Mónica Martín, Madrid.- Así como la Constitución española fue el motor de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Cohesión y Calidad, la norma de 1986 "se adelantó a su tiempo con un planteamiento previsor para la creación del futuro Sistema Nacional de Salud, fundamental durante la década de los 80," y dejó abierto el camino para la futura descentralización de la Sanidad en el territorio español, según explicó Julio Sánchez Fierro, secretario de Participación Ciudadana del Partido Popular.

El ex subsecretario del Ministerio de Sanidad y miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) hizo estas afirmaciones en el taller "Una década de asistencia sanitaria", patrocinado por la Fundación AstraZéneca, en el marco del X Congreso de la AEDS que se celebra estos días en el Colegio de Médicos de Madrid.

"Hasta la Ley General de Sanidad, las normas en materia sanitaria ofrecían respuestas tardías a problemas ya existentes. Con su nacimiento, el Gobierno tuvo la capacidad de prever las futuras necesidades del sistema, y eso ha permitido que las transferencias se hayan producido de manera razonable, sin distorsiones y de forma progresiva", apostilló Sánchez Fierro.

Para este experto, la propia Constitución reconoce, en su artículo 43, el derecho a la protección de la salud y a la existencia de las prestaciones sanitarias cuyo catálogo se ha visto actualizado con la recién aprobada Ley de Cohesión, teniendo en cuenta las diferencias demográficas y los problemas de dependencia ocasionados por el progresivo envejecimiento de la población.

Mecanismos de garantía y financiación

"La Ley 16/2003 obedece a la necesidad de crear mecanismos que garanticen la solidaridad, la calidad y la equidad evitando las desigualdades asistenciales y los cambios dramáticos ante la nueva situación", concretó el miembro de la AEDS. Sánchez Fierro concluyó que "todos estos aspectos han conseguido que el sistema sanitario español no se encuentre, en la actualidad, en momentos críticos de financiación como está ocurriendo en otros países europeos como el alemán".

En este punto, el ex subsecretario de Sanidad explicó que, precisamente, el Pacto de Toledo, firmado en 1995, estableció la separación de fuentes de financiación del sistema sanitario. "La renovación de este acuerdo, este mes de octubre, ha supuesto una nueva línea de regulación en la que se tienen en cuenta la atención sociosanitaria en función de la dependencia asistencial de la población", matizó.

Sánchez Fierro cerró su presentación diciendo: "Si la Constitución fue el motor de la Ley General de Sanidad y La Ley de Cohesión y Calidad, la futura normativa europea, prevista para el 2004, contemplará la asistencia sanitaria desde una visión mucho más amplia que se tendrán que adaptar al entorno español".

La regulación de la carrera profesional

En el taller de trabajo también participó Jaume Aubía, director general de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo, que se centró en los cambios y modificaciones que supone, en este escenario, la futura Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

Para el representante de la Administración, esta norma apuesta por numerosas reformas en el desarrollo laboral de los profesionales sanitarios, ya que "es la primera ley que desarrolla el derecho constitucional de la carrera profesional, e introduce los conceptos más actuales de la definición de las profesiones existentes", subrayó. "Si el Estatuto Marco consolida la situación en la que han de desarrollarse esas carreras, la LOPS abre una puerta a su consolidación lo que nos ayudará a superar los retos sanitarios que se nos presentan", agregó Aubía.

El director de Recursos Humanos de Sanidad repasó de forma extensa las modificaciones que establece la norma e hizo hincapié en la importancia que se le otorga al sistema de formación de los profesionales, tanto en formación especializada como continua, lo que obligará a un cambio en los programas de las Facultades. También se refirió al nuevo sistema de acreditación de los trabajadores y los centros, y a la independencia en la educación profesional, "lo que dejará al margen las discusiones sobre la intromisión de la industria en esta área", dijo el representante ministerial.

Aubía destacó, además, la relevancia que otorga la LOPS al sistema de incentivo profesional. "Se va a tener como valores fundamentales la motivación del personal, su acreditación y su reconocimiento laboral", indicó tras resaltar que es la primera vez que se reconoce la existencia de la Medicina privada y se limitan sus responsabilidades y obligaciones.

Integración

Otro de los expertos que participó en esta sesión del X Congreso de la AEDS fue el magistrado del Tribunal Constitucional, Vicente Conde, quien disertó sobre la perspectiva constitucional de la cohesión territorial. Este experto en leyes dibujó el proceso que se ha seguido, legislativamente hablando, hasta llegar a la situación actual de la Administración del sistema sanitario español.

Para Conde, no hay que olvidar que nuestro país está fundamentado en el Estado como una entidad, y en las comunidades autónomas como Administraciones "independientes" que integran esa unidad "gracias al principio de solidaridad, clave en la organización de todo el sistema y que limita a que ninguna autonomía esté por encima de otra, que todas contribuyan a la financiación de la entidad para que, todas, se puedan aprovechar de los beneficios generales", explicó.

"La Ley de Cohesión es una manifestación de esa integración que atribuye al Estado la capacidad de regular las normas básicas en el cumplimiento de los deberes y los derechos constitucionales, pese a la descentralización existente. Para ello se han usado todos los mecanismos existentes de cohesión manifestados en organismos de decisión compartida como es el caso del Consejo Interterritorial del SNS", argumentó.

Desigualdades

Alfredo Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que cerró el taller de trabajo de la Fundación AstraZéneca, disintió parcialmente de esta explicación, asegurando que la mencionada Ley lo único que hace es establecer unos mínimos, lo que se traducirá en un marco de desigualdades en el momento en el que la autonomía que se lo pueda permitir establezca mejoras asistenciales importantes respecto de las demás.

"La consagración de un gran sistema sanitario ha coincidido con la fragmentación de las prestaciones de salud en las 17 autonomías, ya que esa asistencia no es de la Seguridad Social porque el Estado no tiene competencias para controlar el régimen económico de esas prestaciones", dijo el catedrático.

"A mi juicio, la legislación vigente ha concluido, en rigor, la asistencia sanitaria de la Seguridad Social que ha quedado confinada en dos baluartes: la gestión del Instituto para la Gestión Sanitaria (Ingesa), que se ocupa de las prestaciones de Ceuta y Melilla, y la asistencia sanitaria del "peculiar" Institutito Social de la Marina", concluyó Montoya.