El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, se ha pronunciado ante la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se ha admitido el requerimiento del Gobierno central contra determinados preceptos de la Ley de Extremadura de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.

De esta forma, Vergeles ha afirmado que aunque la Junta de Extremadura acatará dicha sentencia, aunque no la entienden, “pero tampoco tenemos posibilidad de recurrirla”.  Sin embargo, ha querido matizar que la misma supone “tumbar lo que es la atención sanitaria universal”, que estaba contenida en uno de los capítulos de la Ley de Extremadura de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.

Es por ello que el consejero ya ha adelantado que la Junta de Extremadura va a “intentar buscar los resquicios de la legislación”,   puesto que “con esta suspensión de ese apartado de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, lo que se está negando es un derecho que entendemos como universal, que es la atención sanitaria a una parte importante de la población”. Igualmente, Vergeles ha defendido que “como organización sanitaria”  no les “debe importar si tienen una situación jurídica o administrativa determinada”.

Así, a partir de ahora intentarán “establecer determinados convenios con determinadas asociaciones de inmigrantes” que les permitan  “en un entorno de la máxima seguridad jurídica, que podamos prestar atención sanitaria en nuestra vocación de una Sanidad universal”.

Una cuestión de Salud Pública

Otro de los argumentos del consejero extremeño es que prestar una atención sanitaria a extranjeros en situación irregular impacta igualmente en el resto de la sociedad como medida de Salud Pública. Por ello incidía en que la falta de atención a determinadas personas en “situación irregular” en España, puede provocar que “se queden sin diagnosticar enfermedades que sean transmisibles” y que pueden sufrir todos los ciudadanos.

Por último, José María Vergeles ha recordado que la atención sanitaria es “competencia de las comunidades autónomas”, y que por lo tanto se las debería dejar legislar,  insistiendo en que el Real Decreto ley 16/2012, de 20 de abril, “viene a dar al traste” con la universalidad de la atención sanitaria e introduce un “cambio de una trascendencia muy importante” que es que pasa de ser un sistema basado en los impuestos a ser un sistema basado en la contribución como beneficiario de la Seguridad Social.