Redacción, Castilla-La Mancha.- La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, y el subsecretario de Hacienda, Francisco Uría, en representación de la Administración General del Estado, y los consejeros de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, y de Sanidad, Fernando Lamata, por parte de la Junta de Castilla-La Mancha han firmado hoy en Toledo un convenio para la financiación de infraestructuras sanitarias en dicha comunidad, por valor de 21,03 millones de euros. En virtud de este acuerdo, la Administración General del Estado (AGE) financiará, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Hacienda, el 85,3 por ciento de las actuaciones, desglosándose el gasto total en 6.010.000 euros en este año y los más de 15 millones de euros hasta completar la citada dotación para el próximo año 2005. El resto del presupuesto será sufragado por el Gobierno castellanomanchego. Estas inversiones se utilizarán en los Planes directores del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y del hospital Mancha-Centro de Ciudad Real, y en el Hospital provincial Ortiz de Zárate de Guadalajara.
Tanto la Administración central como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han coincidido en la necesidad de financiar las inversiones previstas en el convenio firmado con el fin de mejorar la oferta asistencial de Castilla-La Mancha, conseguir una mayor equidad en la distribución territorial de los recursos y mejorar, en definitiva, la calidad de la atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.
La AGE se compromete a abonar ' a cuenta' el 25 por 100 del crédito consignado para este ejercicio, mientras que las cantidades restantes las abonará en función de la obra certificada y pagada. Por su parte, la Junta castellano-manchega a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) se compromete a ejecutar las inversiones referidas, asumiendo los derechos y obligaciones que le corresponden como órgano de contratación, tanto en la propia fase de contratación como en las de ejecución, recepción y liquidación de las obras y en la adjudicación y recepción de los equipamientos. Una vez finalizadas las obras en los citados centros hospitalarios, la Comunidad Autónoma acreditará que se han realizado las actuaciones previstas y se efectuará la liquidación definitiva del convenio.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos entre ambas partes será controlado por la comisión de seguimiento que se va a constituir, encargada de resolver las cuestiones que pudieran plantearse en la interpretación y ejecución de este convenio. Esta comisión estará presidida por un representante del Ministerio de Sanidad y Consumo y formarán parte de ella un representante de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, un representante de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y tres representantes de la Junta de Comunidades.
Ley de garantías, aportación de Castilla-La Mancha al SNS
Por otra parte, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata destacó la Ley de Garantías en Atención Especializada como una de las grandes aportaciones del Gobierno regional al Sistema Nacional de Salud, durante la conferencia impartida en el acto inaugural del I Master en Derecho Sanitario de Castilla-La Mancha, que se desarrolla en la Facultad de Derecho de Albacete. En su intervención, Lamata recordó que, según el último Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sistema sanitario español 'es uno de los mejores del mundo', situándose entre los primeros cinco países a la cabeza en esta materia. A juicio del consejero, 'esto es resultado de una buena organización y de un sistema sanitario solidario, universal y equitativo', a lo que hay que sumar, según ha señalado, la buena formación de los profesionales.
Sin embargo, el consejero también ha enumerado algunos de los riesgos con los que cuenta el sistema sanitario español, destacando como uno de los principales el crecimiento del gasto farmacéutico, 'que se encuentra por encima de lo que podemos pagar', y la descoordinación existente entre los servicios sanitarios de las distintas autonomías. En este sentido, Lamata afirmó que 'debemos conseguir que todos los pacientes sean atendidos por igual en cualquier comunidad autónoma'.
Con respecto al desarrollo de este I Máster en Derecho Sanitario, Fernando Lamata indicó que 'el Derecho Sanitario cada vez aborda más cuestiones e intenta buscar respuestas a un mayor número de problemas sociales' y destacó el gran cambio que se ha producido en los últimos veinte años en la relación entre los profesionales sanitarios y los pacientes, asegurando que se ha pasado de primar el principio de beneficiencia del profesional ante un paciente pasivo a la necesidad de compatibilizar ese principio con el de la autonomía del paciente.
Esta transformación, junto a la dificultad de marcar los límites en determinadas situaciones actuales, como por ejemplo la reproducción asistida, la eutanasia o la responsabilidad patrimonial que surge ante el daño ocasionado a un paciente, implica 'la necesidad de reflexionar entre los profesionales sanitarios y los juristas para que los lenguajes se puedan intercambiar', según concluyó el máximo responsable de la Sanidad castellanomanchega.