La financiación de los nuevos medicamentos debe basarse en conciliar el valor global que aportan a pacientes, sistema sanitario y conjunto de la sociedad. Esa era una de las conclusiones a las que se ha llegado en la II Jornada Post-Ispor sobre Nuevas perspectivas para mejorar los sistemas de salud del siglo XXI. En la misma intervenía Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, que explicaba que el auténtico valor social del medicamento innovador ha de ser tenido en cuenta por el regulador al decidir sobre la financiación pública y precio. Así exponía que “El regulador deberá analizar cuáles son los elementos de valor adicional aportado por un fármaco y, como representante del conjunto de la sociedad, decidir por cuáles de ellos está dispuesto a pagar y cuánto”.

Para ello resulta clave la  evaluación de la aportación clínica del fármaco. A este respecto, Pedro Luis Sánchez, insistía en que el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) constituye una herramienta fundamental. “No obstante, aunque su implantación está ya más que consolidada, existen posibilidades de mejora en cuanto a plazos de la evaluación, participación de los distintos agentes implicados y trabajo en paralelo con el resto de procedimientos de la evaluación económica, como el impacto presupuestario, la evaluación coste-efectividad o el impacto sobre el PIB”, argumentaba.

Análisis de los resultados en salud

En definitiva, el representante de Farmaindustria abogaba por maximizar la eficiencia económica mediante el análisis del valor que aportan los medicamentos en términos de resultados en salud y costes; profundizar en los acuerdos de riesgo compartido entre Administración y compañías farmacéuticas; emplear esquemas innovadores para la financiación de medicamentos; estudiar la llegada futura de nuevas innovaciones así como las próximas expiraciones de patentes (horizon scanning) e ir más allá del mero análisis de coste-efectividad, utilizando herramientas como el análisis de decisión multicriterio.

Igualmente, consideraba que ha llegado el momento de hacer frente a dos nuevos retos regulatorios, que son la necesidad de articular precios distintos por indicaciones y analizar mecanismos para el establecimiento del precio de medicamentos administrados en combinación.

Todo ello siempre con el fin último de conciliar el acceso de los pacientes a la innovación y la sostenibilidad del sistema sanitario, desafío con el que la industria farmacéutica está firmemente comprometida.