Redacción, Madrid.- El Gobierno ya tiene preparado un Real Decreto que permitirá que 3.000 médicos puedan cobrar la pensión de jubilación que se les debe. Este Real Decreto se llevará al Consejo de Ministros antes de que acabe la legislatura, de manera que los médicos que tenían relación laboral serán integrados a la Seguridad Social y los que tenían una relación mercantil o civil se les compensará económicamente.
Así lo ha manifestado en el Senado el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en respuesta a una pregunta del portavoz de Economía del Grupo Catalán, Sixte Cambra. Este senador ha recordado, según informa CiU en un comunicado, que el Pleno de la Cámara Alta aprobó el pasado 25 de junio una moción de CiU en la que se instaba al Gobierno a cumplir la ley para que los médicos cotizantes del extinto Régimen de Asistencia Médico-farmacéutico (unos 3.000, aproximadamente) puedan cobrar las pensiones que se les deben.
La moción reclamaba que antes de que acabe la legislatura el Gobierno cumpla una disposición adicional incluida en la Ley de Acompañamiento en diciembre de 1999 'para asegurar el más rápido y total resarcimiento de los derechos económicos y de todo tipo que asisten a los afiliados, pensionistas y beneficiarios del extinto Régimen de Asistencia médico-farmacéutico y de accidentes de trabajo creado por la Orden Ministerial del 7 de diciembre de 1953'.
El senador de CiU ha explicado que se trata de médicos que prestaban sus servicios básicamente en Mútuas: 'Una orden ministerial de 1953 creó un sistema de previsión para ellos por la que cotizando un 12 por ciento de sus ingresos tenían derecho a una prestación por jubilación o por invalidez, por ejemplo'. La gestión de este sistema se encargó a la Previsión Sanitaria Nacional (PSN). Esta entidad dejó de hacer frente a sus compromisos en 1997, fue intervenida por la Dirección General de Seguros y desde entonces los médicos afectados llevan una batalla legal para que se les reconozca sus derechos y poder cobrar la pensión de jubilación que les corresponde. 'Durante 30 ó 40 años estuvieron cotizando el 12 por ciento de sus ingresos para poder cobrar luego esta pensión cuando se jubilaran y ahora se encuentran que nadie les ampara', explica Cambra.
A parte de la batalla legal que en los tribunales siempre se ha saldado a favor de los afectados, según ha explicado el senador de CiU, también se han llevado a cabo acciones políticas. Concretamente, a instancias de CiU, en diciembre de 1999 la Ley de Acompañamiento incluyó una disposición adicional que obligaba al Gobierno a producir en el plazo de seis meses la normativa adecuada para asegurar la preservación de los derechos adquiridos por los interesados. 'Han pasado tres años y el Gobierno no ha cumplido esta ley y las leyes están para cumplirlas', ha dicho Cambra.
El senador Sixte Cambra ha mostrado su satisfacción por la predisposición actual del Gobierno para poner fin a esta injusticia y ha declarado que espera 'que cumpla finalmente con sus obligaciones y se compense a los afectados'.