E.P. Madrid.- El Grupo Popular y la oposición en el Congreso han alcanzado un principio de acuerdo en la ponencia sobre el proyecto de Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Ambas partes aunaron criterios de cara a la financiación de las nuevas prestaciones sanitarias y la toma de decisiones en este ámbito que, a partir de ahora, se realizarán por consenso entre Gobierno y Comunidades Autónomas.

Según ha adelantado el portavoz popular en la Comisión de Sanidad, Mario Mingo, el acuerdo se ha producido después de que el Grupo Popular haya aceptado transaccionar "la mayoría" de las enmiendas parciales presentadas por las distintas formaciones políticas.

El texto recibirá, previsiblemente, el dictamen positivo de la Comisión de Sanidad el próximo jueves, y el Pleno del Congreso lo aprobará tras su debate a la totalidad el jueves siguiente, día 13.

En lo que se refiere a la financiación (principal escollo planteado por todos los grupos, salvo el PNV), las distintas formaciones han transaccionado una enmienda que plantea la necesidad de realizar una memoria económica, que evalúe el impacto económico por Comunidades Autónomas antes de aprobar una nueva prestación sanitaria. Este informe se habrá de elevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como al Consejo Interterritorial, para que den su visto bueno.

Además, el Fondo de Cohesión (actual contemplado para compensar los gastos que genera a las autonomías la atención de pacientes desplazados y extranjeros) se ampliará con los fondos de los Planes Integrales de Salud, que contemplarán las particularidades epidemiológicas de cada Comunidad Autónoma.

Todo ello, asimismo, se vinculará al actual modelo de financiación (que también contempla otro fondo de compensación) y a la Ley Orgánica 8/1980, que establece el principio de lealtad institucional.

Competencias sanitarias

En lo que se refiere al terreno de las competencias, Mingo explicó que el futuro texto no modifica los actuales poderes del Estado en políticas básicas como la fijación de los precios de medicamentos. Como contrapartida, se ampliarán las funciones del Consejo Interterritorial que "debatirá y hará recomendaciones sobre la práctica totalidad del Sistema Nacional de Salud".

De esta forma, la toma de decisiones se realizará "por consenso", lo que implicará el voto por igual de las Comunidades Autónomas representadas en este órgano. Estos extremos, tanto el de la financiación, como el del Consejo Interterritorial, fueron confirmados por la dirigente socialista Consuelo Rumí, que los atribuyó a las enmiendas presentadas por su grupo.

En lo que se refiere al capítulo sobre garantías de calidad y servicios de referencia, también se han pactado enmiendas transaccionales para garantizar su planificación y abordaje con el conjunto de las autonomías. Respecto a los Centros de Referencia, el PP ha aceptado enmiendas de Coalición Canaria para impulsar este servicio en el Archipiélago.

Gobierno y oposición también han alcanzado acuerdos respecto a la planificación y formación de recursos humanos, colaboración para garantizar el uso racional del medicamento, la igualdad de dispensación farmacéutica en todo el Estado, el impulso de la unidosis y la receta electrónica.

Igualmente, se produjo el consenso en la participación de los agentes sociales en el SNS. Por último, se incluirá una disposición adicional para traspasar a las Comunidades Autónomas la gestión de la Sanidad penitenciaria.

El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Mario Mingo, se ha felicitado por el consenso alcanzado, "fruto del trabajo y del esfuerzo de todos los grupos" y "en línea con la filosofía mantenida por la ministra de Sanidad, Ana Pastor".

Garantía de universalidad y sostenibilidad financiera

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, ha manifestado que las aportaciones de su grupo parlamentario a este proyecto de Ley garantizan su universalidad y sostenibilidad financiera. En este sentido, destacó que el proyecto de ley presentado en el Congreso ha sufrido "cambios sustanciales". "Era un texto débil, al que le faltaban muchísimas garantías. Aparte de las 98 enmiendas que presentamos había temas importantes que desde el PSOE considerábamos imprescindible para darla nuestro apoyo", destacó.

Esta dirigente socialista aseguró que el Gobierno ha aceptado todas las enmiendas socialistas "de cara al fortalecimiento del SNS", su proyecto de Fondo de Cohesión, así como "todo el capítulo de los derechos de los ciudadanos".

En el aspecto de la financiación, explicó que ambas partes estuvieron trabajando durante la noche del lunes. Rumí valoró que aunque esta ley podría salir adelante con la legitimidad "aritmética" que tiene la cámara (por la mayoría absoluta del PP), no tendría la legitimidad necesaria sin el apoyo del PSOE como principal partido de la oposición.

No obstante, advirtió de que todavía queda un camino, hasta el jueves cuando se produzca su debate en comisión, así como de otras enmiendas que habrá que perfilar y matizar. "Pero en cualquier caso, creemos que el trabajo realizado por el PSOE ha sido para dar una respuesta a los ciudadanos", concluyó.