La necesidad de un Baremo de Daños Sanitarios no es una novedad, de hecho, se trata de un debate que han asumido todas las autoridades políticas desde 2004. Sin embargo, sigue sin ser una realidad. Es por ello que, una vez más, este ha sido uno de los temas abordados durante el XXVI Congreso Nacional de Derecho Sanitario, concretamente durante el taller de trabajo de la Fundación A.M.A: “El proyecto de Baremo de daños sanitarios: volver a empezar, una necesidad insoslayable”.

Durante el mismo, Raquel Murillo, directora general adjunta de A.M.A., recordaba que los profesionales sanitarios “actúan cada vez con más cautela”, debido al aumento de hasta un 46 por ciento de reclamaciones en algunas áreas sanitarias, y a la alta cuantía de las indemnizaciones. En este sentido, Murillo insistía en que la Sanidad debería centrarse en “la salud de las personas y no en las contiendas”. Pese a ello, la realidad es que se ha llegado a “la judicialización de algunas especialidades”, aunque según datos de AMA, el 60 por ciento de los casos son recurridos.

Ante esta situación, los expertos reclaman una vez más la urgencia de un Baremo de Daños Sanitarios, que si bien puede no ser una panacea, sí ayudaría a mejorar la situación. Como exponía Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Médicos, existe un gran consenso en el sector sanitario en torno a este tema, sobre todo ante el aumento de una Medicina defensiva, que aseguran practicar el 90 por ciento de los médicos de Urgencias, según datos de la OMC. No obstante, como recordaba Romero, hay que asumir que “entrar en contacto con el sistema sanitario siempre tiene sus riesgos”, pero es importante distinguir entre los efectos adversos evitables, de los inevitables. El baremo, precisamente, ayudaría a dar una visión objetiva al respecto. “La Medicina, la Judicatura, Aseguramiento y pacientes vienen demandándolo desde hace más de 15 años”, entonces “¿qué o quienes lo impiden?”.

La respuesta a esta pregunta la ofrecía Ángel Luis Guirao García, subdirector General de Recursos Humanos, Alta Inspección y Cohesión del SNS del Ministerio de Sanidad, que aclaraba que aunque el anteproyecto para hacer realidad el baremo existe, “no es posible aprobarlo mientras no haya estabilidad en el Gobierno”. Sobre el propio anteproyecto de ley, elaborado por un grupo de expertos, Guirao exponía que el mismo se compone de 9 artículos y dos disposiciones adicionales, y que se haya finalizado, salvo la falta de acuerdo en dos puntos del articulado por parte de los expertos. El propio Consejo Interterritorial del SNS ha ido conociendo el avance del mismo, que pretende ser un baremo vinculante, al igual que ocurre con el baremo de tráfico, aunque su redacción sea complementaria y no específica.

La opinión de los expertos

Más allá de la necesidad de hacer realidad este baremo con la mayor celeridad posible, la otra cuestión que se manifestaba en la mesa de debate era si es cierto que existe tanto consenso en su aplicación y qué características deberían definir el mismo. José Carlos López Martínez, magistrado del Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, aportaba que el objetivo de un baremo es el de “valorar el daño en un sistema de tasado de daños, entendidos como conceptos por los que se puede reclamar, para realizar indemnizaciones, estableciendo cuantías máximas”. Este permite una mayor seguridad jurídica y un trato más objetivo e igualitario que la valoración discrecional de un profesional, además de permitir más acuerdos, menos litigiosidad, además de una mayor celeridad. Sin embargo,  el experto insistía en que no todos los daños que se producen en una intervención médica son indemnizables, ya que hay que valorar otras cuestiones como el estado previo del paciente, “por eso hay que ser conscientes de sus límites”. Por su parte, César Tolosa Tribiño, magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, aportaba que otra de las ventajas es la fijación de unas indemnizaciones, bien sea a través de una base teórica, o a través de precedentes previos judiciales.

Por último, los expertos debatían en torno a la mayor concienciación en la seguridad del paciente y a la posible reducción de efectos adversos, que siguen teniendo un importante impacto no solo en la salud de la población, sino también en la Economía y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.