El pasado 22 de abril el director administrativo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, informó sobre el riesgo de una quiebra financiera debido a casi 1o.ooo millones de pesos en pasivos desde el pasado año 2018.

La declaración se hizo ante la comisión de Salud del Senado en la cual se detalló que el gasto de operación del instituto es de 80.000 millones de pesos al año y solo hay 43.000 millones debido a que el pasivo fue realizado sin presupuesto, lo que provoca un desenlace de daño patrimonial.

Destacó la urgencia de recibir inversión líquida de recursos y que los gobiernos estatales y las secretarías liquiden adeudos, así como centralizar y controlar mejor los precios de compra de los medicamentos.

Posteriormente, el 24 de abril, durante la Semana de Seguridad Social 2019, el secretario general de la institución, Héctor Santana Suárez, corrigió el reporte que los posiciona en quiebra y sostuvo que las pensiones están garantizadas y hay una gran reorganización que llevará a reducir gastos, controlar costos, reorientar recursos y optimizar procesos administrativos y protocolos de atención médica.

Los funcionarios coincidieron en que los recursos que no han sido pagados son esenciales para poder mejorar los servicios que ofrecemos, así como ayudaría a enfrentar el rezago en infraestructura y en personal médico para todos los hospitales.

La institución desplegó un documento al periódico El Universal en el que afirma que tienen el respaldo de las secretarías de Salud y de Hacienda para resolver sus problemas financieros en beneficio de más de 13.3 millones de derecho-habientes.

Por lo cual se negó la especulación de que el ISSSTE deje de operar en los próximos meses, ya que existe abasto de medicamentos suficiente en los tres niveles de atención.