Ante este problema serio de salud, que incluso podríamos denominar, de Salud Pública, instituciones públicas como el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia(ICOMV) tienen la obligación, entre otras funciones, de ejercer  un papel de control de la profesión médica y de las prácticas de la Medicina, garantizando que la salud de los ciudadanos esté en manos de profesionales colegiados y, por lo tanto, cualificados con la formación necesaria para el ejercicio de la Medicina y las prácticas habituales de la misma, vigilando, en todo momento, el cumplimiento del Código Deontológico de la profesión. Del mismo modo, entre las competencias de servicio a la sociedad está la de facilitar que cualquier ciudadano pueda consultar a través de la página web del colegio o del teléfono del mismo si el profesional que le está asistiendo está colegiado.

En este camino se enmarcan algunas de las iniciativas pioneras en nuestro país, iniciadas por el Colegio de Médicos de Valencia, afortunadamente para todos, como la unión con la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) en la lucha contra esta peligrosa práctica ilegal. En palabras de su presidente, Fernando Moner, “AVACU siempre ha mostrado su preocupación por los temas que afectan directamente a la salud de los consumidores y, en este sentido, el intrusismo médico es una realidad que afecta directamente a los usuarios de la Sanidad. Es necesario que las asociaciones de consumidores y los colegios profesionales trabajemos conjuntamente y en colaboración con las administraciones públicas”.

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valencia impulsó la creación de la Comisión de Intrusismo, que tengo el honor de presidir, con un objetivo claro, desempeñar un papel proactivo en la investigación de casos de intrusismo denunciados por ciudadanos o detectados por compañeros facultativos.

Esta comisión diseñó un plan estratégico para conseguir sus objetivos. El primero de ellos ha sido la realización de conferencias-coloquios por fiscales de la Audiencia Provincial de Valencia,  como Pilar Tomás Gómez y Manuel Campoy Miñarro, con el título: “Intrusismo y Salud, ¿Paciente o consumidor?”, junto con Fernando Moner Romero, presidente de AVACU.

El siguiente paso ha sido el reciente convenio firmado entre la presidenta del ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado y el presidente de AVACU, Fernando Moner, con el fin ”de combatir el intrusismo médico y garantizar a la sociedad una atención médica acreditada”.

Ambas instituciones han establecido líneas de comunicación rápidas para trasladar a esta Comisión de Intrusismo las denuncias de ciudadanos atendidas por AVACU y facilitar la manera que tiene la ciudadanía de denunciar estas situaciones que ponen en riesgo la salud de las personas atendidas por falsos médicos. Por parte de esta comisión está el compromiso de poner los medios necesarios para elevar a la Fiscalía Provincial estas denuncias, con la información necesaria para que prosperen judicialmente.

Actualmente disponemos de leyes concretas como la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que especifica que los actos sanitarios deben ser realizados por profesionales sanitarios, sometidos y regulados por dicha ley.

También disponemos de la normativa que delimita que los actos sanitarios deben realizarse en centros sanitarios debidamente autorizados según determina la Ley Gral. de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y el Real Decreto1277/2003 sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

No hay que olvidar que el punto básico, el diagnóstico y la indicación del tratamiento, corresponde exclusivamente al médico, así como el enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención. La aplicación del tratamiento deberá realizarse por profesional sanitario cualificado y suficientemente adiestrado.

Es cierto que, según advirtieron los fiscales en la conferencia que se celebró en febrero en la sede de la corporación médica valenciana, en determinados aspectos hay imprecisión de la ley, a pesar de que la normativa actual contempla multas y penas a las personas que atribuyen públicamente la cualidad profesional amparada por un título referido, junto con publicidad ilegal en el ámbito médico que genera confusión a los consumidores.

Entre nuestros objetivos, también está de realizar campañas de concienciación a la sociedad, para que denuncien posibles intromisiones en la profesión médica, ante el número elevado de centros, que sin estar registrados en la Consejería de Sanidad, realizan actos médicos, con diagnóstico y tratamiento incluido.

Ante este panorama, se ha visto desde el Colegio de Médicos de Valencia la necesidad urgente de que una fuerza institucional, garantice la atención sanitaria de los pacientes. Estamos satisfechos de que AVACU también busque el que los colegios profesionales validen y certifiquen a los médicos profesionales. También, como no, concienciar a las autoridades políticas y jurídicas valencianas  sobre la necesidad de actualizar constantemente la legislación, a la vez de una aplicación más estricta de la misma.

De esta forma conseguimos cerrar el círculo y trabajar todas las organizaciones responsables, con el objetivo común de defensa del usuario de salud, más que paciente, en pleno siglo XXI.