A finales de julio aterrizó en la presidencia de la Asociación de Economía de la Salud, en un momento en el que la economía y la salud parecen más que nunca depender la una de la otra. Profesora del Área de Gestión de Servicios y Profesionales de la Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y doctora en Ciencias Económicas, Carmen Pérez Romero apuesta por aprovechar las experiencias de gestión que se han puesto en marcha para afrontar la pandemia, a la vez que reclama un sistema de información estatal para evaluar la eficiencia de los hospitales públicos. Augura un aumento de las desigualdades sociales en salud, y resalta que la actual crisis sanitaria “ha hecho más evidente aún la necesidad de formular propuestas realistas para la regeneración del SNS”.

Llega a la presidencia de una asociación que engloba dos conceptos, la economía y la salud, que no están pasando su mejor momento. ¿Cuáles van a ser los ejes de su presidencia?

Desde hace más de 40 años, la Asociación de Economía de la Salud (AES) agrupa a profesores universitarios e investigadores en economía de la salud, así como a profesionales sanitarios y de sectores empresariales afines para tender puentes entre la investigación y las políticas sociales. La asociación tiene entre sus fines promover el buen gobierno de los sistemas de salud y el desarrollo efectivo de las políticas públicas; impulsar el debate en torno a alternativas que persigan la eficiencia y equidad del sistema sanitario; y contribuir a la mejora de la salud y de los servicios sanitarios para el conjunto de la población, a través de las aportaciones del conocimiento científico. En el actual contexto de crisis sanitaria mundial, y centrando la atención en el impacto de la pandemia en España y en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), podemos decir que los fines de la asociación adquieren un sentido pleno. Desde AES seguiremos contribuyendo al debate sobre la arquitectura institucional y organizativa de nuestro SNS, un sistema rico, pero también complejo para el que la crisis causada por la COVID-19 está siendo un test clave de resiliencia y ofrece posibilidades para reflexionar sobre los cambios de gobernanza que se necesitan.

¿Cómo van a hacerlo para poner su granito de arena en este proceso?

En el actual contexto de la crisis provocada por la COVID-19, AES está promoviendo un debate profesional sobre las nuevas pautas de política y de gestión sanitaria que emergen como necesarias a partir de la imponente marca social que nos deja la pandemia. Y seguiremos trabajando en las dos estrategias que hemos desarrollado desde nuestros inicios: por un lado, fortaleciendo el espacio de reflexión y de intercambio que ofrece AES para generar propuestas específicas e innovadoras, y, por otro, estrechando aún más las colaboraciones y sinergias entre las dos ‘almas’ de la asociación, los profesionales del ámbito académico y de la investigación (entre los que se encuentran algunos de los expertos en economía de la salud más reconocidos de Europa) y los profesionales de la gestión y la política sanitaria, que en estos últimos meses se han enfrentado en primera línea a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

¿Dónde habría que poner el acento para empezar?

Como la anterior crisis del 2008 evidenció, y la actual crisis económica y social provocada por la COVID 19 va a mostrar en toda su crudeza, es necesario investigar sobre la importancia de los determinantes sociales de salud. AES, por el carácter interdisciplinar de sus socios y socias, ofrece un espacio ecológico idóneo para aportar propuestas basadas en el rigor técnico que transciendan el marco estrictamente sanitario e impliquen la actuación en todas las políticas para disminuir el gradiente social en salud. Es importante reseñar este aspecto central en la economía de la salud al enfrentarnos a un futuro difícil y complejo donde las desigualdades sociales en salud posiblemente aumenten.

¿A qué desafíos se enfrenta actualmente el SNS?

Nuestro SNS ha experimentado en las últimas décadas importantes transformaciones y reformas de carácter estructural, financiero y normativo, consolidándose como un sistema sanitario de cobertura universal, en el que priman la equidad y la accesibilidad como valores fundamentales. Sin embargo, el envejecimiento paulatino de la población, la revolución tecnológica o el desarrollo de terapias avanzadas y de la innovación diagnóstica, entre otros factores, hacen que el SNS español se enfrente a importantes retos, muchos de ellos comunes a la mayoría de los sistemas sanitarios europeos.

¿Cuáles destacaría entre estos retos fundamentales?

Pues por ejemplo la vertebración funcional del SNS, garantizando un marco común de prestación sanitaria en el actual contexto de descentralización de las competencias sanitarias en las comunidades autónomas. A esto habría que unir el fortalecimiento de la Atención Primaria y de su rol fundamental para conseguir una atención integrada, sanitaria y social, así como la mejora de la atención integrada a pacientes crónicos con pluripatología o con necesidades complejas de salud.

¿Qué papel deben jugar las nuevas tecnologías en este escenario?

Es necesaria una transformación digital en salud, adaptando las formas de atención sanitaria a las necesidades presentes y futuras de los usuarios. Ahí tienen que jugar un nuevo papel las tecnologías de la información, del Big Data y de la inteligencia artificial en la planificación y prestación de servicios sanitarios. Esto tiene que ir en paralelo a asegurar una dotación adecuada de personal sanitario que garantice una prestación de servicios de calidad y a una evaluación de los resultados en salud obtenidos no sólo clínicos, sino también desde la experiencia vivida por el paciente. En este sentido es muy importante el nuevo rol del paciente en el sistema sanitario (paciente activo o ‘empowerment’), que conduce a un cambio en la relación médico-paciente y a la incorporación de los valores y de las preferencias de la persona en la toma de decisiones clínicas.

¿La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que, desde el punto de vista de la eficiencia, hay que reorganizar los servicios de salud?

La actual crisis sanitaria ha provocado una crisis global, afectando a la sociedad en todos sus ámbitos. Sin embargo, en el sector sanitario, y a pesar de la enorme dureza de la situación, el impacto de la pandemia ha puesto de manifiesto la capacidad de adaptación de las organizaciones frente a la crisis y ha abierto perspectivas renovadas sobre la capacidad de innovación, que se expresan fundamentalmente en el uso de las nuevas tecnologías de la información, en la puesta en marcha de nuevos modelos organizativos y colaborativos y en la superación de algunos corsés y trabas en la gestión de los recursos disponibles, orientando la toma de decisiones a la aportación de valor y a la eficiencia.

¿En qué línea habría que trabajar entonces para mejorar la organización?

Debemos aprovechar lo que hemos aprendido para consolidar prácticas de valor y afrontar las oportunidades de mejora detectadas, priorizando líneas de actuación como el fortalecimiento de la Salud Pública y de los servicios de vigilancia epidemiológica, la profesionalización de la gestión y dirección en la Sanidad pública y la desburocratización de los procedimientos de contratación de bienes y servicios. A esto habría que añadir la flexibilización de los modelos organizativos y la búsqueda de nuevas formas de colaboración entre los agentes implicados, así como el fortalecimiento de la Atención Primaria, dotándola de los recursos necesarios, como eje vertebrador del sistema sanitario. También sería importante la búsqueda de un nuevo contrato social de las profesiones sanitarias, que implique un nuevo marco laboral y retributivo, así como una mayor relevancia de la motivación intrínseca y social de cada profesional.

¿Se ha actuado de una manera eficiente en la lucha contra la pandemia?

La situación a la que se ha enfrentado nuestro sistema sanitario era desconocida, no había una experiencia previa de tal magnitud. A nivel mundial ha supuesto un enorme reto hacer frente a las necesidades de atención sanitaria que se han derivado de la pandemia y ha puesto a todos los sistemas de salud contra las cuerdas. En nuestro país, el SNS ha demostrado resiliencia en esta crisis sanitaria, en cuya gestión ha sido clave el papel del personal sanitario, pero también el de los directivos de los centros de Atención Primaria y de los hospitales. La capacidad de adaptación y de resolución de problemas ha sido inmensa. Si se buscan áreas de mejora, no pondría el acento en la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, donde el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios ha sido extremo y continúa siendo ejemplar, sino en la necesidad de definir criterios homogéneos de actuación para la gestión de la pandemia, en la potencial mejora de la coordinación entre los servicios, o en la necesidad de dotar a los centros de Atención Primaria y a los hospitales de suficientes infraestructuras y equipamiento sanitario. También debemos mejorar nuestro marco institucional y de gobernanza territorial, creando mecanismos eficientes de respuesta y de coordinación integrados.

Para avanzar en las propuestas que plantean, ¿es necesaria una evaluación de las políticas de salud? ¿Está plenamente implantada en nuestro sistema esta cultura?

Nuestro sistema sanitario dispone de mecanismos consolidados de evaluación de sus políticas de salud, si bien con importantes retos y oportunidades para su mejora. En los últimos años, los servicios de salud han trabajado intensamente en el desarrollo de sus sistemas de información clínica y económica, lo que está permitiendo obtener datos cada vez más robustos y fiables sobre la prestación de servicios y sobre los resultados obtenidos en cada uno de ellos. Sin embargo, la evaluación de las políticas de salud requiere de una mayor disponibilidad de datos homogéneos y comparables a nivel nacional, que permitan realizar análisis más pormenorizados de las estrategias y de acciones emprendidas, así como la identificación de las mejores prácticas. Sin estas dos premisas es muy difícil avanzar en este camino. Otro gran reto para afianzar la cultura de la evaluación radica en la transparencia y en la rendición de cuentas sobre la gestión pública de la Sanidad. Hay iniciativas de evaluación del desempeño muy interesantes, desarrolladas en distintas comunidades autónomas, como en Madrid, Cataluña o Andalucía, pero se puede y se debe mejorar en este sentido.

¿Hay cierta resistencia por parte del sistema a la implantación de sistemas de evaluación, control y eficiencia?

Yo no diría que hay resistencia a la implantación de sistemas de evaluación, sino dificultades que se van superando. Los avances que se han realizado en la última década son claros: desarrollo de los sistemas de información clínica y sanitaria; iniciativas de evaluación del desempeño impulsadas por diferentes servicios de salud de las comunidades autónomas; enriquecimiento de los datos e informes estadísticos que ofrece el Sistema de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad… Pese a ello, existen retos y oportunidades de mejora en la transparencia y en la rendición de cuentas sobre la gestión y resultados obtenidos por los servicios de salud.

¿Nuestros sistemas sanitarios son eficientes en la actualidad?

Nuestro Sistema Nacional de Salud se enfrenta a retos para ser fiscalmente sostenible, como otros sistemas sanitarios que garantizan la universalidad de acceso con independencia del nivel de renta de los usuarios. No obstante, tanto en términos de gasto sanitario público per cápita como de porcentaje del PIB dedicado a la Sanidad pública, España presenta datos comparables e incluso inferiores a otros países de nuestro entorno. Sin cuestionar la importancia de una adecuada financiación agregada del sistema, conocer la eficiencia de los centros sanitarios del SNS y sus causas es una condición necesaria para el diseño de políticas de optimización de los recursos públicos, no sólo por razones de supervivencia, sino también por imperativo ético: una gestión eficiente de los servicios sanitarios públicos señala un buen uso de los recursos aportados por los ciudadanos y refuerza el pacto social que sustenta el SNS. El problema es particularmente complejo en España, donde la responsabilidad de la gestión está descentralizada en las comunidades autónomas.

¿El modelo depende entonces mucho de la comunidad autónoma o incluso del centro sanitario?

Son muchos los estudios que se han realizado en las últimas décadas sobre la eficiencia de las organizaciones sanitarias del SNS, con distintas aproximaciones metodológicas, que muestran niveles razonables de eficiencia técnica, pero también áreas de mejora. Centrándonos a nivel hospitalario, en estudios recientes realizados por la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) se ha puesto de manifiesto que existe un margen de mejora en la eficiencia técnica de los hospitales del SNS, aunque con diferencias notables entre comunidades autónomas. Los resultados obtenidos en dichas investigaciones sugieren que la personalidad jurídica, la propiedad pública o privada y el tipo de gestión de los hospitales públicos son relevantes para explicar la variabilidad observada en la eficiencia técnica. En este sentido, la personalidad jurídica del hospital (propiedad pública o privada) está relacionada con un aumento de la eficiencia técnica en 11 puntos respecto a los hospitales públicos tradicionales. En estos análisis se ha observado también que el margen de mejora en eficiencia de los hospitales del SNS está condicionado por las características específicas de cada comunidad autónoma, particularmente el envejecimiento, la riqueza y las políticas de gasto público de cada una de ellas. Es decir, las características de las comunidades autónomas importan en la eficiencia técnica hospitalaria.

¿Y en qué se traduce esto en términos de eficiencia?

Esto tiene una enorme trascendencia tanto para políticos como para gestores sanitarios, porque sugiere estrategias de mejora en el uso de los recursos fiscales que aporta la ciudadanía. En primer lugar, la eficiencia técnica parece estar relacionada no tanto con la propiedad pública o privada de los hospitales como con el marco de regulación de estos. Es necesario un proceso de reforma y modernización de la gestión de los hospitales. En segundo lugar, es fundamental que el debate sobre políticas de gestión sanitaria y sus opciones de reforma sea un proceso basado en la mejor evidencia disponible. Es importante desarrollar un sistema de información estatal homologado y transparente que permita monitorizar y evaluar la eficiencia de los hospitales que forman parte del SNS. Uno de los pilares para la sostenibilidad del SNS es la mejora continua de la eficiencia en el uso de los recursos, para lo cual es necesario en primer lugar medirla. Por último, señalaría la importancia de distinguir en el debate de la política sanitaria entre la defensa del SNS y la defensa de marcos regulatorios y de información que perjudican su eficiencia y, por tanto, su sostenibilidad. La crisis sanitaria en la que estamos inmersos ha hecho más evidente aún la necesidad de formular propuestas realistas para la regeneración de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Nuestros sistemas son muy ‘hospitalocentristas’, ¿serían más eficientes si se reforzara la Atención Primaria?

Existe un consenso implícito entre profesionales, gestores y políticos de que es necesario reforzar la Atención Primaria de nuestro Sistema Nacional de Salud. No hay duda de que cuando se hace fuerte la Atención Primaria y se le dota de los recursos necesarios, mejora su capacidad de resolución, lo que tiene claros efectos positivos sobre los resultados del sistema sanitario, en términos de salud, equidad y eficiencia. Solo desde la Atención Primaria se puede hacer efectivo y eficiente un abordaje transversal de los problemas de salud más frecuentes y relevantes. En este sentido, cabe destacar el papel fundamental que juega la Atención Primaria en la atención a la cronicidad, uno de los grandes retos de nuestro sistema sanitario. La manera de enfermar de la población está cambiando, siendo esta una realidad a nivel mundial. Un aspecto esencial de este cambio es que la mayoría de pacientes sufren múltiples enfermedades crónicas, en cuyo abordaje la necesidad de ofrecer una respuesta integrada, sanitaria y social, es clara. Los servicios de Atención Primaria constituyen el escenario idóneo para articular una respuesta interdisciplinar, centrada en las necesidades globales de las personas.

En definitiva, que habría que dar un giro en el sistema hacia la Atención Primaria…

Es que tampoco podemos obviar lo relevante que es invertir en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, y aquí de nuevo es clave el rol que juega la Atención Primaria: sus profesionales se sitúan en el entorno más próximo a la ciudadanía y tienen la posibilidad de actuar sobre los determinantes sociales de la salud mediante la puesta en marcha de programas específicos. En definitiva, una mejor Atención Primaria facilita un mayor acceso a las prestaciones que ofrece el sistema sanitario, una atención más centrada en las necesidades globales de la persona y una atención coordinada.

¿Qué factor es más importante desde su punto de vista, el de eficacia-efectividad o el de coste-efectividad? ¿Son compatibles?

No solo son compatibles, sino que están indisolublemente unidos. Si una tecnología o tratamiento sanitario no es efectivo, no tiene sentido plantear el análisis de su coste-efectividad. El debate relevante se encuentra cuando se plantea la elección entre tecnologías eficaces/efectivas que suponen el empleo de diferentes recursos económicos y sociales. La evaluación económica aporta una metodología muy desarrollada para facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los decisores públicos de forma transparente y no opaca. La Asociación de Economía de la Salud cuenta entre sus socios y socias con un sólido equipo de profesionales que realizan investigaciones de estas características a nivel internacional. Y hay que destacar que nuestro país cuenta con personas expertas y capital humano comparable al de otros países que tienen una mayor tradición en el desarrollo de estudios de evaluación económica.

¿La medición de resultados está plenamente instaurada o queda camino por recorrer?

La medición de los resultados clínicos de los procedimientos y prestaciones sanitarias está muy desarrollada. Son numerosas las investigaciones y ensayos clínicos que aportan información sobre la eficacia de las actuaciones clínicas. En los últimos años se está intentando incorporar la llamada ‘experiencia del paciente’ en los procesos asistenciales, para conseguir mejorarlos, adecuándolos en lo posible a las circunstancias de vida de las personas en tratamiento. Para ello, además de los indicadores biológicos propios de mejoría o empeoramiento de cada enfermedad, se han desarrollado herramientas, como los PROM (Patient Reported Outcome Measures) o los PREM (Patient Recorded Experience Measure), para medir la percepción del paciente sobre los resultados en salud de los procesos de atención. No obstante, existen dificultades para incorporar en la práctica clínica la medición de estos resultados en salud desde la perspectiva del paciente, más allá de evaluaciones puntuales de determinados procedimientos. Este constituye un reto en el que merece la pena trabajar.

¿El paciente es el eje sobre el que debe girar la evaluación de los procesos clínicos?

Se están desarrollando experiencias muy interesantes en algunos servicios de salud en los que, dando un paso más en la evaluación de los procesos clínicos, tratan de medir no solo su coste sino también el valor que aportan al paciente, en términos de resultados en salud. Creo que debemos impulsar el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la mejora, la integración y la transparencia de los datos y de las fuentes de información que los sustentan, como estrategia clave que facilite la evaluación de las organizaciones sanitarias y de la prestación de servicios por comparación y el empoderamiento de pacientes y de la ciudadanía, así como la transparencia y rendición de cuentas. No debemos perder la oportunidad que la actual transformación digital nos está ofreciendo en este ámbito.

¿Cómo es la calidad de los datos que genera el sistema para la toma de decisiones económicas en salud?

En todos los servicios de salud se ha apostado de manera importante por la generación de datos clínicos y económicos que ayuden a la toma de decisiones. El esfuerzo que se ha hecho en la última década ha resultado en un avance no sólo cuantitativo, sino cualitativo, de los datos disponibles. Ejemplo de ello son el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de los episodios de hospitalización, los sistemas de información de la actividad ambulatoria, la historia clínica digital o las bases poblacionales de salud. También hay que destacar el trabajo realizado al respecto por el Servicio de Información Sanitaria del Ministerio de Sanidad.

¿Nos faltan herramientas para una mejor toma de decisiones?

Los sistemas de información económica y presupuestaria están consolidados en el Sistema Nacional de Salud, y los sistemas de contabilidad analítica están en continuo desarrollo, permitiéndonos conocer, hoy en día, el coste por paciente o el coste de procedimientos específicos. El reto está en trasladar también esta información económica y presupuestaria a los profesionales sanitarios, diseñando aplicaciones muy dinámicas (‘business intelligence’) que incorporen datos en tiempo real, y que sean útiles para la toma de decisiones clínicas y de gestión de sus servicios. Hay experiencias muy innovadoras en este sentido en el Servicio de Salud de las Islas Baleares o en la Comunidad Valenciana.

¿Los sistemas públicos de evaluación de resultados existentes son suficientes o sería necesario implantar un centro o agencia independiente?

No es incompatible disponer de servicios de evaluación en distintos niveles. Ya existen servicios de evaluación en las comunidades autónomas y, desde 2012, el SNS dispone de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que está formada por las agencias o unidades de evaluación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, que trabajan de manera coordinada. La creación de una agencia independiente de ámbito nacional ha sido propuesta por prestigiosos miembros de nuestra asociación y recogida en las conclusiones de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados. Por otro lado, una agencia nacional de este tipo, con amplias competencias normativas y una estructura de gobernanza políticamente independiente, sería un proyecto en sintonía con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno español a las instituciones europeas, que aspira a establecer una estrategia óptima para salir de la tremenda crisis económica y social provocada por la pandemia, y donde los proyectos vinculados con la salud deben tener una notable importancia.

¿Cómo se consigue que un sistema sea sostenible y accesible en un contexto de recursos limitados?

Nuestro Sistema Nacional de Salud ofrece una accesibilidad universal a un conjunto amplio de prestaciones sanitarias. Como en otros países de nuestro entorno, es un bien de mérito y una red de seguridad esencial que nos protege a lo largo de nuestra vida. Como sociedad debemos sentirnos orgullosos. Por otro lado, como he comentado anteriormente, a nivel agregado nuestro gasto sanitario público es similar o inferior a otros países europeos. De hecho, el último informe de Bloomberg Global Health 2020 sitúa a España como el país más saludable del mundo y esto lo conseguimos con un gasto sanitario agregado razonable. Es cierto que existen factores que presionan al alza los gastos sanitarios, fundamentalmente la revolución tecnológica y en menor grado el envejecimiento poblacional, pero este desafío es un problema que debemos abordar colectivamente como sociedad sin renunciar a lo que hemos conseguido. Precisamente aquí la economía de la salud puede realizar aportaciones significativas.

¿De qué depende entonces conseguir este equilibrio?

La sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud debe ser una prioridad de la agenda política, pero también depende de los modelos organizativos y de las herramientas de gestión que se implanten en las organizaciones sanitarias que lo integran. En ese sentido, debe facilitarse un marco regulador y normativo adecuado que permita optimizar la gestión de los recursos disponibles: son clave la desburocratización de los procedimientos de contratación, la profesionalización de la gestión sanitaria y la flexibilización de los modelos organizativos. En esta pandemia han surgido experiencias de gestión muy innovadoras que merece la pena afianzar y poner en valor.

Ante esta limitación crónica de recursos, ¿dónde habría que poner el acento?

El impacto de la pandemia ha puesto de manifiesto la capacidad de adaptación de las organizaciones sanitarias frente a la crisis y ha abierto perspectivas renovadas sobre la capacidad de innovación. Esto se expresa fundamentalmente en el uso de las nuevas tecnologías de la información, en la puesta en marcha de nuevos modelos organizativos y colaborativos y en la superación de algunos corsés y trabas en la gestión de los recursos disponibles, orientando la toma de decisiones a la aportación de valor y a la eficiencia. Debemos aprovechar lo aprendido para consolidar prácticas de valor y afrontar las oportunidades de mejora detectadas.

¿Cuáles son esas oportunidades de mejora?

Habría que priorizar la profesionalización de la gestión y dirección en la Sanidad pública, la desburocratización de los procedimientos de contratación de bienes y servicios, la flexibilización de los modelos organizativos y la búsqueda de nuevas formas de colaboración entre los agentes implicados. Junto a ello, hay que proceder al fortalecimiento de la Atención Primaria, dotándola de los recursos necesarios, como eje vertebrador del sistema sanitario. A esto habría que sumarle la modificación del marco laboral de los profesionales sanitarios y el desarrollo de la Salud Pública como un eje transversal de las políticas sanitarias a nivel nacional. La defensa de una Sanidad pública no está reñida con la renovación de sus marcos regulatorios y de información, en aras a mejorar la eficiencia y, por tanto, la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud.

En un escenario con pocos recursos, el establecimiento de copagos puede verse como una opción de tener ingresos. ¿AES es partidaria de esta vía dentro de los sistemas de salud?

La Asociación de Economía de la Salud promueve el debate entre sus socios y socias sobre cuestiones relevantes de la agenda política sanitaria, alentando la propuesta de medidas de cambio o avance fundamentadas en la evidencia y en bibliografía contrastada. Como cabría esperar de una asociación multidisciplinaria como es AES, los puntos de vista que surgen de la reflexión y el debate sobre la política y la gestión sanitaria son ricos y dispares, aun estando fundamentados en criterios de calidad científica. Es por ello por lo que AES no acostumbra a adoptar, como asociación, posturas unánimes o específicas sobre los temas de análisis, sino que recoge y divulga las distintas argumentaciones de sus socios y socias que, por cierto, han realizado aportaciones importantes de evaluación y propuestas de mejora en relación con los copagos farmacéuticos.

¿Y cuál es su punto de vista?

Si me pregunta por mi opinión personal sobre el establecimiento en nuestro sistema sanitario de nuevos mecanismos de copago, también denominados ‘gasto de bolsillo’ o aportaciones económicas que hacen los usuarios por los servicios que reciben, le diré que si se establecen buscando una potencial ventaja en términos de financiación del sistema sanitario o de modulación de la demanda de atención sanitaria, los problemas que se derivan de los mecanismos de copago pueden ser mucho mayores, pudiendo perjudicar seriamente su accesibilidad y equidad, pilares esenciales de nuestro Sistema Nacional de Salud, de cobertura universal y financiado mayoritariamente mediante los impuestos de la ciudadanía. En todo caso, el debate sobre el copago no debe formularse en ningún caso en términos genéricos, sino especificando los servicios y prestaciones a los que se circunscribiría, cuantificando los efectos previsibles y estudiando las potenciales alternativas.