Redacción, Madrid.- Farmaindustria ha presentado ante los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía los recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos de estas autonomías para favorecer la prescripción por principio activo.
Tal y como anunciara el director general este organismo, Humberto Arnés, el pasado mes de noviembre en rueda de prensa, la Asociación reclama la suspensión o cese, con carácter cautelar, de la ejecutividad de dichos acuerdos relativos a la dispensación, financiación y precio de venta al público de las especialidades farmacéuticas por principio activo en las recetas oficiales de los servicios de salud de cada una de las citadas comunidades. Según Arnés, estos acuerdos suponen la usurpación de 'la capacidad soberana del médico de prescribir el producto que requiere cada paciente'.
Así, con fecha 19 de diciembre, la asociación presentó un recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el convenio formalizado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de fecha 27 de noviembre de 2002, por el que se fijan las condiciones de ejecución de la prestación farmacéutica a través de oficina de farmacia en Andalucía.
Igualmente, el pasado 20 de diciembre interpuso un recurso ante la misma del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra el Concierto, de 24 de octubre de 2002, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño de Salud y los colegios oficiales de farmacéuticos de la comunidad extremeña por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de oficina de farmacia y acuerdos de otras prestaciones.
Y finalmente, el pasado 31 diciembre se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el acuerdo, de 31 de octubre de 2002, entre la Consejería de Sanidad de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de esta región.
Por otro lado, Farmaindustria ha confirmado, en un comunicado oficial, la presentación de otro recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Circular 1/2002, de 25 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM) sobre ordenación de la visita médica y otras actividades de promoción de medicamentos en la red sanitaria única de utilización pública de la CAM, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad el 2 de diciembre y que entró en vigor un día después.
En dicho recurso, presentado el pasado día 10 de enero, se solicita como medida cautelar la suspensión de la ejecutividad de los artículos 2.1.3, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5; el artículo 2.7; el artículo 6.1.i); artículos 7.1 y 7.4 y la Disposición Transitoria.
