El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado en un auto la ratificación de las medidas preventivas tomadas en determinados municipios de la región y la capital. Las mismas respondían a la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública.

Según el auto, esta Orden se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Conforme a ello, el ministro de Sanidad aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Así, obliga con ello a las Comunidades autónomas destinatarias.

El TSJM aclara que es el artículo 65 de la referida ley el que cita el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Orden comunicada de 30 de septiembre de 2020. Este sería el  único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada en la mención del citado acuerdo y la emisión de la Orden comunicada, cuya ejecución lleva a cabo la Comunidad de Madrid. Así, los magistrados precisan en su resolución que “se está ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis“. Todo ello coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre”.

La posición del Ministerio de Sanidad

Ante este anuncio, Salvador Illa, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad adoptará “las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud”.  El ministro ha señalado que “el plan A, B y C es proteger la salud pública”. Todo ello siempre basándose en las recomendaciones de los expertos.

“Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios”, ha apuntado. De esta manera ha insistido en que al Ministerio de Sanidad le “importa muy poco, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos”.