uncian que no aclara la posición de los facultativos en la eutanasia activa y en la segunda opinión mé
24 de agosto 2011. 12:24 pm
Vicente Martínez,Valencia.-La recién aprobada Ley de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana, que regula aspectos como el derecho al consentimiento informado, la posibilidad de la segunda opinión médica, el testamento vital y el derecho a la confidencialidad y el acceso a la…
Vicente Martínez,Valencia.-La recién aprobada Ley de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana, que regula aspectos como el derecho al consentimiento informado, la posibilidad de la segunda opinión médica, el testamento vital y el derecho a la confidencialidad y el acceso a la historia clínica, ha provocado ya algunas críticas procedentes de varios colectivos médicos valencianos.
En cuanto al testamento vital, la cláusula más ambigua y que más polémica ha provocado entre los grupos políticos de la oposición 'PSOE e IU- es la que prohíbe las voluntades contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica clínica. Los responsables socialistas aseguran que puede entenderse que los médicos no podrán dejar de realizar las acciones que vayan en contra de la salud de sus pacientes. En este sentido, esta medida no aclara muy bien en que medida se descarta o no la eutanasia activa, que supone suministrar algún tipo de agente con el fin de causar la muerte del enfermo.
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) critica el aspecto de la segunda opinión médica porque creen que debería realizarse a través de un consejo de facultativos, 'para no provocar tensiones entre los galenos que verán como muchos pacientes cambian de profesional sin ningún criterio', según ha manifestado el secretario general de CESM-CV, Andrés Cánovas.
Una de las novedades que introduce la Ley de Derechos e Información al Paciente es la creación de un Consejo Asesor de Bioética y unos comités de Bioética Asistencial, adscritos a la Consejería de Sanidad. Este órgano tiene como objeto proteger los derechos de los pacientes y asesorar en la adopción de decisiones clínicas complejas.