El Servicio de Salud de Cataluña tiene que volver a enfrentarse a movilizaciones de sus trabajadores en demanda de mejores condiciones laborales. En este caso, el Comité Intercentros del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña irán a la huelga este martes y miércoles, 7 y 8 de mayo, respectivamente. Los convocantes son la Agrupación de Médicos y Enfermeras de Cataluña (AMIC), en el que están representados los sindicatos Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC) –plataforma sindical constituida por Metges de Catalunya (MC) y Sindicat d’Infermeria–, UGT y CCOO, que han convocado una huelga de personal los próximos días 7 y 8 de mayo por la negativa de la dirección de aplicar el incremento retributivo del 2,75% pactado a principios de año en todo el sector público y ante el incumplimiento de parte del convenio colectivo vigente.

La plataforma sindical la componen tanto el Sindicato Médico catalán y el Sindicato de Enfermería, como UGT y CC.OO. Todos han unido fuerzas frente a la negativa de la Dirección de aplicar el incremento retributivo del 2,75% que, según han indicado, habían pactado a principios de este mismo año en todo el sector público  y “ante el incumplimiento de parte del convenio colectivo vigente”.

Los profesionales denuncian que el SEM, aunque es un ente público dirigido por el Servicio Catalán de Salud, condiciona el aumento de las retribuciones a las negociaciones de un nuevo convenio colectivo “a la baja” con la consiguiente pérdida de derechos y condiciones laborales, mientras que en el resto del sector público se ha aplicado automáticamente y sin condiciones.

Los sanitarios de Emergencias Médicas critican duramente que hayan tenido que hacer frente a los recortes de los últimos años y al aumento de nuevos encargos de gestión sin que se haya incrementado la plantilla, un hecho, según han recalcado, les ha  comportado repercusiones evidentes sobre su salud laboral. En cambio, señalan que, en este mismo periodo, la empresa ha aumentado los cargos directivos y, además, ha subido un 15% el sueldo del gerente.

“En un acto de responsabilidad, hemos asumido esta falta de recursos en silencio”, afirman los profesionales. “Nunca haremos a la ciudadanía rehén de reivindicaciones laborales, pero ahora tenemos un grave problema y la situación es insostenible”.

Por este motivo, reclaman un convenio que mejore las condiciones laborales de los 700 trabajadores de la empresa, así como un incremento de los recursos para evitar la reducción de la calidad asistencial. “La huelga tiene que hacer visible la situación real del SEM, lejos de la propaganda de empresa o del marketing oportunista del directivo de turno”, añaden.

Notable para AP

Por otro lado, los catalanes valoran con un notable los servicios sanitarios públicos de Atención Primaria, hospitalaria y de salud mental de Cataluña, según la encuesta ‘Plaensa’ publicada por el Servicio Catalán de Salud y los datos del último barómetro sanitario.

La Generalitat ha informado de que las valoraciones recogidas por la encuesta Plaensa son las siguientes: 7,87 para la Atención Primaria, 8,53 para la atención hospitalaria y 7,92 para centros de de salud mental.

Un 88 por ciento de los encuestados regresaría al mismo CAP si pudiera elegir, cifra que se eleva hasta 88,5 por ciento en el caso de los hospitales. En cuanto a los centros de salud mental, el porcentaje de pacientes que volvería al mismo centro es del 82,9 por ciento.

El trato, la limpieza y la información proporcionada al paciente y a las familias figuran entre los aspectos mejor valorados por los usuarios de los centros de salud mental que, en cambio, puntúan negativamente el tiempo de espera de las llamadas o la frecuencia de las consultas con el psiquiatra.

Casi seis de cada diez usuarios prefieren que los servicios de salud pública estén en manos de la Administración Pública, según el barómetro sanitario elaborado por CatSalut en colaboración con el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Un 39,2 por ciento de los encuestados estarían dispuestos a pagar más impuestos para mantener los servicios sanitarios públicos, y un 42,2 por ciento considera que deben mantenerse tal y como están.