El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario de 2022 de 16 millones de euros destinados al Plan de Acción de Salud Mental. Estos fondos estarán gestionados por las comunidades autónomas y el INGESA. El acuerdo se someterá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, los fondos servirán 'para impulsar las acciones' del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 que tiene como objetivo 'afrontar los efectos en la salud mental de la población generados por la pandemia'.

Seis líneas de actuación en Salud Mental

En concreto, las acciones cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas e INGESA se llevan a cabo a través de seis líneas de actuación encuadradas en la optimización de la atención integral a la salud mental en todos los ámbitos del SNS dentro de lo que se encuentran, por ejemplo, mejoras en transformación digital. Además, en esta financiación se incluyen mecanismos y acciones para luchar contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental, ha informado el departamento que dirige Carolina Darias.

Código riesgo contra el suicidio

Otras de las líneas a financiar está relacionada con el desarrollo del código riesgo contra la conducta suicida o iniciativas para prevenir y atender estos casos. Asimismo, se distribuirán fondos con el objeto del establecimiento de mecanismos y circuitos ágiles para la mejora del acceso a los servicios de salud mental de las personas con conducta suicida y para el desarrollo de iniciativas de prevención en personas en situación de vulnerabilidad como personas mayores o población infantil y juvenil. Según Sanidad, los fondos servirán para el desarrollo de programas específicos para la ayuda y apoyo a los profesionales sanitarios y socio sanitarios con problemas de salud mental relacionados con su labor asistencial con el objeto de 'cuidar al cuidador'. También se destinarán a acciones con las comunidades y ciudades autónomas para priorizar la implantación de programas de prevención con y sin sustancias.