Redacción/E.P., Madrid.- La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)que ha iniciado su trámite parlamentario ha superado su primer debate, en el que se han votado y rechazado las enmiendas a la totalidad del texto. No obstante, toda la oposición ha advertido en el Congreso de los Diputados, aunque con matices, que no apoyará finalmente el texto del Gobierno si el Estado no garantiza la financiación de las nuevas prestaciones (como la atención sociosanitaria o la ortoprotésica) y si no respeta las competencias en esta materia que pertenecen por ley a las comunidades autónomas.

En esta primera sesión se han debatido tres enmiendas a la totalidad para la devolución del texto que fueron rechazadas con 159 votos en contra (PP y Coalición Canaria), 4 a favor (los partidos que presentaron las enmiendas) y 123 abstenciones correspondientes al resto de los grupos parlamentarios.

Estas enmiendas a la totalidad hacían énfasis en la falta de financiación del proyecto del Gobierno así como en la "intromisión" en las competencias autonómicas en aspectos como la calidad o la fijación de la cartera de servicios (estos dos puntos fueron los ejes del debate).

En una línea similar se posicionaron el resto de los grupos, como IU y BNG, que a última hora retiraron sus enmiendas a la totalidad. Sin embargo, tanto estas dos últimas formaciones, como el PSOE, CiU y PNV decidieron no apoyar las enmiendas a la totalidad y abstenerse en la votación en vistas del consenso y la receptividad de la ministra.

En este sentido, Pastor felicitó uno por uno a todos los partidos por sus "aportaciones". Sin embargo, advirtió de que el nuevo modelo de financiación autonómica garantizará la sostenibilidad de su proyecto en cuanto "obliga a las comunidades autónomas a destinar a la gestión de la asistencia sanitaria de la seguridad social un determinado volumen de recursos para financiar las transferencias de la gestión".

Garantías básicas comunes

La ministra instó a todos los grupos políticos, durante su intervención "a superar los obstáculos que se derivan del proyecto de ley" para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos, "sin perjuicio de las competencias que tienen adquiridas las comunidades autónomas".

Ana Pastor ha afirmado en este sentido que, con el nuevo Proyecto de Ley las CC.AA. van a ver mejoradas las expectativas de modernización de sus servicios sanitarios desde diferentes parámetros, ya que con ella quedan definidos perfectamente los ámbitos de colaboración entre el Estado y las diferentes autonomías. El objetivo no es otro "ha indicado la Ministra- que asegurar a los ciudadanos que la atención sanitaria responde a unas garantías básicas y comunes, "lo cual posibilita el incremento del nivel de satisfacción de los ciudadanos, y en definitiva con la comunidad donde reside".

La ministra de Sanidad ha señalado que las comunidades autónomas también se benefician con la ley, puesto que al sentarse las bases de la movilidad de los profesionales sanitarios, podrán contar con los mejores especialistas. En esta línea se inscribe también el intercambio de información, de manera transparente, homogénea y rápida, "de lo que están haciendo los demás en materia sanitaria y que resultados obtienen, para favorecer el desarrollo de nuevas políticas".

En cuanto a la participación en los órganos de decisión, Ana Pastor ha destacado que a partir de la aprobación de la nueva ley, tendrán asegurada su presencia en el Consejo Rector de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, en la Comisión de Recursos Humanos, en Comisión de Investigación en Salud Biomédica, y por supuesto en el Consejo Interterritorial, "el verdadero elemento vertebrador al que corresponde identificar los objetivos del Sistema a largo plazo".

El Proyecto de Ley de Cohesión y Calidad del SNS persigue "ha explicado la Ministra- la consolidación del Sistema partiendo de la Ley General de Sanidad de 1986, "que constituye una norma fundamental para el desarrollo de las previsiones constitucionales basadas en los principios de Sanidad pública, universal y gratuita".

Ana Pastor ha afirmado que el Proyecto de Ley contiene todos los asuntos que es preciso abordar para garantizar la unidad, respetar la autonomía, fomentar la solidaridad interterritorial y propiciar el consenso en un sector considerado "básico" por el Gobierno y los ciudadanos.

Por ello, la LCC revalida los preceptos de la Ley de 1986, los desarrolla y actualiza, e incorpora otros nuevos para adaptarse al nuevo escenario descentralizado.

El texto aprobado por el Gobierno "ha resaltado Ana Pastor- tiene como objetivo único, mejorar los resultados en salud de los ciudadanos, hecho que se producirá desde la base de la prevención y control de las enfermedades, mejora de la asistencia, y garantía de la equidad a través de la solidaridad individual e interterritorial. En este sentido ha insistido en que "nuestro sistema sanitario se nutre de los impuestos que pagamos y en un sistema fiscal progresivo la solidaridad exige igualdad de prestaciones". En este sentido ha añadido que con la nueva definición del Catálogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios que prevé la Ley, "no habrá atención sanitaria de primera ni de segunda".

En cuanto a los profesionales sanitarios, Pastor ha apuntado que son la base del desarrollo de nuestro Sistema de Salud, y por tanto, la ley les ha dedicado una especial atención, atendiendo de esta manera a demandas tan largamente expresadas como la movilidad y la garantía de los procesos de formación continuada y competencia profesional. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido "ha asegurado Pastor- a aprobar, en breves fechas, el Estatuto Marco y la Ley de Ordenación de las Profesiones.

Otros dos aspectos sobre los que ha hecho especial incidencia es sobre la calidad y la investigación, como dos pilares del Estado del Bienestar.

Críticas de la oposición

La ponente socialista de esta ley, Consuelo Rumí, pidió a la ministra que reconozca también el "talante conciliador de la Cámara" y recordó que aunque no ha rechazado el texto de entrada, presentará enmiendas a prácticamente toda la ley para dotar de mayores competencias al Consejo Interterritorial, aumentar la participación social, consolidar la naturaleza pública del SNS y para que el Estado financie las nuevas prestaciones. "Si no las acepta lo rechazaremos", señaló.

Los grupos de CiU y PNV, por su parte, coincidieron en rechazar el mecanismo del Decreto para aplicar las medidas incluidas en la ley y advirtieron de que no aceptarán el texto si invade competencias autonómicas. "El Gobierno quiere ampliar sibilinamente la capacidad legislativa y ejecutiva del Estado", apuntó Margarita Uría, del PNV, quien también pidió el traspaso de la titularidad de los bienes de la Seguridad Social.

Por su parte, Jordi Martí, de CiU, recordó a la ministra que existen varias sentencias del Constitucional que ampararían sus reivindicaciones. "No hay que abusar de la predisposición al diálogo a costa de reducir la autonomía", puntualizó.

Martí ha expuesto durante su intervención que desde el Grupo Catalán se ha defendido y se continuará defendiendo un "Pacto de Estado para la Sanidad" similar al "Pacto de Toledo", pero que en ningún caso se admitirá que se abuse de la predisposición al diálogo. "Por lo tanto, la negociación, el consenso y el pacto tienen un límite claro: el respeto estricto y escrupuloso de las competencias que ejerce la Administración sanitaria catalana y el Gobierno de la Generalitat ".

Por su parte, la portavoz de IU, Marisa Castro, finalmente insistió en la necesidad de crear un nuevo fondo frente al "desequilibrio financiero" que, a su juicio, existe actualmente en la Sanidad por factores como la desviación del gasto farmacéutico.