La situación de la Sanidad Penitenciaria preocupa cada día más a los sindicatos. Los últimos en pronunciarse al respecto han sido la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, que en rueda de prensa han querido denunciar la situación ante el Gobierno.

Uno de los problemas más acuciantes es la falta de profesionales. En el caso de las enfermeras y enfermeros, se cifra en torno a un solo profesional para atender a 100 personas privadas de libertad. Además, ante el déficit de profesionales, se están viendo obligados a realizar funciones que no les corresponden, como la asistencia de graves urgencias (sobredosis de drogas, intentos de ahorcamiento, autolesiones, cardiopatías isquémicas, insuficiencias respiratorias…).

Por otra parte, también se ha señalado que hay centros que tienen solo uno o dos médicos, lo que supone hacer unas 15 guardias al mes, y que la diferencia salarial media entre un profesional médico del sistema de salud autonómico y uno de prisiones está en unos 1.500 euros, por lo que demandan que, al menos, el sueldo se equipare, además de una Relación de Puestos de Trabajo que sea realista y permita cubrir las 200 plazas que están pendientes en la sanidad penitenciaria.

Asimismo, según la exposición de los sindicatos, se está gastando más dinero por no destinar más recursos a la población reclusa, que termina siendo trasladada a los centros sanitarios por no haber el suficiente personal en el centro penitenciario. Además, no hay una prevención suficiente en patologías serias.

Discriminación de este colectivo

Otra de las cuestiones señaladas por SATSE y CESM es que existe una importante discriminación con otros colectivos profesionales del ámbito penitenciario, algunos de los cuales no tienen ningún contacto con los presos, al percibir éstos un complemento específico muy superior al de los enfermeros y enfermeras.

De esta forma, tanto el secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, como el presidente de SATSE, Manuel Cascos insistieron en que el Gobierno central y los de las comunidades autónomas tienen que llegar a un acuerdo lo más pronto posible para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria, dando así cumplimiento a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Al respecto, recordaron que se trata de una asignatura pendiente desde más de 17 años.