Ante las diversas manifestaciones que los padres de familia de pacientes con cáncer infantil han realizado en las últimas semanas por la falta de abasto en medicamentos oncológicos, algunos hospitales de la Ciudad de México han argumentado desde sus administraciones que hasta la fecha no hay una garantía ni reglas de operación para la devolución de los recursos económicos que las instituciones requieren a cambio de atención y tratamiento gratuitos. Por lo tanto, aún no hay una compra consolidada para abastecer.

El martes 28 de enero, a primera hora, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió un documento en el cual se informa a cada institución hospitalaria que la compra consolidada de medicamentos será operable hasta marzo del año corriente, es decir, que cada institución deberá implementar las propias medidas para asegurar el abasto durante el primer trimestre del año, o en su defecto, invita a las mismas instituciones a consultar directamente a los proveedores que resultaron adjudicados para la compra consolidada de 2020, si es que están en posibilidad de hacer entrega anticipada.

Durante la tarde del martes se llevó a cabo una manifestación que se dirigió desde el Hospital Federico Gómez, hasta la Secretaría de Gobernación, en la cual una comitiva de padres de familia de al menos 5 Estados de la República fueron recibidos de manera eficiente por la Secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. Al recibimiento se realizó una junta improvisada de trabajo en la que Sánchez Cordero  se compromete a presentar las peticiones de los padres de familia, entre las cuales se encuentran “establecer mecanismos claros para asegurar el abasto, conocer la fecha de llegada y obtener una muestra del medicamento para análisis de calidad del mismo”, esto por el antecedente del Estado de Veracruz en el cual se constató que no se estaban aplicando fármacos, sino agua destilada en su lugar.

Durante la reunión sostenida en el recinto de la SeGob, José Martínez Cruz, director general de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo entrega a los padres de un documento en el cual Rosario Piedra Ibarra, presidenta de dicha comisión, dirige al Secretario de Salud, Jorge Alcocer  en el cual demanda a cada institución y cargo para responder a las necesidades que demanda el artículo 4 constitucional en el que se garantiza la salud de los ciudadanos.

Para finalizar, uno de los representantes de los padres de familia, el señor Israel Rivas Bastida, mencionó que uno de los especialistas tratantes de su hija, el  doctor Carlos Leal, del Instituto Nacional de Pediatría, precisó que:  “al interrumpirse el tratamiento había un riesgo serio de recaída y de menoscabo en la vida del menor, esto de acuerdo con la literatura oncológica internacional”, por lo cual seguirán las manifestaciones y movilizaciones hasta tener certeza del abasto.