Las sociedades científicas muestran su preocupación por Ley de Protección de Datos

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha elaborado una declaración en la que manifiesta su preocupación por Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor el 25 de mayo de este año, con ocasión de la discusión por el Congreso de los Diputados del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En el mismo se pide al Gobierno que remita en un plazo breve un proyecto de ley específicamente centrado en la protección de datos relacionados con la salud, puesto que consideran que la incertidumbre que crea este marco legislativo dificultará trabajar correctamente a los profesionales que se dedican a la vigilancia epidemiológica y a los investigadores. A este documento, que ha sido enviado a los grupos parlamentarios, así como al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se han adherido asimismo ya la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Asociación de Juristas de la Salud, la Asociación de Economía de la Salud (AES), la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria “Hipatia” (SASPAS/Hipatia). Las implicaciones para los profesionales En concreto, Fernando García López, miembro del Grupo de Trabajo de Confidencialidad y Protección de Datos de la SEE, explica que si a los profesionales que trabajan en salud pública y en investigación científica en salud no se les permite acceder a determinados datos se pueden ver afectados estudios que ya se hacen, por ejemplo en torno al cáncer, a las enfermedades raras o a “enfermedades infecciosas emergentes como el ébola o el zika, que es necesario controlar y actuar”. En este sentido, la SEE cree que la salud, y en particular la salud pública y la investigación científica en esta materia, “necesita una legislación específica sobre protección de datos que dé cuenta de sus particularidades, que difícilmente pueden estar recogidas en una ley de carácter general” y hacen hincapié que esta situación generará “una enorme inseguridad jurídica y tendrá como consecuencia la obstaculización de la práctica de la salud pública y la investigación científica en salud”. De esta forma, la sociedad científica reclama que se incluyan los puntos que ya recoge el Reglamento de la Unión Europea, en el que se especifica que los datos personales podrán tratarse sin el consentimiento del interesado cuando lo exijan razones de interés público en el ámbito de la salud pública;  así como que el tratamiento de datos necesario para fines de investigación científica podrá prever excepciones a los principios de “limitación de finalidad” y “limitación del plazo de conservación”, a la exigencia universal del consentimiento informado y a los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y oposición.