El día 6 de noviembre de 1936 tomó posesión el segundo gobierno que el socialista Largo Caballero presidió durante la Guerra Civil española. Formaban parte de él cuatro ministros anarquistas y, en concreto, una mujer, Federica Montseny. Ésta iba a Sanidad y Asistencia Social, un ministerio de nueva creación, que constituía una novedad largamente anunciada por la política republicana. La Ley de Coordinación Sanitaria de 1934″aprobada a iniciativa del ministro catalán, político radical y médico de profesión, José Estadella Arno” ya había anunciado en su «Base Adicional» que en un futuro inmediato sería acometida la formación de un Ministerio de Sanidad a fin de mejorar los servicios sanitarios públicos mediante la formación de mancomunidades de municipios encargados de llevar adelante la reforma que, desde la proclamación de la II República en abril de 1931, constituía una de las asignaturas pendientes del régimen. La ley de 1934 nunca llegó a hacerse realidad a pesar del carácter crucial que su articulado tenía para el reformismo republicano y, también, para el bienestar de las clases populares o para las aspiraciones corporativas de la clase médica de toda España. Dio al traste con ella la inestable dinámica política del segundo bienio republicano y, especialmente, la posterior a octubre de 1934. La Sanidad y la Asistencial Social continuaron siendo dos Direcciones Generales del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión que no se unificarían en una nueva y única cartera hasta noviembre de 1936, cuando se responsabilizó de su gestión la militante anarquista y componente del Comité peninsular de la FAI, Federica Montseny.

El ejemplo catalán

Muy distintos habían sido el status y la organización de la Sanidad en la política catalana republicana, el marco que más directamente conocía Federica Montseny y cuya inspiración constituyó, de hecho y por numerosas razones, una de las más directas inspiraciones de su gestión. La organización de la Sanidad pública ya había sido motivo de preocupación central para la política social de la Mancomunitat “entre 1921 y 1922, el propio Estadella Arno había sido consejero de su Sección de Beneficiencia y Sanidad” y fue contemplada de nuevo en 1931-1932, en el marco de la discusión sobre las responsabilidades políticas del nuevo orden autonómico. Su reorganización se acometió a partir de mayo-julio de 1933 cuando estos servicios fueron traspasados a la Generalitat por sendos decretos. Desde enero del mismo año 1933 el médico y político catalanista Josep Dencàs ocupó una recién creada Consejería de Sanidad y Asistencia Social cuya actuación política sería refrendada, de inmediato, por iniciativas legislativas como la Llei de Bases de marzo de 1934 o las de Coordinació y Divisió Sanitària de marzo y julio de 1934, respectivamente, pero esta Consejería adquirió protagonismo nuevo en el verano de 1936 gracias al súbito incremento de las demandas sanitarias tras los combates del 19 de julio “los principales hospitales de Barcelona quedaron desbordados” y a las transformaciones sociales implícitas en el proceso revolucionario iniciado a continuación. Por añadidura, al frente de la Consejería de Sanidad y hasta junio de 1937, siempre estarían anarquistas. En septiembre de 1936 y coincidiendo con la formación del Gobierno presidido por Tarradellas el primer consejero de Sanidad fue Garcia Birlán, un militante con amplia trayectoria en el publicismo anarquista. fue substituido por Pedro Herrera, un buen amigo de Federica Montseny. y a éste lo sustituyeron José Juan Doménech, Aurelio Fernández y Valerio Mas, respectivamente. En el marco del «gubernamentalismo» anarquista de guerra, la de Sanidad siempre fue una Consejería con indiscutible protagonismo para la política anarquista de cambio revolucionario y bienestar colectivo.

Una ministra anarquista

No constan los argumentos que esgrimieron el socialista Largo Caballero y los representantes del Comité Nacional de la CNT en las conversaciones previas a la entrada anarquista en el gobierno republicano. Es evidente, sin embargo, que a la hora de ofrecerle a Federica Montseny la cartera de Sanidad y Asistencia Social influyeron a partes iguales la experiencia política catalana ya mencionada y el hecho de que estas funciones encajaran con el modelo de género que tradicionalmente les reservaba a las mujeres el mantenimiento del bienestar de los individuos en el seno de la familia. Si Largo desconfiaba de la incorporación de una mujer y, además, de que ésta fuera anarquista, no dudó en cambio respecto a que la Sanidad fuera una responsabilidad apropiada. El significado de esta decisión sería, de hecho, ampliado por el hecho de ser Federica la primera mujer que accedía en España a una cartera ministerial. En los meses siguientes a la toma de posesión habría de cimentarse además una relativamente buena relación entre ambos. Largo siempre alardearía de que entrando en su gobierno, «el anarquismo español dejaba de ser antipolítico y renunciaba a la acción directa», o sea, que él entendió el gubernamentalismo anarquista como una prueba del sometimiento libertario al leninismo socialista.

Federica, por su parte, siempre recordaría la «rígida dignidad» con que el presidente ejercía su papel.

En noviembre de 1936, Federica Montseny era una mujer de 32 años, muy familiarizada con un ejercicio quasi profesional del periodismo y la infra-littèrature militante, actividades que daban cuerpo al «grupo de afinidad» anarquista que formaban alrededor de La Revista Blanca sus padres “Federico Urales y Soledad Gustavo” y ella misma. De hecho, el prestigio de que, como publicistas anarquistas, gozaban era el que motivaba el reconocido protagonismo de los tres en el movimiento libertario catalán. Inexistente era, sin embargo, la preparación de Federica Montseny en materia sanitaria y la relativa a la asistencia social no iba más allá del discurso revolucionario que de manera global colocaba los derechos individuales en uno de los lugares más destacados del «arbitrismo» anarquista sobre cualquier plan de futura organización colectiva. La etapa ministerial de Federica fue además muy corta “5 meses tan sólo, hasta mayo de 1937” y, como es obvio, estuvo jalonada por graves problemas. Primero las graves e ineludibles demandas planteadas por una guerra civil. luego, las dificultades surgidas en el trato con la profesión médica que, desde los tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, era una de las actividades liberales más altamente politizadas. y, por último, los no siempre manejables equilibrios planteados por las situaciones de poder revolucionario “individual o grupal y, sobre todo, sindical” establecidas desde la lucha contra los militares sublevados en julio de 1936. Para hacerles frente, Federica echó mano de criterios que a veces se asemejaban al asambleísmo propio de la militancia anarcosindicalista y en otras ocasiones recurrían a decretos que denotaban intentos de “centralización”, “racionalización” e “intensificación” que su equipo consideraba indispensables para conseguir la inmediata movilización de recursos humanos y materiales. Así, procedió a la disolución de las instituciones de beneficencia, incautación de empresas y comercios farmacéuticos abandonados desde el golpe militar o a la vigilancia de los correspondientes mecanismos industriales de fabricación y distribución de medicamentos.

El organigrama ministerial que adoptó se basaba en dos Subsecretarias y sendos Consejos de Sanidad y Asistencia Social cuyo diseño se completaba con el de los correspondientes Consejos Provinciales que debían formarse en toda la España leal a la República. En todos estos niveles debían incorporarse representantes de la CNT y la UGT así como de los partidos frentepopulistas. El conjunto denotaba la influencia de los consejos revolucionarios locales y, sobre todo, la del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña. Ella misma resumiría el conjunto en un escrito publicado por la revista SIAS de la Consejería catalana de Sanidad en marzo de 1937: «Una Sanidad que previene, que sale al encuentro de la enfermedad, de la epidemia, del foco infeccioso, profiláctica antes que curativa, como una justicia racional que se adelanta al delito y lo evita, obstruyendo las causas de la delincuencia» y una «Asistencia Social que reivindica la dignidad humana y que transforma la fea y odiosa caridad oficial en restitución de lo que en salud, en bienestar, en alegría fue usurpado a los oprimidos por los privilegiados de siempre».

Sindicatos y Sanidad

Como es obvio, Federica pretendió imprimirle a su política un carácter innovador. Sin embargo, es difícil evaluarla en el terreno práctico ya que el conjunto tuvo un aire hasta cierto punto vacilante y, sobre todo, improvisado impuesto por circunstancias de todo tipo que ella misma describía como «el agobio de los problemas planteados por la guerra». Otra cosa es establecer que su diseño fue ciertamente innovador y en mucho aspectos trasgresor. En términos prácticos, acometió el trabajo con la ayuda de Mateo Baruta “un anarquista que se había ganado su confianza en los primeros momentos de la Guerra Civil” y éste se entrevistó con los Sindicatos de Sanidad de la CNT y de la UGT. A la ministra se le sugirió entonces que ofreciera la Subsecretaría de Sanidad al doctor Marañón quien, según la prensa, todavía andaba entonces haciendo declaraciones de lealtad republicana. Pero, como Federica desconfiaba de él y pretendía formar un equipo con representación femenina, el encargo lo recibió la médica ugetista Mercedes Maestre Martí. A la Subsecretaría de Asistencia Social fue la joven doctora anarquista Amparo Poch, una de las fundadoras de la asociación anarquista “Mujeres Libres”. Al Consejo de Sanidad fue Juan Morata Cantón (1899-1994), un médico andaluz que antes de licenciarse ya había sido responsable de la Mutua Obrera Sanitaria del Sindicato de Sanidad anarcosindicalista y al que la CNT apoyó entonces incondicionalmente por haber sido él quien procedió el 24 de julio de 1936 a la incautación del Colegio Oficial de Médicos de Madrid y del Círculo Mercantil, un local altamente valorado por reunir todas las características de un improvisado hospital de guerra. Junto a Morata, completaron el organigrama de la Sanidad, el catalán Josep Cuatrecasas Arumí, un joven catedrático de Botánica de la Facultad de Farmacia de Madrid que trabajó como consejero de Personal y Organizaciones Profesionales Sanitarias, y Félix Martí Ibáñez, un joven doctor en Medicina que era hijo del maestro catalán Félix Martí Alpera, afamado director de prestigiosos centros educativos municipales de Barcelona. Ibáñez Martín procedía de las Juventudes Libertarias de Cataluña. había estado en la Consejería de Sanidad como Director General y no abandonó este cargo ni tan siquiera entonces, cuando tuvo que ir a Valencia “el gobierno republicano se había trasladado a la capital del Turia en noviembre de 1937 por decisión adoptada en el primer Consejo de Ministros al que asistieron Federica y sus correligionarios, los ministros anarquistas Joan Peiró, Juan López y Juan garcía Oliver”.

Federica Montseny fue, sin duda, una ministra itinerante: anduvo moviéndose entre Madrid y Valencia porque no le agradaba dejarles a las comunistas Dolores Ibárruri y Margarita Nelken todo el protagonismo de una presencia femenina en la ya iniciada batalla de Madrid. También viajó con asiduidad a Barcelona porque allí habían quedado su familia y una hija de corta edad y, además, porque el Comité Nacional de la CNT y el Peninsular de la FAI “al que ella pertenecía desde los inicios de la Guerra” se repartían entre ambas ciudades, la capital valenciana y la catalana. A petición de Largo, también viajó asiduamente a Albacete, por cuestiones relativas a la obtención y distribución de armamento.

y, por último, le tocó asumir así mismo la representación republicana en algunas reuniones y comités internacionales. Ello no impidió, sin embargo, que acometiera iniciativas políticas importantes: ella hablaba de la creación de «Liberatorios Sexuales» para prostitutas. pero, sin duda, las dos más importantes fueron las que se relacionan con el tema de los refugiados y con la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto y los refugiados

A medida que avanzaba la Guerra, la llegada de refugiados a las principales ciudades republicanas hizo que en éstas escaseara de todo. La falta de alimentos se hizo notoriamente inaguantable e igualmente urgente fue la necesidad de encontrar acomodo para mayores y niños, así como espacios educativos que fueran adecuados para estos últimos. En noviembre de 1936, el problema de los refugiados ya se dejaba sentir en el Madrid asediado y en Barcelona, eran visibles las lamentables condiciones de la gente que buscaba amparo huyendo de la ofensiva franquista sobre Málaga. Josep Tarradellas, por ejemplo, calculó a finales de 1936 que habían llegado a Barcelona unos 300.000 refugiados y este número se incrementó vertiginosamente durante todo el año siguiente hasta casi doblar la población barcelonesa. Fuera por una cuestión o por otra, lo cierto es que la ministra no tardó en hacerle frente al problema reuniendo los servicios y el crédito que le había sido traspasado en febrero de 1937 y procediendo a estructurar la Oficina Central de Evacuación y Asistencia a Refugiados (la OCEAR). Desde mayo de 1937, ésta contó con una delegación en la capital catalana, una iniciativa que sin duda le creó a Federica Montseny múltiples problemas con Martí Ibáñez, el responsable de estos temas en el Gobierno catalán “como también hemos indicado ya”.

Quizás fuera el aborto, sin embargo, el tema más importante de la agenda política de Federica Montseny. No es que ella estuviera claramente a favor de la medida: casi diez años antes, en 1927, había escrito que una “mujer sin hijos [era] árbol sin frutos, rosal sin rosas”. Pero, sus convencimientos personales no le restaban ápice alguno a los derivados de la gravedad que un embarazo no deseado tenía para las mujeres y, sobre todo, al del lugar capital que su interrupción ocupaba en toda política sanitaria revolucionaria o, simplemente, reformista. Era prioritario, pues, crear la estructura sanitaria adecuada para que las prácticas abortivas se realizaran en condiciones médicas e higiénicas óptimas. En consecuencia, nada más llegar al Ministerio, entre noviembre y diciembre, ella y la doctora Mercedes Maestre procedieron a redactar una Ley sobre cuyo texto Largo Caballero ejerció tan ceñido control que quedó «olvidado» en el portafolios presidencial con la explícita oposición de su ministro de Hacienda: la cicatería de Negrín “que, como es evidente, era quien controlaba las partidas presupuestarias” obedecía ya a su directa inclinación por la política comunista y, también, a que prefería destinar los recursos a temas relacionados con la defensa. En consecuencia y para evitar las dilaciones, Federica Montseny recurrió al único subterfugio político posible y para ello fue, probablemente, imprescindible el apoyo de Martí Ibáñez que había redactado el decreto aprobado en Cataluña en diciembre de 1936. En un momento que nos es desconocido por ahora, ambos tomaron la decisión de extender la aplicación de la norma catalana a los diferentes centros sanitarios, dispensarios y ambulatorios que estaban bajo la jurisdicción ministerial republicana y probablemente lo hicieron mediante una orden de naturaleza interna (la Gaceta Republicana no da noticia documental alguna y, tampoco, lo hacen las historias del Derecho Penal consultadas).

De vuelta a casa

Los “Hechos de Mayo” de 1937 en la retaguardia catalana marcarían la inmediata caída del gabinete Largo y con él una nueva disgregación política de la Sanidad y la Asistencia social. Federica Montseny se quedó en Valencia encargada de temas de propaganda del Comité peninsular de la FAI. Regresó a Barcelona y marchó al exilio en enero de 1939 tan sólo unas horas antes de que desfilaran por las calles de Barcelona la tropas del ejército de Franco. Esta mujer, de cuyo nacimiento se cumple este año el centenario, siempre contempló su paso por el ministerio como el fruto de una «política excepcional» que los anarquistas tuvieron que asumir si querían participar en la dirección de la política general de la Guerra Civil española.