Vio la luz con una mayoría tan abrumadora que aquel día de hace ya más de nueve años, el 22 de septiembre de 2011, todo debieron de ser parabienes por el alumbramiento en el Congreso de los Diputados. La Ley General de Salud Pública (LGSP) se aprobaba esa jornada con sólo un voto en contra (en una disposición adicional) y abstenciones minoritarias a alguna que otra enmienda, así que con el aval de hasta 343 de los 344 diputados presentes aquel día en el hemiciclo pocos podían imaginar que una criatura que nacía tan vigorosa fuese a tener una vida tan azarosa, tanto que prácticamente no salió de la cuna.

O tal vez sí había quien ya preveía lo que iba a ocurrir, porque la Ley 33/2011, de 4 de octubre, tal y como rezaba el título con el que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya tuvo una gestación compleja y se validó en un momento de cambio: fue de las últimas normas que se aprobaron con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) como presidente del Gobierno, de hecho las Cortes se disolvieron sólo tres días después como paso previo a las elecciones generales del 20 de noviembre, en las que Mariano Rajoy (PP) logró una incontestable mayoría absoluta.

Con el Gobierno cambiaron también las prioridades en materia sanitaria, que dieron un vuelco radical. La ley se quedó en un cajón, hasta el punto de que el nuevo Ejecutivo, en vez de desarrollarla, impulsó una legislación (el Real Decreto-ley 16/2012) “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que en vez de un pan traía unas tijeras bajo el brazo. España atravesaba la peor fase de la anterior crisis económica y los recortes alcanzaron de lleno a la Sanidad, justo cuando lo que en teoría tocaba era aplicar una norma que fue saludada como vanguardista y adelantada a su tiempo.

El texto de la LGSP vino a ser, de esta manera, como los planos de un complejo edificio que al final se quedaba sin hacer, como el cartel anunciador de las obras de una urbanización que nunca empezaron. Era, en la práctica, como aquellos barrios fantasma a medio construir que tanto abundaron con el estallido de la burbuja inmobiliaria durante la crisis.

El foco político apuntó para otro lado, y aunque el espectro de la ley se asomaba de vez en cuando al Congreso en forma de reproches porque no se ponía en marcha, acabó por caer en el olvido. De hecho, cuando el PSOE volvió al Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, la prioridad en Sanidad fue recuperar una cobertura universal que en los años precedentes se había reducido, con los inmigrantes sin residencia legal como principales afectados.

Otra vez en primera línea

Con el regreso socialista al Ejecutivo central aterrizó en el Ministerio de Sanidad María Luisa Carcedo, que dijo que sí, que había llegado la hora de la Ley General de Salud Pública. Pero luego no se aprobaron los presupuestos, hubo unas elecciones, no fraguó ningún pacto, se convocaron otros comicios y, de esta manera, la política nacional estuvo en funciones casi un año, con lo que aquella declaración de intenciones se la llevó el viento. Y cuando logró constituirse un nuevo Gobierno, ya con Salvador Illa como ministro, a las pocas semanas el coronavirus arrasó con todo para convertirse en el epicentro de todos los esfuerzos sanitarios.

Así que, casi una década después de su aprobación, no puede decirse precisamente que haya sido una ley con mucha suerte. Lo curioso es que la misma pandemia que inicialmente la sepultó todavía más en el orden de prioridades ha servido al final para reivindicarla: de repente, los partidos políticos la empezaron a mencionar cada dos por tres (algo que no dejó de tener su cierta ironía), resucitaron los reproches por su paralización y hubo coincidencia en que España habría estado mejor preparada para esta crisis sanitaria de haberse desarrollado esta normativa.

De hecho, las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que acogió el Congreso no pudieron ser más tajantes en el capítulo de Sanidad y Salud Pública: hay que “cumplir en su integridad” la ley. El propio Salvador Illa ha recogido el guante al asegurar que, efectivamente, es “necesario” desarrollar esta norma, tarea que ha asumido como un compromiso de su departamento.

Y no sólo eso, sino que en las comparecencias en las que ha desgranado cuáles van a ser sus prioridades en el Ministerio de Sanidad no parece casualidad que siempre haga una relación de objetivos que entronca directamente con la filosofía de la Ley General de Salud Pública: la clave, asegura, es construir un sistema “que produzca salud en vez de Sanidad y que prevenga la enfermedad y no sólo la cure”, además de impulsar la promoción de la salud “con criterios de cohesión, equidad y calidad”. Hace falta, reitera, un “cambio de visión” que tenga en cuenta hasta los hábitos de vida sanitarios. En definitiva, justo lo que ya está aprobado desde 2011 con la LGSP.

Su rastro también puede seguirse en iniciativas que se incluyen en otra norma sanitaria que ha cogido velocidad de crucero, el anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además de garantizar el acceso universal al SNS, cerrando flecos que quedaron abiertos la anterior legislatura al desmantelar el Real Decreto-ley 16/2012 del PP, y de impedir nuevos copagos, se va a convertir en obligatoria la evaluación del impacto en salud de la población en todas las políticas públicas, una de las medidas estrella que ya preveía la LGSP.

“La inclusión de la evaluación de impacto en salud en nuestro ordenamiento jurídico puede situarnos en el grupo de los países más avanzados, propiciando la innovación en el desarrollo de reformas relacionadas con la economía sostenible que a su vez garanticen la seguridad sanitaria”, puede leerse en el texto de la LGSP. Casi una década después, lo que ya está aprobado y debería llevar años aplicándose se presenta de nuevo como una gran innovación.

La Salud Pública en el epicentro

Este paso, se insistió mucho en su momento, significaba un cambio de paradigma, ya que “obligaba a orientar todo el sistema porque elevaba a norma legal los principios de la Salud Pública, que tenían que integrar todos los ministerios”. Quien así lo recuerda hoy es Ildefonso Hernández, catedrático de la Universidad Miguel Hernández en Elche y que, como director general de Salud Pública entre 2008 y 2011, coordinó los trabajos que llevaron a aprobar una ley que, insiste, “responde al objetivo de mejorar la salud de la población, garantizando la sostenibilidad de los sistemas partiendo de que lo mejor es no coger la enfermedad. Es una ley vanguardista e innovadora, para el siglo XXI, que modifica toda la visión al orientarlo todo a mejorar la salud de la ciudadanía”.

Filosofía al margen, la LGSP preveía una cascada de herramientas que se quedaron en el tintero: una Estrategia de Salud Pública, un Consejo Asesor, un Sistema de Información, una Red de Vigilancia y un mecanismo de alerta precoz y respuesta rápida, un Centro Estatal de Salud Pública… Precisamente este centro es lo que tiene visos de ser una realidad más a corto plazo, ya que el coronavirus ha puesto de manifiesto de manera desgarradora la necesidad de contar con un instrumento de estas características.

Y es que ahora todos parecen tenerlo muy claro. “Da casi ternura que políticos que no quisieron desarrollar la ley ahora la invoquen, algo que no está mal y que a mí me alegra”, ironiza un Ildefonso Hernández que habla también como vocal de Comunicaciones y Posicionamientos de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que durante estos años se ha mostrado rotunda al reclamar el desarrollo de la LGSP. Hasta el propio ministro, Salvador Illa, no ha desaprovechado la ocasión para lanzar alguna que otra puya en esta línea: “Es muy posible que, si esta ley no hubiera permanecido olvidada durante demasiados años en un cajón y se hubiera implementado antes, la pandemia nos hubiese alcanzado con las estructuras y recursos de Salud Pública más reforzados”. “Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”, apostilla Ildefonso Hernández.

¿Y ahora qué? Pues ahora, a ponerse de verdad a desarrollar la LGSP, dice otro de los padres de esta norma, José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y secretario general de Sanidad cuando se aprobó en 2011. Coincide en que es “imprescindible” aplicarla de una vez por todas, “sobre todo si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo con la pandemia”, y está “convencido de que habrá acuerdos” para sacarla adelante. Al estar ya aprobada por el Congreso, “su desarrollo sólo requiere decretos del Gobierno, pero es bueno consensuarlo”, y a su juicio “el lugar ideal para ello es el Consejo Interterritorial, donde los acuerdos casi siempre se adoptan por unanimidad”. “Con esta cuestión no va a haber un debate político, sino propuestas de mejora a través del propio Consejo Interterritorial” en el que, ya de paso, cree que habría que escuchar las aportaciones que puedan hacer las asociaciones científicas.

Un año para desarrollarla

Del mismo parecer es Ildefonso Hernández. “Muchos de los artículos son de fácil aplicación, en un año podría estar desarrollada” con la excepción del Centro Estatal de Salud Pública (o la agencia, que eso ya se verá), que se va a articular en forma de ley, lo que le dará más fortaleza pero ralentizará su nacimiento, que en todo caso debería producirse antes de que expire 2021. “No creo que vaya a haber debate político porque sería una contradicción, todos los grupos políticos han reclamado esta ley” en algún momento en los últimos meses, especialmente en el Congreso en el contexto de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

En definitiva, parece evidente que la LGSP tiene una segunda oportunidad. “Fue una ley que se quedó ahí con ganas de hacer cosas pero que tropezó con el cambio de Gobierno y no se aplicó, pero eso no es excusa porque hay cosas que hay que hacer en Salud Pública independientemente de quién esté en el Gobierno”, señala Rafael Ortí Lucas, responsable de Servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asistencial del Hospital Clínico de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). Es decir, que la LGSP vendría a ser la herramienta que ayude a centrar el objetivo, porque “lo más importante es poner el énfasis en Salud Pública con medidas preventivas, lo que hemos visto ahora que ha fallado en nuestro sistema”.

“Sería importante”, prosigue Ortí Lucas, “hacer centros de Salud Pública, centros que sean generadores de salud. Porque la Salud Pública no es un edificio en el que se habla de las normas de prevención, trasciende más allá de lo sanitario: hacemos Salud Pública cuando quitamos barreras arquitectónicas, cuando hacemos buena telemedicina, cuando facilitamos el acceso al sistema, cuando hay leyes para evitar la pobreza…”. Y para ello, aboga por un cambio simbólico en la distribución de los recursos destinados a Sanidad, de tal manera que un 25 por ciento fuese a atención hospitalaria, un 25 por ciento a Atención Primaria, otro 25 por ciento a una Salud Pública reglada y el 25 por ciento restante a “todo lo que ayude a mejorar la salud de la población desde otros puntos de vista”.

“Somos demasiado ‘hospitalocentristas’, no nos gastemos el 80 por ciento del dinero en hospitales”, apostilla. ¿Y por qué mantenemos esta estructura si tenemos claro que hay que cambiarla? Pues porque “falta muchísima cultura en Salud Pública, tanto en la sociedad como en la Administración, la educación para la salud es la gran asignatura pendiente”, sostiene.

Más vale tarde que nunca

Por eso una norma como la Ley General de Salud Pública sería tan importante. “Aunque su momento tendría que haber sido hace nueve años, más vale tarde que nunca, lo que pasa es que nos acordamos cuando vienen los problemas”, y eso, recuerda Ortí Lucas, “nos lleva a la paradoja preventiva: si cuando estamos bien invertimos en estar mejor será más difícil que estemos mal; si invertimos cuando estamos mal, como ocurre ahora, se nos va todo en cuatro UCI”.

Pese a todo, José Martínez Olmos es de la opinión de que “en los últimos 30 años hemos tenido muy buena Salud Pública: no ha habido enfermedades de transmisión infecciosa, las coberturas vacunales son muy buenas, la tasa de infección alimentaria es muy baja…”. En realidad, “no ha habido problemas relevantes” hasta que el coronavirus lo ha puesto todo patas arriba, y esa es precisamente otra de las cuestiones que aportaba la LGSP, preparar al sistema para lo que tarde o temprano iba a llegar.

“Llevamos una década y media de alertas sanitarias internacionales grandes y tenemos el precedente de la Gripe A”. Es verdad, admite Martínez Olmos, que “al final no evolucionó a la gravedad que se preveía y tuvimos pronto una vacuna”, pero eso no quita para que fuese “uno de los desafíos que avanzaba la necesidad de tener instrumentos apropiados, había que anticiparse a situaciones de alerta internacional”. “Era una ley necesaria, pero todo cayó en saco roto, y eso que no era una cuestión de recursos económicos, sino de hacer una estrategia y crear una estructura con pocos recursos adicionales”, por eso resalta que “los españoles tuvimos mala suerte” al no desarrollarse esta ley.

Un mundo distinto

“Hay nuevas realidades que atender que nos recuerdan que una sociedad avanzada debe pensar en la población del futuro, sin esperar a solucionar los problemas cuando sus servicios sociales y sanitarios ya no puedan dar respuestas” menciona de manera profética el texto de la LGSP. “El creciente envejecimiento de la población, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares y sociales acentuados por urbanismos dispersos, la globalización y sus riesgos emergentes, el consumismo, el uso creciente de las nuevas tecnologías, el modo de vida sedentario, los efectos del cambio climático o la inmigración son algunos de estos nuevos fenómenos sociales”, detalla el preámbulo de la ley.

Esta visión, por cierto, está muy en sintonía con la que defiende la Comisión Asesora COVID-19-OMC, puesta en marcha por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que en uno de sus informes (‘La preparación del sistema de salud español ante la crisis de Salud Pública’) alerta sobre “una serie de factores que hacen prever la aparición futura de nuevas crisis de Salud Pública: cambio climático, comercio global, movilidad transcontinental y megaciudades”. “Prepararse para responder a estas crisis”, subraya, “es una obligación insoslayable de los poderes públicos”.

Y precisamente para eso nació la LGSP, una herramienta para combatir las enfermedades del futuro que nunca pudo dar ni sus primeros pasos mientras que, por su parte, el escenario de futuro al que quería hacer frente necesitaba poco tiempo para hacerse presente. Un texto, por cierto, en el que también se llamaba la atención sobre que estas nuevas realidades “conviven con otras que no por más antiguas están del todo resueltas, como la discapacidad intelectual, la salud mental, la plena integración de grupos étnicos minoritarios, la reclusión penitenciaria o las distintas situaciones de exclusión social”.

Hoy, repasar el articulado de la Ley General de Salud Pública es recordar su visión de “la inversión en salud como una contribución decisiva al bienestar social, tanto por el efecto neto de la ganancia en salud como por la contribución a la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales”. Esto, además, conlleva un aumento de la productividad laboral, lo que la convierte en “una de las políticas públicas más rentables”. La norma fija la salud y la educación como bases del bienestar y establece “el requisito de que la equidad y la salud guíen el conjunto de las políticas de gobierno”, además de situar en primera línea la Sanidad ambiental y establecer mecanismos para una mejor prevención de riesgos en el ámbito laboral.

Visión de futuro

Y pueden leerse también algunas perlas premonitorias, como que “la apuesta de España por la seguridad sanitaria va enlazada a intereses económicos en comercio y turismo”, o que “hoy las amenazas a la Salud Pública en el ámbito internacional no pueden detenerse o prevenirse mediante una Sanidad de fronteras, de contención”. “Hay que adecuar los servicios y dispositivos del gobierno de España a las necesidades de un mundo globalizado”, apostilla la ley, que incluso introduce elementos para modificar el paradigma de Sanidad exterior. “Se trata no sólo de evitar la importación de enfermedades transmisibles, sino contribuir a un mundo más saludable”, palabras que hoy, en plena pandemia, adquieren un significado muy especial.

Como resumen, la LGSP estipulaba que “el enfoque de la Salud Pública actual se dirige a conformar acciones que rebasan el ámbito de los servicios sanitarios y por tanto requieren nuevas formas de organización”. Ildefonso Hernández concentra una de las claves de la ley en que “reforzaba las estructuras estatales y de coordinación para hacer frente a cualquier desafío”, que además suponía un paso más en la evolución de nuestro entramado legal en Sanidad, porque la Constitución (en su artículo 43) establece que hay que proteger la salud, “pero desde un punto de vista asistencial, del cuidado de la enfermedad, de rescatar a la gente que está enferma”. Luego vino la Ley General de Sanidad de 1986, “que decía que había que orientar el sistema a la prevención y la promoción de salud, pero esto se olvidó rápido y se centró en la atención a la enfermedad”. La nueva norma también modernizaba la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003.

En definitiva, el motor de la ley de 2011 era situar la Salud Pública en el epicentro de todo el sistema, reforzando además la conexión con la Atención Primaria. De esta manera se daba el primer paso para ese deseado cambio de paradigma, sustentado en una de las piedras filosofales en materia sanitaria: más políticas de causas y menos políticas de consecuencias para mejorar la salud de la población.

Toda esta enorme arquitectura legal, que incluía también un mayor reconocimiento profesional del personal que trabaja en Salud Pública y la apuesta por incluir en la misma más perfiles académicos, “está inédita” casi una década después, lamenta Ildefonso Hernández. “La Salud Pública siempre ha sido poco apreciada en general, y por algunos sectores políticos menos todavía, y encima en este país tenemos la mala costumbre de incumplir las leyes benéficas”, ya que una suerte parecida ha corrido la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, también de 2011.

Una ley que nació recortada

De nada le sirvió a la LGSP para su desarrollo que el texto que se aprobó en el Congreso fuese una versión a la baja del proyecto inicial, en un intento de alcanzar el mayor consenso posible, de tal manera que, según José Martínez Olmos, “no tenía problemas de naturaleza ideológica”. Si es así, ¿por qué no se implementó entonces? “Porque los que llegaron al Ministerio de Sanidad con el Gobierno del PP no creían en la Salud Pública”, apostilla, dando al traste con un proyecto por el que pasaron tres ministros socialistas: con Bernat Soria se dieron los primeros pasos, Trinidad Jiménez fue la gran impulsora y Leire Pajín la titular del departamento cuando finalmente se aprobó.

“La ley nació ya recortada dentro del propio Gobierno”, recuerda Ildefonso Hernández, el anteproyecto que se vio en el Consejo Interterritorial (con 150 artículos) era mucho más ambicioso que un texto final que se quedó en 61 artículos. “Algunos se perdieron por claridad, pero con otros se cercenó el buen gobierno y también se quitaron garantías de cumplimiento, quién debía responder en cada uno de los ámbitos si no se cumplía, porque eso creaba ampollas en algunos sitios de la Administración”, rememora.

“Políticamente no fue difícil de cocinar”, apunta por su parte Martínez Olmos, para quien “lo más complicado fue no invadir el marco competencial de las comunidades autónomas, ese fue el trabajo más intenso”. “Hubo que buscar el equilibrio”, remacha, porque “la Salud Pública está transferida y había que tener muy en cuenta las alegaciones que hacía la Abogacía del Estado”.

¿Necesita una actualización?

Con toda esta mochila a cuestas, y teniendo en cuenta la intención del Ministerio de Sanidad de desarrollar de una vez por todas la LGSP, ¿habría que aprovechar la ocasión para actualizarla en algún aspecto? La Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica ya sugería esta posibilidad, al incluir en sus conclusiones el mandato de realizar “con urgencia una evaluación de su implementación hasta la fecha, con recomendaciones concretas para su desarrollo y cumplimiento, así como, en su caso, para actualizar su contenido a la realidad actual en lo que sea necesario”.

“Me quedo con que ahora hay mucho consenso para desarrollarla”, señala José Martínez Olmos, quien insiste en que, pese a que “es una ley muy avanzada, no me importaría plantear una actualización si es para generar un mayor consenso”. “En Salud Pública no hay tanto debate, esa es su gran paradoja política, que hay acuerdos por unanimidad”, sólo en ese caso vería la posibilidad de reabrir los trabajos porque “en principio no echo en falta nada y no veo la necesidad de grandes cambios”.

“Creo que es una buena ley, pero le mejoraría algunos aspectos concretos”, como los mecanismos que garantizan su cumplimiento, apunta Rafael Ortí Lucas. El que sí es más partidario de abrir este melón es Ildefonso Hernández, quien admite que “hay aspectos mejorables, uno la lee y le incluiría cosas”, entre ellas “algunas de las que se quitaron” del proyecto inicial. ¿Por ejemplo? Pues “una mejor regulación de la relación entre lo público y lo privado en promoción de salud, y la inclusión de los ayuntamientos en todo lo relacionado con las políticas de Salud Pública, se quedaron fuera y son muy importantes por su papel en mercados, transporte, promoción de la salud…”.

Pese a que, tal y como apunta el propio Hernández, “ya ha habido leyes autonómicas que han incluido muchos aspectos de la LGSP”, hay cuestiones que no puede hacer un territorio por sí solo. Pero si hay algo que dolorosamente se echa de menos es el anhelo de disponer de “unos adecuados servicios de información en Salud Pública con una red de centros bien coordinados”, pese a que la misma ley reconoce que en eso se basa “la propia seguridad sanitaria”.

Inteligencia en Salud Pública

El objetivo de esta medida era tan elemental como que “los mejores recursos en Salud Pública de España estén siempre a disposición de cualquier comunidad y cualquier persona”. “La inteligencia en Salud Pública, entendida esta como el conjunto de personas con capacidad profesional y científica para abordar problemas de Salud Pública, es de alto nivel en España, pero no se ha trabado aún una organización que aproveche eficientemente estos recursos consiguiendo la cohesión humana imprescindible”, admitía ya en 2011 el propio texto legal.

Organizando nuestra inteligencia en Salud Pública, además, se podría “influir y actuar en la esfera internacional contribuyendo a la salud global”, apunta la LGSP. Y así lo refrenda también Ildefonso Hernández, quien lamenta que “España no piensa en su capacidad de influencia” y entonces, hace casi una década, se tenía porque “su gestión durante la pandemia de Gripe A y las cosas que hizo durante la presidencia de turno de la Unión Europea le dieron prestigio”.

Martínez Olmos, por su parte, lo que más lamenta que no se desarrollase es la Estrategia Nacional de Salud Pública. “Hay factores determinantes de la Salud Pública que se abordan mejor con una estrategia, porque permite tener un conjunto de acciones para ir consiguiendo objetivos” en campos como la lucha contra la obesidad, el tabaquismo o las drogas. “Desde la Ley Antitabaco [que se publicó en el BOE el 31 de diciembre de 2010] no se ha hecho nada importante en Salud Pública”, lamenta un Ildefonso Hernández que incide en que “son muchas las oportunidades desaprovechadas”.

Lo ocurrido con la LGSP es precisamente eso, la historia de una oportunidad desaprovechada. “Lo irónico es que ahora le ha venido bien la pandemia, está siendo un impulso para la ley y ha puesto la Salud Pública en la agenda política y mediática”, ironiza Hernández. No hay mal que por bien no venga, dirán algunos, pero esto no deja de ser un reflejo de nuestra peculiar idiosincrasia, así que como colofón vuelve a su reflexión inicial: “Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”


 

¿Un Centro Estatal de Salud Pública o mejor una agencia?

Una de las iniciativas estrella que se incluía en la Ley General de Salud Pública (LGSP) era la puesta en marcha de un Centro Estatal de Salud Pública, que en la actualidad es el que está más cerca de convertirse en realidad de todos los organismos que pretendía desarrollar la norma. Así lo ha anunciado reiteradamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y para ello se ha reservado una asignación de cinco millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, año en el que está previsto que empiece a prestar servicio.

La LGSP encomendaba a este centro “el asesoramiento técnico en materia de Salud Pública y la evaluación de intervenciones en Salud Pública en el ámbito de la Administración General del Estado”, además de llevar a cabo “labores de asesoramiento técnico y científico y de evaluación de intervenciones de Salud Pública en el ámbito de otras administraciones”. También iba a ser el encargado de realizar el seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud Pública, coordinando las acciones desarrolladas por los centros nacionales de Salud Pública.

España adolece todavía de una estructura que coordine y aglutine todo lo que se hace en el territorio nacional en materia de Salud Pública. Lo que hasta ahora era un déficit que iba sobre todo en contra de nuestro potencial investigador, al no haber una buena conexión de esta inteligencia en Salud Pública, se ha convertido en una necesidad urgente con la pandemia, ya que hubiera permitido respuestas mucho más ágiles y eficaces. De hecho, desde el Gobierno se insiste en que su puesta en marcha “ampliará” la capacidad de “identificar, evaluar y responder” ante amenazas o riesgos de enfermedades o futuras pandemias.

El Centro Estatal de Salud Pública, que en teoría debería de estar funcionando antes de finales de 2021, ha sido definido como “un hito en España” por el Ministerio de Sanidad, que se ha comprometido a que contará con personal suficiente y que aglutinará a varios servicios, entre ellos el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón.

La cuestión ahora es saber cómo se articula este organismo, que se desarrollará mediante un proyecto de ley. Hasta la fecha, Salvador Illa ha insistido en que todavía no está decidido ni quién lo va a dirigir ni dónde va a estar su sede, limitándose a apuntar que “estamos trabajando en la estructura y en la naturaleza jurídica para que pueda cumplir con agilidad lo que le mandemos”.

En esta línea, ya han surgido voces reclamando que, para conseguir este objetivo, es mejor constituir una agencia que un centro. Una de ellas es la de José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad cuando se aprobó la ley en 2011, para quien “una agencia es más potente que un centro desde el punto de vista de las competencias” ya que “tiene más autonomía y cuenta con un presupuesto propio”, mientras que un centro “depende más del Gobierno”.

“Una agencia no sólo te da más autonomía, sino también la posibilidad de contar con profesionales externos y de incorporar a las comunidades autónomas a sus órganos de dirección para la toma de decisiones”. Esta “cuestión de arquitectura administrativa” debe generar un debate que, a su juicio, “no sólo tiene que ser político, sino también técnico, de efectividad y eficacia”.

La puerta a esta opción la abría la propia Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica, que en sus conclusiones reclamaba la creación de este Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial e instaba a estudiar “la fórmula jurídica más adecuada, incluida la posibilidad de una agencia”. También se muestra más partidario de una agencia que de un centro Ildefonso Hernández, que como director general de Salud Pública pilotó la creación de la LGSP, para quien una agencia le daría “un rango bastante alto”, mientras que si se articula como centro “se puede quitar de un día para otro”.

Un organismo, por cierto, cuyo objetivo tiene que ser fomentar el trabajo en red. “No queremos un centro centralista, la sede puede estar en cualquier sitio porque su misión es coordinar las agencias de investigación y grupos de expertos repartidos por todo el país”, es decir, “articular lo mejor de cada casa”.