El Pleno del Congreso ha aprobado la Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia, con los votos en contra del PP y Vox. El texto ha contado con el apoyo del 56% de la Cámara (198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones). Ahora continuará con su tramitación en el Senado. El texto aprobado ha reconocido que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación “podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”, un reparo que “deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”.

La norma recoge que la práctica de la eutanasia se podrá llevar a cabo en el país a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.

Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. Además, debe tener mayoría de edad y “ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”. Si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir). Ambos documentos deben estar separados por 15 días, haciendo patente que no es “resultado de ninguna presión externa”.

Objeción de conciencia

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables. También debe informarle de posibles cuidados paliativos y asegurarse de que comprende la información que se le facilita. El paciente deberá confirmar su intención. Aun así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.

Será este médico quien autorizará el proceso. Antes tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el “ámbito de las patologías que padece el paciente” pero que no sea de su “mismo equipo del médico”. Además, la comisión de evaluación autonómica deberá elegir a dos expertos que evalúen el caso. Uno de esos expertos debe ser jurista. Ambos deben de estar de acuerdo en su decisión; si no, será el pleno de la comisión quien la tome.

Una sociedad más humana y justa

Antes de la votación, Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha agradecido la aprobación de una norma que, a su juicio, es un avance hacia “una sociedad más humana y justa”. Según Illa, España demuestra que es “una democracia moderna” y “lo suficientemente madura”.

Además, ha agradecido la labor de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en los últimos años por esta regulación. También ha mencionado a quienes han aportado enmiendas a la norma, especialmente al PSOE. Este grupo parlamentario ha sido el proponente de la ley. Su impulsora ha sido María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad “por la convicción con la que la ha defendido”.

En su intervención en este debate, Carcedo ha defendido el “avance” en “libertad” que supone esta medida y ha reprochado que “la derecha siempre se enzarce” en batallas apocalípticas” durante la tramitación de este tipo de leyes y, “pasado un tiempo asuma” estos avances y “pasado otro tiempo los practique”.

Regulación de la eutanasia

Rosa María Medel, portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, también se ha dirigido a PP y Vox para reprocharles que “nieguen a quienes no tienen dinero” o “no piensen como ellos” el derecho al uso de su “libertad personal”. De hecho, cree que a ambas formaciones “no les importa la libertad personal” y quieren “imponer” al resto de españoles “cómo deben morir”.

Por su parte, Joseba Agirretxea, representante del PNV, ha optado por dirigirse a los partidos que se han mostrado contrarios a esta norma, para recordarles que, como diputados, tienen la obligación de “legislar más allá del código ético de cada uno” y “dar cobertura legal” a quien no tenga los mismos conceptos “de la sobre vida o muerte” que ellos.

En la misma línea, Sergi Miquel, representante de Junts, ha recordado que durante la tramitación del texto PP y Vox han hablado mucho de “moral y de fe”, dos cuestiones que, en su opinión, no se han de “imponer” y, menos, “en una democracia, en una sociedad avanzada y en un estado aconfesional”.

Iñigo Errejón, portavoz de Más País-Equo, ha coincidido con Carcedo en reprochar a la derecha que siga siempre un “ciclo” en la tramitación de derechos: primero “lo rechazan”, luego “lo usan” y después “acaban aceptándolo”. Esto es lo hicieron, explicó, con “el sufragio universal, la jornada laboral de ocho horas, la ley del divorcio o el matrimonio igualitario”.

Apoyo de Ciudadanos

Por su parte, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, se ha dirigido a la bancada de PP y Vox para defender la ley de regulación de la eutanasia. A su juicio, ha sido un trabajo “responsable” y “sensato” y ha indicado que se trata de “un modelo garantista”. “Hoy nadie pierde derechos y avanzamos un poco más en nuestra libertad individual”, ha declarado, antes de pedir a la derecha “respeto” para quienes sí apoyan esta medida.

Mientras, formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o CUP, aunque han mostrado su apoyo a la norma, sí han reconocido que es “insuficiente” y, por ello, han mantenido vivas en este debate varias enmiendas que, finalmente, no se han aprobado. Estas formaciones han hablado, por ejemplo, de extender el derecho a menores de 16 años, considerar las enfermedades mentales o el cansancio vital para pedir el suicidio asistido, la despenalización completa de esta práctica, o la simplificación de los mecanismos de verificación, entre otras.

Críticas de PP y VOX

Frente a estos argumento, PP y Vox se han mostrado muy críticos en sus discursos contra la regulación de la eutanasia. Ignacio Echániz,  representante del Grupo Popular, ha acusado al PSOE de aprobar esta norma “al final del último día, del último Pleno ordinario” y a través del procedimiento de proposición de ley, “sin informes técnicos ni jurídicos”, “sin audiencia pública”, “sin estudios demoscópicos recientes” o “sin permitir las comparecencias de expertos” entre otros, porque es “injusta, inoportuna e inconstitucional”.

A su juicio, el Gobierno ha aprobado esta ley “frívola” de forma “atropellada y chapucera” en lugar de optar por la “alternativa” de los cuidados paliativos que, según ha señalado, es “encaja en el sentir mayoritario de los españoles” y en la que coinciden organismos y asociaciones internacionales, judiciales y del ámbito sanitario. Echániz ha lamentado esta “derrota” y “fracaso” del “sistema sanitario” y de la “sociedad”.

En su intervención, Lourdes Monasterio, diputada de Vox, ha considerado una “traición despiadada, inhumana e ilegítima” que los partidos a favor celebren esta aprobación. “Al tiempo, firman sentencias de muerte a los más débiles”. A su juicio, con la regulación de la eutanasia se esta “quebrantando el derecho a la vida”. El Estado prefiere esta decisión porque es “más fácil, más cómodo y económico”.

En este sentido, ha acusado a quienes han subido a la tribuna del Congreso a “hacer teatro de manera hipócrita y necia”. “Han usado la libertad y la compasión para legalizar el horror vivido en las residencias” y “ahorrarse el ingreso de las personas mayores”. “Recurriremos esta barbarie al Tribunal Constitucional”, ha advertido.

Tristeza de la OMC por la regulación de la eutanasia

Serafín Romero, presidente de la OMC.Por su parte, Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), ha asegurado que se trata de un día “especialmente triste” para la profesión. “La eutanasia no es una decisión puramente médica. A pesar de ello, se ha legislado que un facultativo pueda ejercer el derecho de una eutanasia o un suicidio asistido. Sin embargo, el médico tiene otras acciones”.

A su juicio, “en ningún momento” una ley puede describir que la eutanasia sea un acto médico. “No es ni la esencia ni el ADN de la profesión”. Por ello, ha destacado la necesidad de que los médicos sean “garantistas” y ha pedido que se respete la objeción de conciencia.

“Tenemos que ser muy garantistas para los ciudadanos que solicitan, ante un sufrimiento inaguantable, decir que no quieren seguir viviendo. Ahí es importante que se defina muy bien qué médicos deciden el trámite y quiénes van a participar. Es necesario hacer una reflexión y la profesión médica va a ser garantista”, ha añadido Serafín Romero.