El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha realizado un análisis del hipotético escenario en el SNS ante la desaparición de la colaboración privada-pública. En concreto, se estima que las listas de espera para cirugías podrían aumentar un 102 por ciento. Esto supondría alargar la espera media en 75 días. También alargaría la lista de espera de primera consulta en un 153 por ciento, dilatando la espera en 58 días más.

La publicación de este informe coincide en el tiempo con el próximo debate y votación del anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el Congreso de los Diputados. La misma, en su artículo primero contempla la gestión directa de la sanidad pública como preferente. Así considera una excepcionalidad, bajo justificación, la concertación con el sector privado.

Impacto de la colaboración público privada

Bajo el título ‘Aportación del sector privado al sistema sanitario’, el documento advierte del importante impacto que tendría para la asistencia al paciente la eliminación total de los conciertos de colaboración público privada.

Así, además de la mencionada accesibilidad a los servicios asistenciales, se generaría un aumento de los índices de ocupación hospitalaria. En concreto, hasta llegar al 85 por ciento (actualmente se encuentran en el 70,6 por ciento).

Asimismo, evalúa cuál sería el impacto en el gasto sanitario público. De esta forma lo estima en un aumento de coste de hasta 1.200 millones de euros. Este dato se obtiene al estimar que la diferencia de coste a asumir por el sistema público podría situarse en un intervalo de un 25-35 por ciento superior respecto de los costes derivados de la colaboración privada-pública. Todo ello dado que todos los pacientes que hoy son atendidos en centros concertados deberían ser asumidos por centros públicos. Esta cifra podría superar los 2.700 millones de euros en caso de asumirse la totalidad de la actividad actualmente concertada por el sistema público. Esto suponiendo que la prestación pública tiene un coste 25 por ciento superior para toda la actividad.

El informe hace referencia, asimismo, a la necesidad de acometer una serie de inversiones en el corto-medio plazo para ampliar la capacidad de atención. No obstante, el sistema público tendría que asumir cerca de 6 millones de estancias hospitalarias y de 11 millones de consultas, haciéndose cargo asimismo de cerca de 800.000 pruebas diagnósticas.