El exconsejero de Salud Jon Darpón y la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, han quedado eximidos por la jueza que investiga la presunta filtración de los exámenes en la OPE de los médicos especialistas.

La titular del juzgado número 2 de Vitoria-Gasteiz que lleva la investigación ha imputado a otras nueve personas a petición de la central ESK. La decisión de la jueza se produce dos años después de la dimisión de Darpón como consejero de la Sanidad vasca.

Darpón dimitió en marzo de 2019 ante la perspectiva de que los grupos forzaran su cese con una moción vinculante en el Parlamento Vasco. La oposición tenía previsto reprobar al consejero en un pleno, y no se descartaba que dieran un paso más y activara una moción vinculante que obligara a sustituirlo

Aunque Darpón tuvo hasta el último momento el respaldo del lehendakari Iñigo Urkullu en público y en privado, dimitió para frenar ese desgaste en vísperas de las elecciones generales de abril y las municipales y forales de mayo.

El departamento de Salud vasco ha considerado que, dada la actuación de la jueza que investiga la supuesta filtración de exámenes en la OPE de Osakidetza de 2016-207, “está quedado claro” la no responsabilidad de los máximos rectores entonces” de la consejería y el Servicio Vasco de Salud.

En un acto, fechado el 1 de septiembre, ha rechazado la imputación que por ese delito solicitó el sindicato LAB para dichos mandatarios y otros cargos de Osakidetza y del Instituto Vasco de Administración Pública (IVA).

Sin responsabilidad alguna

Darpón y el lehendakari Urkullu

El exconsejero Darpón siempre contó con el apoyo del lehendakari Urkullu.

Según la instructora, estas personas “no toman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar como tal al Gobierno Vasco, a Osakidetza o al IVAP.

O bien que  se pretenda que estos organismos promueven la comisión de delitos o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas.

Por su parte, la Dirección del Departamento de Salud y de Osakidetza han mostrado este sábado su “confianza plena” en lo expresado sobre este asunto desde el primer momento.

Tanto, en junio de 2018, ante el Parlamento como ante la opinión pública en reiteradas ocasiones, tanto por los entonces consejeros de salud y la directora general ” como por la siguiente consejera y director general y los  responsables que les han sucedido.

Dato reputacional

En su opinión, “está quedando claro, dado el proceder de la jueza instructora, la no responsabilidad de los máximos rectores de entonces, en aquello que está siendo objeto de investigación".

Para el Gobierno vasco, desde el inicio, “el fin fue de proceder al desarrollo de un proceso lo más transparente y participado que contaba con cláusulas de compromiso de confidencialidad en la elaboración de las pruebas”.

Salud, además de reiterar su compromiso de colaboración con la Justicia, ha mostrado su confianza en que “el daño reputacional personal e institucional sufrido por tantas actuaciones por agentes políticos, sindicales y mediáticos, sea superado con el ejercicio siempre riguroso de la  quienes están al frente del servicio público”.

Caza de brujas

Tras conocer el auto, el PNV señaló que “el tiempo da y quita razones” y se preguntó “quién asumirá ahora las responsabilidades. No todo debería valer en política. "Quienes hicieron esta caza de bruzas con Darpón y su equipo deberán ahora asumir la máxima responsabilidad que le exigieron a él", han apuntado.

Por su parte, el portavoz del Grupo del PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha afirmado que ni el Gobierno vasco ni el PNV puede “sacar pecho” por la no imputación de Darpón y subrayó que “si hay un proceso penal abierto con 20 imputados es porque las OPEs estuvieron mal diseñadas”.

Por su parte, el sindicato LAB ha anunciado que recurrirá el auto de la jueza que exime al exconsejero vasco en el caso de la OPE de Osakidetza.

Para la central, el diseño y la planificación de la OPE, entre otras, han tenido como finalidad “perpetuar prácticas feudales irregulares y que no tienen encaje alguno con el estado de derecho”.