El primero de enero de este año comenzaron las operaciones del nuevo Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar que absorbió al Seguro Popular, mismo que operaba con un costo mínimo de laboratorios y tratamiento gratuito al diagnóstico. El nuevo plan ofrece gratuidad en el servicio de atención, medicamentos, aumento de infraestructura, cero corrupción, mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y cobertura de personal médico en cada unidad.

De acuerdo con las declaración es oficiales del presidente, las coordinaciones nacionales del INSABI están en manos de Alejandro Ernesto Svarch Pérez, en la Coordinación Nacional Médica; Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, al frente de la Coordinación Nacional del Programa de Basificación; Carlos Sánchez Meneses es el Coordinador Nacional de Infraestructura Hospitalaria y, finalmente, Alejandro Antonio Calderón Alipi, como el coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos.

Sin embargo, pacientes del absorbido Seguro Popular han denunciado irregularidades y desabasto o negativa de medicamentos, mientras que las áreas financieras de algunos hospitales argumentan que no harán nuevas compras debido a que no hay certeza en la cobertura financiera de la compra de medicamentos.

En los últimos días, al menos seis gobernadores se opusieron públicamente a adherirse al funcionamiento del INSABI por concebirlo como un proyecto poco funcional; son los líderes de los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Querétaro, Aguascalientes, Baja California Sur y Jalisco. De acuerdo con las declaraciones del presidente no se puede obligar a ningún estado a incluirse.

La incertidumbre viene del cuestionamiento de dónde saldrá el financiamiento, cuya respuesta redunda en que “se tiene ese recurso”, sin embargo, no hay documentos que indiquen los procedimientos financieros con los cuales se cubrirán las compras de tratamientos y medicamentos.

Reporteros de la Organización Editorial Mexicana acudieron a recabar testimonios de pacientes y familiares en los cuales resaltaron un aumento de costos de los servicios y los medicamentos que antes eran gratis, así como radioterapias, internamientos y cirugías, estos casos en Guerrero y Ciudad de México.

Estados como Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tijuana, Durango señalan que aún no hay instrucciones sobre cómo operará el nuevo instituto.