A pesar de los reiterados anuncios y de los esfuerzos del Ministerio de Sanidad y de las diferentes administraciones autonómicas por hacer llegar el material de protección necesario para que el personal sanitario desarrolle su labor asistencial en las mejores condiciones posibles, las demandas por parte de estos profesionales de dichos materiales no dejan de hacerse públicas. Y es que la adquisición de EPI, mascarillas, gafas y demás instrumental no parece suficiente para cubrir toda la demanda. Hay que tener en cuenta, además, la importancia de mantener al personal sanitario en las mejores condiciones posibles, evitando bajas en un colectivo muy escaso en estos días y que puede ser un importante vector de transmisión.

Sin ir más lejos, este martes por la tarde, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacaba la inminente llegada a España de dos millones de mascarillas, 18.000 gafas de protección y casi 63.000 batas desechables para luchar contra el coronavirus, que se van a distribuir en “las próximas horas” a las comunidades autónomas.

En rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, Montero apuntaba que hasta ese momento se habían repartido “más de 10 millones de mascarillas” a pacientes y profesionales sanitarios en las distintas comunidades autónomas. Además, avanzaba que “a lo largo de los próximos días” llegarán más aviones con material para profesionales sanitarios y otros sectores que están en primera línea de combate frente al coronavirus, “especialmente en las residencias de mayores”.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en total se han entregado 10.671.779 mascarillas, 9.724.100 guantes de nitrilo, 65.538 batas desechables e impermeables, 84.027 buzos, 35.103 gafas de protección, 144.590 soluciones hidroalcohólicas y 328.900 materiales como calzas, delantales, cubremangas, gorros, etc.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, informaba este martes también de que este miércoles se van a repartir a las comunidades autónomas siete millones de equipos de protección individual, lo que supone que en total se habrán repartido ya casi 18 millones de estos equipos.

A pesar de estos datos, las denuncias de los profesionales por la falta de medios de protección suficientes han sido y siguen siendo muchas, y es que se están enfrentado a una situación asistencial sin precedentes y los profesionales, así como sus recursos, no dan abasto. La Organización Médica Colegial ante los primeros datos de personal sanitario infectado emitía un comunicado en el que, bajo el lema “Ni un día más”, solicitaba ni un día más sin las “necesarias medidas de protección para los equipos asistenciales”, “sin disponibilidad de las pruebas diagnósticas que nos faciliten los mecanismos de aislamiento y cuarentena”, “sin aumentar las medidas de aislamiento comunitario”, y “sin una política nacional firme de recursos humanos”. Lema al que se ha referido casi a diario desde entonces.

Esta misma mañana, FACME hacía pública también su “máxima preocupación por el alto porcentaje (en torno al 15 por ciento) de profesionales sanitarios afectados por la Covid-19 y por la falta de protecciones y medidas de seguridad”; así como su “malestar por la escasez de test de diagnóstico para esta enfermedad destinados a los profesionales del sector”. Desde FACME, se ha señalado que “es momento de apoyar al Ministerio de Sanidad y a las autoridades sanitarias en esta situación de emergencia, pero insistiendo en la necesidad de destinar los recursos y la ayuda necesaria para una buena gestión y resolución de esta crisis sin precedentes”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado, por su parte, una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “por delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral por no dotar con el material de protección individual necesario”. El sindicato destaca que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud han provocado que sean el 14,4 por ciento del total de los afectados en todo territorio nacional. Según explica la denuncia, CSIF ha reclamado reiteradamente desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, que se “dotase al personal sanitario de equipos de protección individual para garantizar la seguridad y salud de dicho personal en el desempeño de sus funciones, ante la existencia del grave riesgo de contagio en caso de no contar con dicho material”.

Por su parte, la pasada semana la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentaba también denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Sanidad “solicitando medidas cautelarísimas para exigir que se dotara del material necesario a los profesionales sanitarios”. La denuncia fue desestimada, pero se ha presentado un recurso sobre la misma, y el mismo día el sindicato madrileño AMYTS presentaba una en los mismos términos contra la Comunidad de Madrid, petición que en este caso sí fue estimada, y obligaba a la administración a proveer el material necesario en un plazo de 24 horas, algo que la Comunidad trasladó a la administración estatal.

En la misma línea, el resto de sindicatos autonómicos adscritos a CESM han ido presentando sus denuncias contra los responsables de su territorio, corriendo suerte distinta.

En Madrid, la Asociación de facultativos especialistas, señalaban esta misma semana en un comunicado que “no es admisible que las gerencias de algunos hospitales nos pidan que reutilicemos los equipos de protección personal y que no encarguemos de esterilizarlos y lavarlos nosotros mismos. No es admisible trabajar con bolsas de plástico atadas en la cabeza, cuerpo y pies. No es admisible que nuestro trabajo se desarrolle en estas condiciones, pero es una realidad. Los médicos y resto del personal sanitario nos sentimos olvidados por nuestras administraciones que no han sabido darnos las herramientas necesarias para protegernos mientras discuten unas con otras”.

UGT y CCOO, por su parte, han exigido también que los trabajadores cuenten con los equipos de protección individual (EPI) y “las medidas de seguridad que les salvaguarden del contagio del coronavirus y garanticen su salud”. Ambos sindicatos recuerdan que los empresarios y las administraciones están obligados por la Ley a proporcionar a los trabajadores estos equipos y materiales. CCOO y UGT han exigido al Gobierno “que realice las acciones necesarias para asegurar el abastecimiento de dichos equipos y sistemas de seguridad y protección, que articule las medidas que aseguren su distribución entre los trabajadores y trabajadoras, y que proporcione los test necesarios para la detección temprana de posibles positivos y frenar el contagio”.