El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de Inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley extremeña de medidas extraordinarias contra la exclusión social, concretamente los que permiten acceder a la asistencia sanitaria pública a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España.
El portavoz del Gobierno y ministro Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha remarcado en la rueda posterior al Congreso de Ministros que 'se trata de una intromisión por parte de esta ley de competencias del Estado, competencias que afectan tanto al contenido de la misma como también a la inembargabilidad de ayudas económicas extraordinarias de apoyo social'.
'Este es un tema importante, el Gobierno es consciente de ello, en estos momento hay en el Senado residenciado un Pacto estatal de Sanidad, y, por otro lado, dentro de las medidas que el Gobierno contempla en sus paquetes legislativos está la posible regulación o modificación de la ley de enjuiciamiento civil. El Gobierno cree que, en estos momentos, empezar a cuartear la unidad territorial es mala idea y, por tanto, recurre esta ley con la voluntad de llegar a un acuerdo que afecte a todo el territorio nacional', ha añadido.
Según indican desde el Gobierno, estos preceptos 'suponen una extralimitación competencial al ampliar el ámbito subjetivo de cobertura en materia sanitaria. Esta materia le compete al Estado conforme al reparto de competencias de la Constitución Española'.
Además, la norma autonómica decreta la inembargabilidad de las ayudas de apoyo social previstas para determinadas contingencias, 'lo que supone una invasión del artículo 149 de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación procesal', añaden.
En este caso no se pide la suspensión de la Ley y se va a llevar a cabo una modificación legislativa para evitar los embargos de las ayudas sociales en caso de emergencia social.
La propuesta ha sido elaborada de conformidad con los criterios manifestados por los Ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Justicia, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado.
