Tras llegar a un acuerdo en cuanto al modelo de recuperación de la Sanidad Universal durante la celebración del primer CISNS con Carmen Montón a la cabeza del Ministerio de Sanidad, han surgido los primeros matices a esta decisión. En concreto, los consejeros de Sanidad de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Murcia, Madrid, La Rioja o Galicia, han reclamado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se fije cuál sería el coste económico derivado de devolver la asistencia sanitaria universal, mientras que los responsables socialistas les han recordado que “no hace falta” memoria económica porque las comunidades autónomas, con diferentes fórmulas, ya atendían a los irregulares.

El principal argumentario de los consejeros ‘populares’ durante sus intervenciones ante la prensa ha sido reivindicar que todas las comunidades autónomas habían conseguido, con distintas combinaciones y normas, atender a los excluidos por el Real Decreto-Ley 16/2012. En este punto, han coincidido con representantes de administraciones socialistas, como el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, quien ha recordado, no obstante, que estas fórmulas fueron impugnadas por el Tribunal Constitucional.

Diferentes opiniones en cuanto a la financiación

En esta línea, el consejero extremeño, José María Vergeles, ha insistido en lo positivo de poder acogerse a una norma nacional y no que “cada comunidad autónoma se tenga que buscar la vida para atenderles, como hasta ahora”.  Por su parte, Ana Barceló (Valencia) ha añadido que, de no haberse aplicado la universalidad en Valencia (medida que promulgó Montón), no se hubiera “podido atender a todos los inmigrantes que vinieron del ‘Aquarius’, porque no tendrían la cobertura”.

Más allá de la recuperación efectiva y nacional, la discusión se ha centrado en otorgarse de fórmulas que den “seguridad jurídica” a esta atención.  Así, Enrique Ruiz Escudero (Madrid), Manuel Villegas (Murcia) o María Martín (La Rioja) han incidido en que el problema de la universalidad “ya está resuelto” y que  ahora la medida debe acompañarse con una memoria económica que fije el coste real. Desde su perspectiva, este presupuesto “no puede ir desligado” de la mejora de la financiación autonómica, ya que, tal y como han recordado, son las propias administraciones regionales las que tienen la competencia en este ámbito.

Particularmente Escudero y Villegas han criticado que sus comunidades autónomas tienen problemas de financiación “serios”.  Es por ello que su queja se ha centrado en que la ministra haya antepuesto la resolución de la vuelta de la asistencia sanitaria universal antes que esta cuestión, y han recordado a Montón que, cuando era consejera valenciana, hizo de la falta de financiación una de sus causas más importantes.