En la actualidad, la industria farmacéutica se encuentra inmersa en un proceso de cambio marcado por la globalización, por la transformación de la estructura de la competencia y el incremento de la competitividad, por el desequilibrio existente entre los recursos destinados a investigación y desarrollo y el número de productos que, finalmente, son aprobados por el mercado (lo que se conoce como gap de productividad), por las nuevas promulgaciones regulatorias, por la rápida consolidación y concentración en la industria farmacéutica mundial, por el desarrollo de nuevos campos terapéuticos y tecnológicos, por el rápido desarrollo del mercado de genéricos y por el envejecimiento de la población.

En España existen importantes barreras que están dificultando la supervivencia o la ampliación del tejido productivo en su conjunto, aunque las recientes reformas estructurales están mejorando el entorno. En el caso de la industria farmacéutica, el obligado cumplimiento con los objetivos de déficit público y la escasez de financiación no sólo se han traducido en un recorte significativo del gasto farmacéutico, sino también en la incapacidad de hacer frente adecuadamente a las obligaciones de pago contraídas con terceros, incluidos los agentes que operan en el ámbito sanitario. Los, todavía, dilatados plazos de pago en algunas Administraciones Territoriales, junto con los reiterados cambios regulatorios que están presionando a la baja los precios de determinados medicamentos, están comprometiendo la competitividad de algunas unidades productivas de la industria.

La difícil predictibilidad del futuro marco regulatorio en el que se desarrollará la actividad, fruto de las reiteradas modificaciones en el ámbito de la política fiscal, o en el ámbito financiero, intensifica algunas dudas. Las diferencias normativas entre Comunidades, por otra parte, suponen riesgos adicionales, ya que éstas dan lugar a que las empresas situadas en diferentes territorios afronten distintos costes de producción, lo que desvirtúa la competencia, especialmente cuando se han levantado barreras a la libre circulación de capitales que impiden que las empresas se puedan desplazar a las regiones con una regulación más favorable, dificultando con ello que funcionen los mecanismos de competencia. La acertada aprobación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado mejorará la cohesión del mercado, y la introducción del principio de licencia única supondrá una reducción de los costes para las empresas

La investigación y el desarrollo constituyen una de las ocupaciones fundamentales de la industria farmacéutica, dada la necesidad de obtener fármacos innovadores que respondan a las nuevas necesidades de los pacientes o para conseguir tratamientos más eficaces. En este sentido, los costes relacionados con la I+D parecen ser el factor principal que, en la actualidad, está dificultando la inversión empresarial en vista del encarecimiento que están experimentado, la carencia de fondos para su financiación y la escasez de financiación externa. Ante los riesgos que se desprenden de una merma de productos innovadores en términos de eficacia de los tratamientos y calidad de vida de los ciudadanos,  debería instrumentalizarse una política integral de innovación, en la que no sólo se contemplasen facilidades de financiación o mecanismos alternativos para la misma, sino también medidas dirigidas a mejorar las infraestructuras de I+D, a potenciar las relaciones entre los centros de investigación y las empresas, a estimular la cooperación entre estas últimas, a incentivar la contratación de investigadores para impedir la fuga de capital humano, a garantizar la protección de la propiedad o a reducir el número y el tiempo de determinados trámites burocráticos.

En definitiva, algunas actuaciones pasadas de política económica tienen importantes consecuencias para la inversión, especialmente, la destinada a investigación y a desarrollo, que, por otro lado, constituye una variable fundamental para el crecimiento y para la recuperación económica. La cancelación de los incentivos al desarrollo de nuevas fórmulas terapéuticas, a la investigación de la prevención, a la mejora de la eficacia de los fármacos o simplemente a la producción de medicamentos, puede tener efectos más allá de los meramente económicos. De este modo, la valoración de los fármacos debería realizarse atendiendo al criterio de coste de oportunidad, es decir, no sólo teniendo en cuenta el coste de los recursos que se dedican a este fin, sino, además el valor de la mejor alternativa a la que se está renunciando. Aunque la reducción del gasto farmacéutico puede tener un impacto positivo en el presupuesto público, éste debe ser compatible con el desarrollo de una actividad fundamental para el sector industrial español y para el conjunto de la sociedad. En este sentido, el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria significa un gran paso en la dirección correcta.