Redacción/ E.P.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto que regula el procedimiento de acreditación de las actividades formativas continuadas para los profesionales sanitarios. Esta norma tiene como objetivo garantizar la calidad de este tipo de formación que, al no ser reglada, puede ser ofertada por un amplio abanico de instituciones y particulares. De acuerdo con el citado decreto, para acreditar una actividad formativa será necesario indicar la duración de la misma, su pertinencia, los objetivos que la guían, la metodología docente y la estructura y los recursos para su desarrollo, así como realizar una posterior evaluación ajustada a los fines propuestos. Por su parte, los centros organizadores serán los responsables de emitir los correspondientes diplomas o certificados, en los que deberán figurar los créditos concedidos.
El órgano encargado de realizar las acreditaciones, así como las auditorías y evaluaciones, será la Dirección General de Organización de Procesos y Formación de la Consejería de Salud. Las autorizaciones obtenidas en la comunidad andaluza según estos criterios serán válidas para todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, resaltó la importancia del decreto por cuanto es un paso importante para avanzar en la formación de los profesionales sanitarios, en consonancia con las necesidades del Sistema Sanitario andaluz y de los usuarios del mismo.
Creación del Consejo Andaluz de Formación Continuada
El texto aprobado por el Ejecutivo autonómico recoge también la creación del Consejo Andaluz de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, que orientará los criterios de elaboración de los planes de formación y fijará las líneas para mejorar su eficiencia, adaptándose a las necesidades formativas de los profesionales sanitarios andaluces y a las prioridades de las distintas especialidades médicas. Dicho órgano estará presidido por el titular de la Secretaría General de Calidad y Eficiencia y contará con 23 vocales en representación de la Administración sanitaria, de los Colegios profesionales, de las Sociedades científicas, de los sindicatos y los empresarios, así como de los docentes e investigadores.