Redacción, Madrid.-Los expertos participantes en el recién celebrado Curso sobre "Situación Actual y Perspectivas de Futuro de las Personas Dependientes, enmarcado dentro del ciclo de Cursos de Verano organizados por la Universidad Complutense, en el Escorial, han concluido con la opinión unánime de que dentro de las políticas sociales de cada país se debe reconocer como reto para el siglo XXI, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, el establecimiento de un sistema de protección para las personas dependientes. Ello debe arrancar, en su opinión, con una mayor implicación de las Administraciones Públicas a fin de garantizar una serie de aspectos como la equidad de acceso y de disponibilidad de los servicios, la calidad en las instalaciones y en la prestación de la asistencia, las efectividad y adecuación de dichas prestaciones, la dignidad y aceptabilidad por parte de los usuarios y de los profesionales, y la eficiencia y coste-efectividad sostenibles.

Pero para los expertos participantes en este curso, de cuya organización también se ha ocupado la Fundación AstraZéneca, no sólo se debe tener en cuenta la opinión y acciones de las instituciones públicas, sino también del resto de los sectores implicados, ya que de esa manera, tal como se expuso, "se puede favorecer una mayor coordinación de los esfuerzos tanto públicos como privados, y más allá de cualquier tentación de ingeniería social, se podría alcanzar un objetivo fundamental, como es el de mayor autonomía y más vida independiente para quienes padecen situaciones de dependencia".

Precisamente, uno de los sectores implicados que mayormente ha mostrado su preocupación por la situación actual de la atención sociosanitaria a este colectivo ha sido el de los cuidadores profesionales, quienes han criticado la falta de personal cualificado y la insuficiente definición de una política de recursos humanos, tanto a efectos de instituciones cerradas como de la asistencia a domicilio.

Al respecto, se hizo referencia a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a que dicha necesidad debe ser cubierta a través de los correspondientes procesos formativos, tanto de los cuidadores formales, en los que se incluyen a médicos, personal de enfermería, voluntariado,… , como el de los informales, considerados éstos principalmente como el núcleo familiar.

Organización y planificación de la formación

Otro de los aspectos más relevantes sobre los que se hizo hincapié en este Curso sobre las personas dependientes, en lo que a los cuidadores profesionales se refiere, es el relativo a la necesidad de planificar la organización y la formación de éstos, teniendo en cuenta el gran cambio demográfico al que se asiste tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

Así, se destacó que entre los aspectos que debe incluir esta formación deben figurar la psicoeducación de los cuidadores y su capacidad para enfrentarse a situaciones críticas, y los conocimientos suficientes para hacer un seguimiento de la situación de dependencia, de modo que se pueda ofrecer en cada momento el apoyo necesario.

Se ofreció, además, una serie de premisas que éstos deberán tener en cuenta, tales como: que el cuidador ha de fomentar la independencia y estima del paciente; extender su ámbito de actuación también a la familia; no debe olvidar principios y valores de humanidad, solidaridad, generosidad, compromiso y honestidad; debe potenciar su capacidad de comunicación, en el sentido de entender y saber interpretar lo que siente la persona dependiente en cada momento; y por último, no olvidarse del cuidado de sí mismo, ya que el mantenimiento de su salud garantiza el desempeño de su propia tarea.

Además, se insistió en dar prioridad a los aspectos prevencionistas y a la coordinación entre la Atención Primaria y las distintas especialidades, en particular la Geriatría.

Crecimiento del gasto por este concepto

Los especialistas prevén un crecimiento considerable del gasto en términos del PIB, que, según sus cálculos, podría llegar al 4 por ciento en algunos Estados Miembros de la UE, motivado sobre todo por la creciente esperanza de vida que se registra en Europa.

En el caso de España, las estimaciones sobre la evolución de los costes por este concepto son muy dispares, si bien se calcula que podrían situarse en una horquilla de entre 1.900 y 3.500 millones de euros.

Ante esta situación, los expertos han propuesto que cualquiera que sea la metodología que se siga, tanto en España como en el resto de la U.E. se tendrá que valorar los costes a cargo de las familias, ya que, en su opinión, "con frecuencia no se visualizan pero al tiempo comportan un esfuerzo muy notable, y en algunos casos, como con las enfermedades neurodegenerativas, tendente al alza.

Además, los participantes en este seminario han recomendado no olvidar el preocupante escaso desarrollo de sistemas de control de la calidad de las prestaciones y de mecanismos que permitan una vigilancia y seguimiento de la evolución de los costes.

Del Curso, finalmente, se ha desprendido como aspecto relevante de cara a la situación de las personas discapacitadas, que en nuestro país ascienden a más de 3,5 millones, la necesidad de una regulación de la dependencia en España que evite situaciones de privilegio o de desigualdad y que tenga como base un Pacto de Estado, que dé estabilidad a los mecanismos y procedimientos de atención a las personas dependientes.