Antonio Morente. Sevilla.- El progresivo envejecimiento es una de las características de la población que más influyen en los servicios sanitarios, que poco a poco se están adecuando a una nueva situación en la que este factor propicia una mayor utilización de los recursos sanitarios debido, sobre todo, a la mayor incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas. De hecho, son numerosos los trabajos que dan por hecho que el aumento del gasto sanitario se producirá por el envejecimiento de la población y el incremento de la prestación real media, pero ahora un nuevo estudio ha determinado donde se notará esto especialmente: un aumento de las segundas consultas externas y los ingresos en urgencias hospitalarias.

El trabajo, titulado "La influencia de factores demográficos sobre la utilización de servicios sanitarios en el futuro", toma como objeto de estudio la situación que se da en la comunidad autónoma de Andalucía, cuyo perfil demográfico está en sintonía con el del resto del Estado: la población menor de 15 años ha disminuido en la última década, mientras que el porcentaje de población mayor de 65 años ha ido en aumento, con una tasa de crecimiento anual de este grupo de edad en torno al 4 por ciento.

Los autores del estudio -Antonio Clavero Barranquero y María Luz González Álvarez, del Departamento de Estadística Aplicada de la Universidad de Málaga- han seleccionado como variables para representar la prestación real media las tasas de frecuentación de consultas externas (distinguiendo entre primeras y segundas o sucesivas consultas), ingresos y urgencias hospitalarias, servicios que representan un 40 por ciento del gasto sanitario per cápita.

En el modelo teórico diseñado, se destaca que el porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años no resulta significativo en la utilización de estos cuatro servicios. Por su parte, el crecimiento del grupo de los mayores de 65 años no tiene efecto sobre los ingresos, "aunque revelan una elevada relación con las consultas externas y las urgencias hospitalarias". Para los autores, "se trata de un claro síntoma de que este grupo de población necesita de otro tipo de servicios, dirigidos a procesos crónicos de largo tratamiento".

Para compensar esta situación, se subraya que el reforzamiento de los servicios de Atención Primaria "reduce el consumo de primeras consultas externas y de urgencias hospitalarias. Un aumento de la proporción de analíticas en Atención Primaria, de revisiones o de urgencias de Atención Primaria reducen la utilización de primeras consultas externas, ingresos y urgencias hospitalarias, respectivamente, aunque también se llama la atención sobre el hecho de que "el mayor acceso a la información sobre tratamientos médicos hace cada vez más exigentes a los usuarios con respecto a los proveedores, aumentando su nivel de satisfacción cuanto mayor número de pruebas, y más sofisticadas, se le practiquen".

Así las cosas, "del análisis se desprende que el factor demográfico tendrá a largo plazo mayores efectos sobre las revisiones de consultas externas y sobre las urgencias hospitalarias", mientras que la presión sobre las primeras consultas externas ya se está produciendo y el mayor impacto en los ingresos se prevé a partir de 2007.

En cuanto a los costes, el efecto previsto del envejecimiento de la población sobre la utilización de servicios sanitarios y del aumento de los precios provocará un incremento anual del gasto sanitario per cápita que oscila entre más del 3,5 por ciento para este mismo año y un 5,6 por ciento en 2016, con picos de hasta el 6 por ciento en años como 2011 y 2014. Así las cosas, los autores concluyen que "el principal reto de los sistemas de asistencia sanitaria debe ser adaptarse a los diferentes tipos de enfermedad relacionados con la edad de los pacientes", sentido en el que mencionan el caso de Andalucía, donde en la cartera de servicios de Atención Primaria se han incluido algunos servicios específicos como atención tras el alta hospitalaria, atención a personas en situación terminal, ancianos en riesgo, residentes en instituciones y personas inmovilizadas, además de dedicar mayores recursos físicos y económicos a la potenciación de la atención domiciliaria.