Redacción.- El pasado 17 de junio de 2003, el Instituto de Salud Carlos III y el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco suscribieron un convenio específico para continuar desarrollando el "uso tutelado" de técnicas y procedimientos en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y en concretamente a lo que se refiere a "los tratamientos quirúrgicos de la epilepsia". El programa "Uso Tutelado" es un procedimiento que evalúa las técnicas o procedimientos, antes de su incorporación al Sistema Nacional de Salud, y que se implantó por un Acuerdo del Pleno del Consejo Interterritorial de Salud del 25 de octubre de 1999.

El BOE, en su edición del 24 de julio, publica la resolución de la Secretaría general de Sanidad mediante la cual e da publicidad al citado convenio, y que figura en el anexo de la misma. Así según se detalla en el acuerdo, firmado por el viceconsejero de Sanidad vasco, Rafael Cerdán Arandía, y por el director del Instituto de Salud Carlos III, Antonio Campos, ambas instituciones " han considerado oportuno continuar asignando medios y recursos durante el año 2003 para desarrollar el uso tutelado para la utilización apropiada de la cirugía de la epilepia, objeto del convenio firmado entre ambas instituciones, firmado el 28 de junio de 2002″.

Según se señala en el texto oficial, el presupuesto de ejecución del proyecto asciende a cincuenta mil euros, aportados en partes iguales por el Departamento Sanitario autonómico y por el Instituto Carlos III. Según este convenio, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) del Instituto Carlos III está obligada a coordinar y supervisar el desarrollo del programa, cuya dirección técnica corre a cargo del Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (OSTEBA).

Este convenio de colaboración, que entró en vigor el pasado 18 de junio, extiende su vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de 2003. A la finalización del mismo, OSTEBA deberá presentar una memoria final sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos, y en los siguientes seis meses a la terminación del mismo, ambas instituciones se comprometen a realizar revisiones de los trabajos a los que dé lugar el citado convenio.