

Para conocer la evolución de la pandemia, otra herramienta fundamental ha sido seguir trabajando en el estudio de seroprevalencia ENE-COVID. Tal y como daba a conocer a mediados de julio la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti: “Vamos a continuar monitorizando la pandemia. Hay muchos indicadores que se van a seguir utilizando”. En concreto, se adelantaba que el mismo tendría nuevas oleadas en otoño y primavera. “Teniendo en cuenta toda la información recabada en las tres primeras oleadas del Estudio Nacional Epidemiológico, estamos trabajando ya en la siguiente. Es algo que nos falta por consensuar, pero ya está sobre la mesa la idea de realizar una nueva ronda en otoño, en octubre, con los mismos participantes”. La idea, así, era la de repetir el análisis cada tres meses, a principios de febrero y en el mes de mayo próximos.

Cabe recordar que el estudio de seroprevalencia ENE-COVID, elaborado por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE), con la colaboración de las comunidades autónomas, finalizaba la primera semana de julio.

La conclusión final del mismo era que el 5,2 por ciento de la población española había padecido la COVID-19 y presentaba anticuerpos IgG. Entre otras conclusiones, se determinaba que, entre los profesionales sanitarios, presentaba anticuerpos el 10 por ciento de los mismos. La cifra era del 7,7 por ciento entre los que trabajan en residencias de ancianos. Asimismo, existía bastante variabilidad geográfica en el porcentaje de seroprevalencia. Algunas provincias se situaban en un 2-3 por ciento, mientras que otras superaban al 10 por ciento.

Otro de los datos destacados era que, de entre los resultados de la primera oleada a la tercera, el 14 por ciento se habría seronegativizado. Es decir, que tuvieron anticuerpos y ya no los tienen. La “pérdida” de los anticuerpos fue más frecuente en personas que no habían tenido ningún síntoma.

La inmunidad de la población, por tanto, seguía por tanto siendo uno de los temas calientes. Según un sondeo coordinado por el Centro Nacional de Epidemiología el 70 por ciento de los españoles se vacunaría contra el coronavirus. Y es que, ante la falta de medicamentos eficaces, toda la esperanza sigue estando en la búsqueda de una vacuna.

No obstante, a finales de agosto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informaba de que las existencias del antiviral remdesivir, el único medicamento antiviral contra la COVID-19, estaban próximas a agotarse, a la espera de un próximo envío. Mientras tanto, España se esforzaba por asegurar su suministro de vacunas. En concreto, la Comisión Europea negociaba a finales de agosto la compra centralizada de la vacuna de AstraZeneca, desarrollada por investigadores de la Universidad de Oxford. España, junto con otros Estados miembros, se sumaba a la compra de esta vacuna. El reparto se realizará de manera equitativa entre los países acorde a su población, según informaba el Ministerio de Sanidad.

La polémica de los MIR

No todas las noticias relacionadas con Sanidad han tenido que ver con el coronavirus. De hecho, durante el mes de julio, ante una situación de nueva normalidad, los médicos residentes cobraban protagonismo al reclamar una mejorara de su situación, que había sido especialmente crítica durante los peores meses de la pandemia.

A este respecto, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ante las diferentes iniciativas y movilizaciones convocadas por los médicos residentes, mostraba su apoyo a las mismas.  También a la huelga de los residentes en Madrid. Para ello pedían a las autoridades que reconocieran la labor de los médicos residentes españoles. Si los mismos ya atravesaban una situación precaria, muchas veces denunciada, esta se había visto complicada por la situación de crisis sanitaria. Asimismo, denunciaban la falta de diálogo de la Administración con los médicos residentes.

Finalmente, el 31 de julio el Comité de Huelga de Médicos Internos Residentes decidía desconvocar la movilización que pensaba celebrar en la capital. Se trataba de un gesto de buena voluntad ante la favorable evolución del proceso de negociaciones con el Ejecutivo regional.  Desde la Consejería de Sanidad insistían por su parte en el avance en aspectos de mejora en la jornada, organización, formación y también algunos aspectos retributivos.

Por otra parte, también surgía debate en torno a la asignación de las nuevas plazas MIR, que inicialmente se planteaba de forma virtual y finalmente se producía de forma semipresencial. Así lo dictaba a finales de junio la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que suspendía cautelarmente la obligatoriedad de adjudicación de las plazas MIR por vía telemática y ordenaba al Ministerio de Sanidad que adoptase las medidas necesarias para que pudiera hacerse de forma presencial.

Respecto a las plazas adjudicadas, un año más se agotaban en primer lugar las especialidades de Dermatología con 108 plazas adjudicadas y Cirugía Plástica, que terminó de adjudicar sus 41 plazas el segundo día por la mañana.

En estos dos primeros días de elección de plazas MIR, el mayor número de plazas adjudicadas corresponden a Cardiología (131), Anestesiología y Reanimación (115), Dermatología (108) y Pediatría (104). Le siguen Aparato Digestivo (78), Medicina Interna (73), Obstetricia y Ginecología (63). Terminan la lista Cirugía Ortopédica y Traumatología (58), Neurología (51), Oftalmología (49) y Radiodiagnóstico (44). Madrid era la Comunidad con el mayor número de plazas elegidas (389) en las dos primeras jornadas. Le seguían Cataluña (188), Andalucía (146), Comunidad Valenciana (141) y País Vasco (65).

La situación de los sanitarios

No solo los residentes reclamaban mejoras. Durante el mes de julio también se daba a conocer que el Gobierno francés dedicaría un total de 8.100 millones de euros a una subida salarial y a la creación de empleos de profesionales sanitarios. Ante estas medidas, los sindicatos españoles pedían tomar ejemplo en España. Especialmente teniendo en cuenta el sobreesfuerzo realizado por los sanitarios durante la pandemia. En concreto, el Sindicato de Enfermería (Satse) reclamaba al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que impulsara un acuerdo con las consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas.

En la misma línea, desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se aprobaba por unanimidad la ejecución de acciones concretas, en el caso de que en el otoño siguieran sin reconocerse algunas de las reivindicaciones clave. Así advertían de un posible ‘otoño caliente’ si seguían sin verse plasmadas algunas de las exigencias para dignificar su desempeño profesional.

No obstante, como recordaba en un informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, a principios de julio, aún existen diferencias retributivas entre los médicos de atención hospitalaria en 2019. El resumen de este informe era que las retribuciones en general son bajas y que las diferencias entre los Servicios de Salud son muy importantes. Asimismo, los recortes para los facultativos fueron excesivos y progresivos. Por otra parte, las subidas están siendo lineales e insuficientes.

Igualmente, el Foro de Médicos de Atención Primaria (AP), reunido telemáticamente el 25 de junio, analizaba la situación actual de la Atención Primaria durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Según denunciaban médicos de familia y pediatras de AP existía una importante indignación “por el maltrato y abandono de la AP frente al hospitalocentrismo”. A través de un comunicado, las entidades y sociedades que forman parte del Foro consideraban que resulta “indispensable” poner en valor la Atención Primaria y darle la visibilidad que le corresponde.

La situación de la época estival tampoco ayudaba a paliar los ánimos. Como cada verano se preveía ya a principios de julio el cierre de parte de las camas de los centros sanitarios durante el verano. Sin embargo, este año preocupa especialmente el cierre de estas camas porque la COVID-19 seguía afectando a la población y se seguían sucediendo los repuntes. En concreto, el Sindicato de Enfermería Satse afirmaba que se esperaba el cierre de unas 7.000 camas. “Se ha priorizado el ahorrar dinero a costa de la salud y seguridad de ciudadanos y pacientes”, pese a que “la COVID-19 sigue entre nosotros”, exponían desde el sindicato.

Asimismo, Satse informaba de que ninguna Comunidad Autónoma contaba con suficientes camas de agudos para hacer frente a la nueva normalidad. Basándose en las indicaciones que estableció el Gobierno para abordar el proceso de desescalada, habría que disponer de entre 37 y 40 camas de enfermos agudos en sus hospitales por cada 10.000 habitantes. En su defecto, se debería tener acceso o capacidad de instalarlas en un plazo máximo de cinco días. Según estas cifras, el déficit a comienzos de verano era de 90.272 camas de agudos en el conjunto del Estado.

Este déficit se unía además a la carencia ya anunciada de camas de UCI. Un total de 36 provincias españolas que no contaban con suficientes camas, en base a los criterios ya mencionados. En este caso, se requerían un total de 2.886 camas UCI, según las estimaciones de SATSE.

Comisión de Reconstrucción

En otro orden de cosas, pero sin abandonar la política sanitaria, el 22 de Julio el Partido Popular anunciaba haber sellado algunos acuerdos en materia de Sanidad con el PSOE. Entre los mismos destacaban la creación de una Agencia Nacional de Salud. Los mismos se incluían en el documento de la Comisión de Reconstrucción en Sanidad tras la COVID, que se sometería a votación en el Pleno del Congreso.

Sin embargo, el Dictamen del Área de Sanidad y Salud Pública que finalmente se aprobaba por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados resultaba ser especialmente polémico por dos cuestiones principales. La primera por su oposición a la financiación por parte de la Industria Farmacéutica de actividades de formación sanitaria y la otra por el debate respecto a la actualización del modelo Muface.

En concreto, diversas sociedades médico-científicas y las organizaciones de pacientes se manifestaban sobre la disposición que introduce el apartado 47.2 incluida en dicho dictamen. Los expertos insistían en que no se debe estigmatizar la colaboración y el apoyo de la industria farmacéutica en materia de investigación, formación de profesionales e impulso del asociacionismo de pacientes. Esta colaboración se venía desarrollando hasta ahora bajo precisos códigos éticos y de buenas prácticas y de forma transparente, responsable, honesta, independiente, plural y con rigor científico, según los agentes sanitarios.

Por ello, apostaban porque el camino a seguir era el de avanzar en estas políticas de transparencia en la relación con la industria farmacéutica. También en códigos deontológicos y de incompatibilidades en la colaboración entre la industria y las sociedades médico-científicas y las asociaciones de pacientes.

Decisiones políticas

Pese a ser verano, dada la importancia de la actualidad sanitaria, también se produjeron incluso nuevos nombramientos. En concreto, el 4 de agosto el Consejo de Ministros aprobaba la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, en el que se nombraba como nueva secretaria de Estado de Sanidad a Silvia Calzón, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Hasta entonces ejercía como epidemióloga de Atención Primaria en el Distrito Sanitario de Sevilla.

Esta secretaria de Estado se convertía en el órgano superior del departamento, con el objetivo de mejorar la coordinación con las comunidades autónomas en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus.

“Con la creación de una Secretaría de Estado de Sanidad se ampliará su estructura de dirección de primer nivel, reforzando así el espacio de toma de decisión directiva”, señalaba en ese momento el Ministerio. Este órgano superior apoya al ministro en la comunicación de las políticas sanitarias y decisiones adoptadas, y busca “dotar de una mayor transparencia a la acción de Gobierno”. Según Sanidad, también quiere “nivelar” la interlocución del Ministerio con diferentes actores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Otra novedad presentada por el Consejo de Ministros era la regulación al acceso del título de médico especialista en Medicina Legal y Forense. En concreto, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto que establece el acceso al mismo por el sistema de residencia. Esta regulación tendrá un reflejo directo en el servicio público que se presta a la ciudadanía. La Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Legal y Forense elaborará y actualizará el programa formativo. El mismo recogerá la obligación de que los residentes realicen períodos de rotación durante dos años.