Entre los acuerdos a los que ha llegado el PSOE para pactar los Presupuestos Generales del Estado con Podemos, una de las materias que ha creado controversia entre los empresarios ha sido la partida de Sanidad. No se trata tanto de los porcentajes, sino del hecho de que se especifica el objetivo de blindar el sistema público contra privatizaciones, algo sobre lo que la Comisión de Sanidad de la CEOE se ha mostrado en contra.

En concreto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha expuesto que esta afirmación supone rechazar una parte importante de los recursos existentes, “despreciar” a un sector que genera más de 265.000 empleos, que supone en torno al 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto y priorizar cuestiones ideológicas por encima de los datos conllevará “nefastas consecuencias y perjudicará” directamente a los ciudadanos.

De esta forma, han declaro que “al tratarse de un modelo de doble aseguramiento, los ciudadanos que cuentan con un seguro privado no consumen, o consumen solo en parte, recursos de la sanidad pública”.

Así, estiman que el ahorro producido por un paciente que use únicamente el sistema privado es de 1.203 euros al año, puesto que no hace uso de ningún recurso de la Sanidad Pública. El sector hospitalario privado español representa el 57 por ciento del total de los centros hospitalarios de nuestro país y el 33 por ciento del total de camas, realizó en 2015 el 29 por ciento (1,5 millones) de las intervenciones quirúrgicas, el 23 por ciento (1,2 millones) de las altas y el 23por ciento (6,6 millones) de las urgencias en todo el territorio nacional, descargando así presión asistencial del sistema sanitario público”.

Falta de concreción

El texto que ha creado controversia, según la CEOE es el siguiente: “Se blindará nuestro sistema público contra privatizaciones: Se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la sanidad pública y propiciar su progresiva privatización. Por ello, sigue siendo necesario blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras y ataques por parte de sectores interesados. En este sentido se creará una Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, para que en el plazo de seis meses analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla, blindando el carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario”.

El texto, que no concreta en qué medidas se traducirá este blindaje, no establece el fin de la colaboración público privada, pese a lo cual, los empresarios advierten que de ser así,  sería un perjuicio para la Sanidad española respecto a la de otros países que sí permiten la misma.

Por último, desde la Comisión de Sanidad de la CEOE han advertido de que se teme que por “privatizaciones”, Gobierno y Podemos se refieren equivocadamente a aquellos hospitales de gestión privada, que mantienen su titularidad pública y prestan los servicios asistenciales en los mismos términos, cumpliendo exactamente los mismos requisitos legales que los hospitales públicos gestionados directamente por las administraciones.