Aunque desde hace ya tiempo y, sobre todo, desde que el pasado mes de marzo se hicieran públicas las recomendaciones del Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y Técnica, dependiente del Ministerio de Ciencia y presidido por César Nombela, que apostaban claramente por permitir estas investigaciones, empezó a vislumbrarse que el sector del Gobierno y del Partido Popular que se inclinaba hacia la opinión mayoritaria de los científicos se llevaba el gato al agua, en contra de las posiciones contrarias y basadas en razones básicamente éticas y religiosas de una corriente con mucho peso en Génova. Aún así, no ha sido hasta el pasado mes de julio cuando han comenzado a clarificarse las cosas.
Las investigaciones con el material obtenido de estos embriones deben tener como objeto, a juicio de los científicos, aliviar el sufrimiento humano y no responder a meros intereses económicos
De esta forma, lo que hasta hace poco parecía imposible, probablemente, va a hacerse realidad, aunque tampoco ahora está de más conservar una buena dosis de escepticismo, y más teniendo en cuenta que, en el asunto de las células madre, la dimensión científica sólo es una faceta, teniendo también el aspecto político y religioso de la cuestión una importancia relevante.
En cualquier caso, el Ejecutivo, ante la opinión mayoritaria de los científicos y pese a la división interna que existe en el PP sobre el particular, finalmente, tomó su decisión en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto, la última antes de las vacaciones estivales, aprobando el anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida. Con esta decisión, adoptada tras mantener una ronda de contactos con los científicos más reconocidos en este terreno, el Gobierno abre definitivamente la puerta a la investigación con células madre procedentes de embriones humanos sobrantes de procesos de reproducción 'in vitro'. Al parecer, la intención del Ejecutivo es que la reforma, que se tramitará por la vía de urgencia, se apruebe antes de que se disuelvan las Cortes (previsiblemente a principios del próximo año).
La nueva Ley, que sigue las líneas marcadas por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y por el Comité Asesor de Ética de Ciencia y Tecnología, permitirá, en palabras de la propia ministra de Sanidad, Ana Pastor, 'abrir una vía a la investigación de posibles terapias contra enfermedades como la diabetes, el Parkinson o el Alzheimer'.
La reforma persigue también resolver el grave y urgente problema de la acumulación de preembriones humanos sobrantes, cuyo destino 'no está determinado', y que, a partir de los cinco años desde su congelación, se encontraban en una situación de vacío legal, ya que la Ley de 1988 no establecía cuál había de ser su fin.
En lo que se refiere a estos preembriones, el anteproyecto establece que serán los progenitores quienes determinen su destino, pudiendo elegir entre mantenerlos congelados hasta que sean transferidos al útero de la mujer. donarlos, sin ánimo de lucro, con fines reproductivos a otras parejas que estén en lista de espera de fecundación 'in vitro'. aceptar 'que las estructuras biológicas obtenidas en el momento de la descongelación puedan ser utilizadas con fines de investigación'. o proceder a su descongelación sin otros fines.
Según el texto que inicia ahora su tramitación parlamentaria, cuando se desconozca quién es la pareja progenitora, o la mujer responsable de los preembriones crioconservados, o cuando no se haya recibido el consentimiento informado en el período de un año, éstos se mantendrán congelados durante cuatro años más con el fin de que puedan ser donados con fines reproductivos a otras parejas que estén en lista de espera de fecundación 'in vitro'. De todas formas, si no se produjera la donación en dicho plazo, se cederán al futuro Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa para ser utilizados en materia de investigación.
Evitar la generación de
embriones supernumerarios
Por otro lado, la reforma se dirige a evitar la generación de preembriones supernumerarios (sobrantes) y la gestación múltiple, por lo que limita a tres preembriones el máximo autorizado a transferir a una mujer en cada ciclo. Además, deja claro que se fecundará un máximo de tres ovocitos para que le sean transferidos a una mujer en un mismo ciclo, cuestión ésta que ya ha provocado reacciones encontradas.
No obstante, si tras sucesivos fracasos para llegar a la gestación aparecen 'dificultades adicionales que reduzcan la probabilidad de anidación y gestación', se podrá fecundar un número superior de ovocitos, 'siempre que sea asumible por la pareja dentro de su proyecto reproductivo'. Si en este caso se generan preembriones supernumerarios, el anteproyecto dispone que sean crioconservados por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer para que se le puedan transferir en intentos posteriores.
Ciertos científicos como Bernat Soria son más partidarios de un marco legal similar al de otros países europeos, donde se permite la posibilidad de importar líneas celulares o crear embriones con fines terapéuticos
En estos casos, los progenitores deberán firmar un Compromiso de Responsabilidad sobre sus Preembriones Crioconservados en el que se incluirá una cláusula por la que la pareja otorga su consentimiento para que, en el caso de que los preembriones crioconservados no le fueran implantados a la mujer en el plazo previsto, sean donados con fines reproductivos 'como única alternativa'.
El texto incluye también la creación del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, que se ocupará de gestionar la política de trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano en España. promover e impulsar los trasplantes de órganos, tejidos y células y la investigación con ellos. y desarrollar un Registro de Centros y Equipos Autorizados para investigar con células y tejidos de origen humano.
Este centro contará con un Banco Nacional de Líneas Celulares que se encargará 'de la elaboración, el almacenamiento, la conservación y gestión de líneas celulares de diverso tipo, de acuerdo con las normas y estándares que determine la legislación nacional e internacional'.
Tras la aprobación del anteproyecto, la limitación a tres del número de preembriones a transferir, con el fin de reducir la generación de embriones supernumerarios, se ha revelado como el aspecto más polémico de la norma, y de hecho ya se han manifestado en contra las asociaciones de parejas con problemas de fertilidad.
No obstante, la mayoría de las opiniones han sido positivas, aunque hay quienes, como el profesor Bernat Soria, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) y uno de los científicos más significados a favor del uso de las células embrionarias, hubieran preferido un marco más parecido a los impulsados en países como Reino Unido o Suecia donde existe la posibilidad de importar líneas celulares o crear embriones para la investigación.
Por el contrario, entidades como la Iglesia Católica o, incluso, agrupaciones de facultativos cristianos rechazan el marco legislativo aprobado por el Gobierno. De hecho, tras conocerse la decisión del Ejecutivo, la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado en el que calificaba la reforma de 'insatisfactoria' y de 'muy insuficiente'.
Partiendo de la base de que en la Ley de 1988 'se viola el derecho de los hijos a ser engendrados en el acto fecundo de donación interpersonal de los padres y se les trata como si fueran objetos de producción, lesionando así su dignidad de personas', los obispos españoles creen que su reforma 'debería inspirarse en el principio de que la ciencia ha de ponerse al servicio de la salud y de la integridad física y espiritual de las personas, sin ser utilizada nunca para disponer medios que suplanten la relación interpersonal de procreación por una relación técnica de producción de seres humanos'. 'La ley reformada seguirá siendo injusta, porque continuará haciendo legalmente posible la producción de seres humanos'.
Sin embargo, reconocen que la reforma limitaría los daños que a su juicio se están causando al amparo de la actual legislación, y estiman que, aunque 'muy insuficiente', no resulta del todo rechazable, máxime cuando existen medidas positivas como la limitación del número fecundaciones y de transferencias en cada ciclo. Para los obispos españoles, el embrión humano merece el respeto debido a la persona humana. 'No es una cosa ni un mero agregado de células vivas, sino el primer estadio de la existencia de un ser humano. Todos hemos sido también embriones. Por tanto, no es lícito quitarles la vida ni hacer nada con ellos que no sea en su propio beneficio', aseveran.
Por su parte, para el presidente de la organización Médicos Cristianos de Cataluña, el doctor Josep María Simón, la decisión del Gobierno no es ni más ni menos que una 'chapuza', ya que a pesar de los controles bajo los que se lleven a cabo las investigaciones con los embriones no viables 'sin querer se abre la mano a todas las demás opciones'. A su juicio, 'será imposible controlarlo' y, por tanto, 'el fraude de la ley está asegurado'.
Simón advirtió también de la dificultad que entraña determinar la viabilidad de los embriones y aseguró que, a partir de ahora, se incrementará el número de parejas que inician procesos de fecundación in vitro, así como el número de abortos.
El cerco científico
Aunque oficialmente el Gobierno, a través de los dos ministros con mayor implicación en la cuestión, los titulares de Sanidad, Ana Pastor, y Ciencia, Josep Piqué, apenas dieron pistas sobre qué iba a hacer el Gobierno hasta que el 25 de julio se conoció la decisión final, coincidiendo curiosamente con el 25 aniversario del nacimiento del primer bebé probeta, el informe del grupo multidisciplinar de expertos dirigido por Nombela, a la sazón ex presidente del mayor órgano de investigación del país, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dejó al Ejecutivo con escasas opciones.
De hecho, hubiera sido poco comprensible para la ciudadanía que el Gobierno se hubiera definido en contra del parecer de los científicos, en cuyo juicio la ministra Pastor se escuda siempre a la hora de tratar temas de este jaez, y menos cuando esta opinión parece sumamente ecuánime y respetuosa con los derechos en juego.
En su informe titulado 'La investigación sobre células troncales', el Comité de Ética para la Ciencia y la Tecnología recomendaba que, 'frente a la alternativa de la destrucción de los embriones sobrantes', éstos 'podrán ser empleados para obtener células troncales embrionarias, ya que las investigaciones con estas células pueden generar resultados potencialmente aplicables a la prevención y/o tratamiento de enfermedades graves'.
Los miembros del Comité llegaron a esta conclusión tras tener en cuenta 'el presunto efecto negativo' sobre los embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida 'de la congelación prolongada, así como su posible destrucción una vez superado el plazo establecido por la ley' de 1988, que es de cinco años.
Los científicos reconocen que la investigación con células troncales embrionarias humanas 'sí genera problemas éticos, ya que deben obtenerse a partir de embriones tempranos', y aunque estiman que estos embriones tienen 'un valor' y merecen 'especial respeto', consideran que este valor 'es ponderable con respecto a otros valores'.
En cualquier caso, los integrantes del Comité hacían un esfuerzo por curarse en salud y completaban su juicio con una serie de cautelas. Así, indicaban que la utilización de estos embriones sobrantes para obtener células madre sólo debería aceptarse cuando se atuviera a varias condiciones, siendo la primera de ellas que se disponga del consentimiento informado de los progenitores implicados o, si esto no fuera posible, 'de la autorización del centro de reproducción asistida responsable de su custodia de acuerdo con la legislación vigente'.
Además, las investigaciones con el material obtenido de estos embriones deben tener como objetivo, a juicio de los científicos, 'aliviar el sufrimiento humano y no responder a meros intereses económicos', así como 'llevarse a cabo exclusivamente en grupos de investigación que demuestren su experiencia' en el tema de los estudios, y contar con la evaluación previa del protocolo de investigación por parte de 'los comités de ética pertinentes', que también deberán someter al mismo a un 'seguimiento exhaustivo'. En este punto, los científicos consideraban oportuna la creación de un 'comité nacional' encargado de supervisar estas investigaciones, algo que finalmente será una realidad.
Pero el Comité no se quedó aquí, sino que, además, destacaba la importancia de 'evitar la acumulación de embriones humanos sobrantes en los centros de reproducción asistida' para lo que apostaban por 'reducir al mínimo posible', y de un modo compatible con las técnicas de fecundación in vitro, su producción, así como 'poner mayor énfasis en su catalogación y control', recomendación también seguida por el Gobierno. Otra de las posibilidades sería, a su juicio, promover la donación de los embriones a las parejas que los precisen con fines de reproducción, con el fin de que no sigan acumulándose embriones sobrantes.
En consecuencia, recomendaban al Ejecutivo la modificación de la legislación vigente 'a fin de establecer un marco jurídico adecuado en lo referente a la investigación con células troncales procedentes de embriones humanos sobrantes', y rechazaban la creación específica de embriones con fines terapéuticos.
De todas formas, y pese al visto bueno de los integrantes del Comité a este tipo de investigaciones, advertían de que 'la experimentación de cualquier tipo de célula troncal sobre seres humanos debe venir precedida de estudios exhaustivos en modelos animales y llevarse a cabo de acuerdo con la normativa vigente sobre ensayos clínicos y, en general, sobre investigación clínica'.
Asimismo, ante quienes defienden únicamente las investigaciones con células madre procedentes de tejidos adultos, algo que no presenta dificultades éticas, el Comité dictaminaba que 'dado que las células troncales adultas y las embrionarias tienen características específicas, (...) no existe competencia entre ambas investigaciones', por lo que aconsejaba 'que se realice investigación con ambos tipos celulares'.
No obstante, también es preciso reseñar que no hubo unanimidad entre los integrantes de este comité asesor. De hecho, la profesora de Oncología Molecular y Bioética, y decana de Ciencias Biosanitarias de la Universidad Francisco de Vitoria, Mónica López Barahona, manifestó en un voto particular una postura que viene a coincidir, al mismo tiempo, con el parecer un sector amplio de la sociedad española.
A su juicio, la propuesta del Comité, que pretende ofrecer la posibilidad de investigar con ambas células madre, las adultas y las embrionarias, 'condena', sin embargo, la obtención de las segundas 'a partir de fuentes que suponen eliminar la vida de un individuo de la especie humana', como es el caso 'del empleo regulado, pero indiscriminado de todos los embriones sobrantes que han superado el plazo de cinco años de criopreservación que marca la ley, sin salvaguardar la vida del embrión viable y transferible al útero de una mujer'.
Según señala López Barahona, que no ve impedimentos al uso de células procedentes de embriones que al descongelarse mueran o estén muertos o que se puedan definir como 'no viables' al reunir determinados 'criterios morfológicos y ritmos de fragmentación', aquellos embriones que, independientemente del tiempo de conservación, 'al descongelarlos vivan y sean viables', deben 'ser transferidos al útero de la madre adoptiva para llevar a término su desarrollo embrionario'. 'Emplearlos para obtener sus células troncales supondría eliminar su vida que puede desarrollarse en el entorno favorable del útero femenino', agrega.
Por otro lado, además de la postura mayoritaria de los científicos, el Gobierno también se encontraba presionado por la iniciativa que el PSOE tenía previsto lanzar en su principal feudo, Andalucía. De hecho, por pronto que se apruebe la reforma legislativa en el ámbito nacional, resulta muy probable que, dado el ritmo de tramitación de la ley impulsada por la Junta de Andalucía con el mismo fin, será esta comunidad la primera donde se pueda investigar realmente con células procedentes de embriones no viables. En este sentido, el profesor Bernat Soria cree que esta ley autonómica podría estar aprobada en breve.
Acúmulo de embriones
En cualquier caso, hay que reconocer que el Gobierno ha tenido el valor suficiente como para enfrentarse, en una época preelectoral, a la ingente tarea de dar forma a una regulación que se presentaba como especialmente espinosa, máxime teniendo en cuenta la diversidad de sensibilidades e intereses enfrentados, desde los de los pacientes aquejados de enfermedades que podrían contar con nuevas esperanzas, como los diabéticos, que constituyen un colectivo muy amplio de pacientes, hasta los de la propia industria farmacéutica, los investigadores o la propia Iglesia Católica y los sectores más cercanos a la misma.
Ahora, una de las cuestiones que deben afrontarse es conocer el número exacto de embriones almacenados por millares en las clínicas de reproducción asistida, algo en lo que el Ministerio de Sanidad y Consumo ya está trabajando y, sobre todo, saber cuántos de ellos serían susceptibles de ser utilizados en investigaciones por tener la seguridad absoluta de que no van a ser implantados en ninguna mujer.
Desde este punto de vista, Antonio Pellicer, miembro del otro órgano científico encargado de asesorar al Gobierno sobre el tema, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que, por otra parte, sólo se ha reunido en una ocasión en los últimos dos años, estima que en España puede haber unos 60.000 embriones congelados durante más de cinco años, límite a partir del cual serían susceptibles de ser utilizados para la investigación en el caso de que el Gobierno aprobara la reforma legislativa.
Sobre las edades de los embriones congelados, puede servir de ejemplo la situación de los almacenados en uno de los centros más prestigiosos en materia de reproducción asistida, el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), que tiene alrededor del 20 por ciento del total de los generados en España. En concreto, según datos hechos públicos recientemente en Madrid en el marco de la celebración de la 'XIX Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología', el Instituto mantiene almacenados un total de 40.590 embriones congelados, de los cuales 15.282 llevan en ese estado un período de dos años. 12.494 entre dos y cinco años y 12.814 más de cinco años.
Andalucía es la primera comunidad autónoma donde se va a poder investigar con células procedentes de embriones no viables, tras la aprobación de una ley impulsada por la Junta
No obstante, el concepto de 'viabilidad' de los embriones encierra en sí mismo otro debate interminable, ya que el mero hecho de que un embrión esté congelado durante cinco años no es necesariamente incompatible con la posibilidad de que, una vez descongelado, pudiera ser implantado y desarrollarse hasta convertirse en un nuevo ser humano.
En este punto cabe destacar las estimaciones del profesor Bernat Soria, para quien sólo el 15 por ciento de los embriones sobrantes de procesos de fecundación in vitro son viables para investigar, ya que se calcula que entre un 80 y un 85 por ciento de ellos están muertos.
El Convenio de Asturias, el punto de partida
El 4 de abril de 1997 se firmó en Oviedo el 'Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina' del Consejo de Europa, también conocido como Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina' o, simplemente, 'Convenio de Asturias de Bioética', que constituye todo un marco de referencia para las regulaciones europeas y para todos los que se tienen que enfrentar a cuestiones en las que la frontera entre los conflictos éticos y los problemas científicos es más difusa.
El Convenio aborda la problemática de la experimentación con embriones humanos conservados in vitro, si bien de forma demasiado general, en su artículo 18, donde señala que siempre que la investigación con embriones esté admitida por la Ley, 'ésta deberá garantizar una protección adecuada del embrión', aunque no aclara que debe entenderse por esa 'protección adecuada'.
Además, y éste puede considerarse el punto capital, el Convenio prohíbe expresamente 'la constitución de embriones humanos con fines de experimentación', lo que entroncaría con el espíritu del reciente informe del Comité Asesor para la Ciencia y la Tecnología en este sentido y al mismo tiempo plantea el dilema de por qué sería legítimo utilizar un embrión 'vivo' que ha permanecido congelado determinado tiempo y no otro creado expresamente con tal fin, cuando al fin y al cabo se trata en ambos casos de embriones humanos.
Sin duda, este debate llevaría a la cuestión citada anteriormente, todavía más espinosa, de determinar el momento a partir del cual un embrión o un preembrión, como denominaba la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 1988 a los de menos de 14 días se puede considerar un ser humano en toda regla. ¿Cómo se puede justificar el límite temporal a partir del cual existe una persona? Se nos antoja imposible, por lo que es probable que estemos ante un debate sin solución en el terreno de lo teórico que, sin embargo, tendrá que tener una resolución en el de lo pragmático.
Pero el Convenio de Asturias no se queda aquí, sino que en el capítulo dedicado a las personas que no tienen capacidad para expresar su consentimiento ante una intervención, categoría en la que muchos incluyen a estos embriones, sólo podrá llevarse a cabo 'cuando redunde en su beneficio directo', lo que ciertamente no parece ser el caso.
Por último, todos los firmantes se muestran de acuerdo en declarar, dentro de los principios generales, lo que denominan 'la primacía del ser humano', es decir, que en cualquier intervención 'el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia.
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