José García. Madrid.- Los facultativos consideran 'muy necesaria' la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, 'quizá la más importante en la Sanidad española después de la Ley General de Sanidad', cuyo trámite parlamentario ha comenzado este jueves en el Congreso. No obstante, critican que adolece del 'necesario consenso con los profesionales sanitarios'. Por ello, los médicos, a través de la OMC, han hecho llegar al Ministerio de Sanidad sus propuestas para que sean incorporadas al articulado de la Ley, aunque se desconoce qué grupo parlamentario las incorporará como enmiendas en el debate de la Cámara Baja.
Así lo ha manifestado el presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, Rodrigo Martín, que ha servido de portavoz de los facultativos sobre la Ley de Cohesión en un debate en torno a la calidad del acto médico, organizado por la Organización Médica Colegial (OMC).
'Sorprende que en temas tan importantes como la evaluación profesional, la formación, la calidad o las prestaciones no se contemple la participación de las organizaciones profesionales más integradoras de los profesionales sanitarios', ha señalado Martín, quien recordó, en alusión directa al proyecto de Ley de Cohesión, que la respuesta política es en muchas ocasiones 'lenta y condicionada' y si además no cuenta con el consenso suficiente, las dificultades para su puesta en marcha 'son más que evidentes'.
Respecto al propio articulado del proyecto de Ley, el portavoz de los facultativos se cuestionó cómo se va a lograr la igualdad de las prestaciones si cada Comunidad Autónoma tendrá su propia cartera de servicios; por qué se excluye de los órganos de control a importantes organizaciones profesionales; si están preparados los hospitales para las priorizaciones que se pretenden establecer en la AE; si soportará la economía del sistema las isocronas recomendadas y los tiempos de espera por patología; y si se harán públicos los datos de las auditorías externas para el control de la calidad de los Servicios de Salud.
Asimismo, Rodrigo Martín se mostró partidario de 'la necesaria colaboración entre médicos y farmacéuticos, de la receta electrónica y de la dispensación electrónica', pero 'no hay que olvidar que el médico es quien diagnostica y trata, y el farmacéutico dispensa'.
Otro epígrafe del articulado se refiere a la investigación, a la que Martín calificó como la 'gran desconocida' por 'la sobrecarga que representa la asistencia sanitaria sobre los recursos humanos'. Volvió a preguntarse de dónde se van a buscar recursos económicos para financiar la historia clínica informatizada, la firma profesional electrónica y la tarjeta individualizada sanitaria, de la que dijo que debe ser 'unificada para todo el territorio español'.
En cuanto a la evaluación externa de la calidad, se cuestionó si será posible la publicación de los datos para información de ciudadanos y profesionales; y respecto a los planes integrales, precisó que el articulado de la Ley indica el 'establecimiento de criterios sobre la forma de organizar los servicios para atender las patologías de manera integral' y si esto 'significa lo que parece, hemos de preguntarnos si estamos dispuestos a asumir uno de los más revolucionarios cambios en la prestación y organización de los servicios'.
De la Salud Pública, Martín dijo ser 'la eterna segundona' y de los Consejos de Participación Social señaló si se les dará utilidad o quedarán, como otros órganos de participación en algunas Autonomías, de 'puro escaparate'.
Otro de los asuntos tratados en este foro ha sido la relación entre la profesión médica y la farmacéutica. Para el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Isacio Siguero, la 'larga trayectoria de caminar juntos se está divergiendo ahora, no porque los médicos hayamos cambiado, sino por un cambio en la estrategia de los farmacéuticos'. Ha abogado por una reanudación en las relaciones 'en beneficio del paciente y de la imprescindible calidad de la atención sanitaria'.
El médico, actor principal de la prescripción
A este respecto, el profesor José Antonio González Correa, de la Universidad de Málaga, ha reincidido en que el actor principal de la prescripción es el médico, 'que es quien realiza el diagnóstico preciso y previo'. Para González Correa, se ha culpado al médico de Primaria del incremento del gasto farmacéutico, en base a conceptos economicistas, pero hay otros culpables como son la Administración sanitaria, la industria y el farmacéutico, 'quien ha aumentado su interés por intervenir en el control terapéutico del paciente y como informador del medicamento'.
Además, se refirió a la calidad de la prescripción que, a su juicio, 'está condicionada por aspectos como la formación, la propia confianza de la Administración sanitaria en el médico y el tiempo disponible para atender al paciente' y dijo que es esencial desarrollar intervenciones para mejorar dicha calidad
De cara a la Administración sanitaria, planteó evitar la dualidad de aprobar nuevos medicamentos sobre los que luego se actuará de forma punitiva; aprobar fármacos en base a una notable novedad terapéutica; impulsar una política de genéricos de calidad; mayor exigencia en el registro de genéricos; y desincentivar el uso de copias que no han realizado estudios de bioequivalencia.
Desde el punto de vista del médico, según dijo González Correa, hay que incentivar a los centros de salud, servicios y unidades clínicas cuando la prescripción se base en medicamentos que hayan sido incluidos en las guías de calidad terapéutica consensuadas; hay que premiar los programas de formación en farmacoterapéutica; hay que incluir al farmacólogo clínico en los equipos de AP; y la información y la formación del paciente evitará una automedicación irresponsable e incrementará el cumplimiento.
En cuanto al farmacéutico, precisó el experto de la Universidad de Málaga, es necesaria su colaboración con el médico de A.P. y, en el ámbito de la Atención Farmacéutica, su colaboración en programas de información y formación y la aplicación de sistemas personalizados de dosificación adaptados a cada paciente.
'Disparate, huida hacia delante de una profesión en crisis'
El más crítico de todos sobre este asunto ha sido el economista de la Salud Enrique Costas Lombardía, para quien la Atención Farmacéutica es un 'disparate, una huida hacia delante de una profesión en crisis, y como tal no puede revitalizar a esa profesión, ni ser útil a la sociedad ni integrarse en la asistencia médica pública a la que desquiciaría'. Además, como está demostrado por los ensayos clínicos, dijo, 'las intervenciones del farmacéutico han sido inútiles y no han mejorado la calidad de vida de los pacientes'.
Más concretamente, y en relación a las funciones de atención farmacéutica previstas en el plan estratégico de la Atención Farmacéutica de la Organización Farmacéutica Colegial, el farmacéutico 'actuará como un corregidor que juzga la prescripción del médico y da su veredicto'. A su juicio, el médico prescribe porque es el único que conoce el efecto del medicamento en el enfermo. Por lo tanto, la Atención Farmacéutica supone un 'absurdo control externo', que genera 'interferencias en el proceso terapéutico' y que tendría un 'coste financiero insoportable', ya que, 'según la lógica más fiable, los farmacéuticos exigirán una remuneración por su pretendido trabajo clínico y generará más gasto total'.
Para Costas Lombardía, la Atención Farmacéutica 'vicia la raíz de la asistencia interponiendo entre el médico prescriptor y el paciente la figura del farmacéutico controlador, generando en el paciente desconfianza e incertidumbre respecto al médico y al farmacéutico e interponiendo una pantalla de sospechas y recelos en la relación médico-farmacéutico que vicia el acto médico, perjudica al enfermo y daña a la asistencia sanitaria'. Asimismo, es 'irracional e ineficiente' porque no disminuye la incidencia de los problemas relacionados con el medicamento e incide desfavorablemente sobre el trabajo clínico diario. En definitiva, el farmacéutico, al realizar la atención farmacéutica, está incurriendo en 'intrusismo profesional'.