El Consejo de Ministros ha autorizado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley que modifica la Ley 35/1988 sobre técnicas de Reproducción Humana Asistida. Esta modificación legal se lleva a cabo después de haber recogido las opiniones de un gran número de científicos, expertos, asociaciones de enfermos, juristas de reconocido prestigio, además de haber mantenido contactos con expertos de otros países de nuestro entorno, según palabras de la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, en un artículo publicado en la edición del domingo, 27 de julio, del diario ABC.

Hemos trabajado con el objetivo de elaborar un texto equilibrado, riguroso, con una gran base científica y ética, que trata de recoger todas las sensibilidades, con el objetivo principal de resolver el problema de la acumulación de embriones sobrantes de la Fecundación In Vitro (FIV), dando una solución ética y abierta a la investigación, a un problema que viene del pasado y que no tiene una solución sencilla.

Desde la promulgación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, se han producido avances considerables en el ámbito de la técnica y de la práctica médica, que han contribuido a resolver de manera más eficaz los problemas de infertilidad de muchas parejas.

Al mismo tiempo, la investigación y la práctica médica han superado las previsiones contenidas en la Ley, poniéndose de manifiesto la existencia de algunas limitaciones, que han producido inseguridad jurídica y problemas de un calado ético y sanitario considerable. Sin duda alguna, el más importante de estos problemas ha sido la acumulación de un elevado número de embriones humanos sobrantes cuyo destino quedaba sin precisar.

La Ley 35/1988 no establecía ningún límite al número de óvulos que se podían fecundar ni embriones que se podían transferir a una mujer en un ciclo de FIV. Asimismo, preveía la crioconservación de los embriones humanos no transferidos después de un tratamiento de FIV, por un plazo máximo de cinco años, sin especificar cuál sería su destino una vez superado el plazo.

La conjunción de estos elementos, unido a una práctica clínica compleja que iba mejorando poco a poco, ha llevado a la acumulación de un número elevado de embriones que no eran luego transferidos a sus madres, y que quedaban almacenados en los centros de reproducción asistida con un futuro incierto.

En paralelo, los descubrimientos científicos que se han producido en el ámbito de la terapia celular y la medicina regenerativa, unido a las enormes expectativas que han despertado en relación a su potencial investigador y terapéutico, han elevado el interés por la utilización con fines de investigación de los embriones que no pudieran ser transferidos, como alternativa a su descongelación.

Como consecuencia de la convergencia de ambos factores, hemos asistido a un intenso debate en torno a las ventajas y los riesgos de líneas de investigación que toman como punto de partida células madre. No se trata de un debate político, al menos nunca lo he entendido así, sobre todo cuando comprobamos que las mismas dudas científicas y éticas que nos planteábamos en España, aparecían en debates similares en otros países. Precisamente se trata, a mi juicio, de un asunto científico, ético y sanitario.

Por eso, desde el principio hemos apostado por la prudencia y el análisis riguroso de la realidad científica y las implicaciones éticas, recordando que no era momento para "hacer política" con la salud de los ciudadanos. Nuestra actitud fue la de consultar a los expertos, para conocer cuál era el estado de la ciencia, y las implicaciones sanitarias y éticas de las distintas alternativas. Por eso hemos recogido las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA), del Ministerio de Sanidad y Consumo, y del Comité Asesor de Ética, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Las recomendaciones de todos ellos abogaban de forma expresa por una modificación de la legislación actual con el fin de reducir al máximo el número de embriones sobrantes, posibilitar su donación con fines reproductivos y permitir la investigación como alternativa a su destrucción, y bajo unas normas estrictas de control. Ambas recomendaban también la solicitud de consentimiento informado de los progenitores, y que las investigaciones fueran realizadas por grupos autorizados, dentro de proyectos que no tuvieran un carácter lucrativo y se dirigieran a reducir el sufrimiento humano.

Una vez tenidas en cuenta las recomendaciones de los expertos, el Gobierno ha propuesto una solución abierta a la investigación y respetuosa con el embrión humano.

La reforma introduce medidas para reducir al máximo el número de embriones sobrantes de la FIV, evitar la práctica de la reducción embrionaria y reducir la tasa de partos múltiples y sus riesgos asociados. Para ello se autoriza la transferencia de un máximo de tres embriones por ciclo y se establece un límite a fecundar un máximo de tres ovocitos por mujer y ciclo. Excepcionalmente, por circunstancias asociadas a la edad o patología de los progenitores, se podrá fecundar un número mayor, quedando el Ministerio de Sanidad y Consumo encargado de elaborar, asesorado por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, un protocolo que regule estos casos excepcionales. En los casos en los que haya que crioconservar embriones sobrantes, se hará por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, solicitándose a los progenitores la firma de un compromiso de responsabilidad sobre sus preembriones. En relación a este punto, la ley establece con claridad que en cualquier caso el destino de los embriones sobrantes será el de ser transferido a su madre o ser donado con fines reproductivos a otras parejas.

Además, se aumenta a 20 años el plazo de crioconservación del semen, se ajusta la situación de la crioconservación de óvulos a los últimos avances de la técnica, en línea con el Real Decreto 120/2003 del 31 de enero, y se introduce la necesidad de que los centros de FIV cuenten con un seguro o instrumento equivalente para proteger a los embriones crioconservados hasta que sean transferidos.

Por otro lado, el anteproyecto establece que serán las parejas progenitoras, las que mediante consentimiento informado, determinarán el destino de los embriones sobrantes que hayan sido crioconservados hasta la fecha de entrada en vigor de la reforma, pudiendo elegir entre: mantener el estado de crioconservación hasta que les sean transferidos; donarlos con fines reproductivos a otras parejas que estén en lista de espera de FIV; permitir su descongelación, o que el material biológico obtenido tras la descongelación pueda ser utilizado con fines de investigación.

En aquellos embriones que no vayan a ser transferidos o donados a otras parejas, y cuya única alternativa sea su descongelación, se autoriza investigar con el material biológico obtenido en el momento de la descongelación.

Con esta propuesta se deja margen para la investigación, salvaguardando el respeto que nuestro ordenamiento jurídico otorga al embrión. Asimismo, se da cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y el Comité Asesor de Ética, en el sentido de autorizar la investigación, destinando las células obtenidas al desarrollo de líneas celulares con fines potencialmente terapéuticos, con el objeto de intentar avanzar en la resolución de importantes problemas de salud de los ciudadanos, diabetes, enfermedad de Alzheimer…

Otro aspecto importante de la reforma, es la prohibición de comercializar con el material celular que pudiera obtenerse, que será tratado según los mismos principios que rigen el uso de células y tejidos de origen humano destinados a trasplantes.

Para asegurar el cumplimiento de estos principios, se crea un Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, que se encargará de aplicar el proceso de descongelación de los embriones cuyas células vayan a ser objeto de investigación. El centro se encargará también de asignar y controlar las posibles líneas celulares que pudieran obtenerse para investigación, así como a potenciar la investigación con células madre adultas, de médula ósea, de cordón umbilical, que actualmente presentan un importante perfil terapéutico muy interesante. En dicho Centro se llevará un Registro de centros de investigación autorizados, y se crea un Banco Nacional de líneas celulares y una Comisión de seguimiento y control de donación y utilización de células y tejidos humanos.

Estas son las grandes líneas de la reforma que presenta el Gobierno. Se trata, a mi entender, de una solución rigurosa, responsable, ética y equilibrada.

Es una solución rigurosa, porque parte de las recomendaciones de los expertos y del análisis riguroso de la realidad científica y jurídica nacional e internacional. Es una solución responsable porque evita la acumulación indiscriminada de embriones congelados, poniendo los medios para que, con la colaboración de los médicos y los usuarios de las técnicas de reproducción asistida, el problema no se vuelva repetir. Es una solución respetuosa porque da a la pareja la última palabra sobre el destino de los embriones que se encuentran actualmente congelados. Es una solución ética porque no permite la manipulación de embriones e imposibilita el lucro en la utilización de las líneas celulares. También lo es porque se fundamenta sobre unos principios sólidos como son que la generación de embriones humanos sólo es aceptada con fines reproductivos (Ley 35/88 y Código Penal), que el embrión humano no es una "cosa" sino una realidad con un valor singular que le hace merecedor de protección (Jurisprudencia del Tribunal Constitucional) y que ni el cuerpo humano ni sus partes pueden ser objeto de lucro comercial (Convenio sobre Derechos Humanos y Biotecnología del Consejo de Europa). Y es una solución equilibrada, porque ha sido construida desde la búsqueda del consenso entre las diferentes posturas existentes ante cuestiones tan trascendentales como el respeto de la vida humana, el deseo de fertilidad de las parejas o el respeto a la libertad de investigación en favor de la salud humana.

Espero y deseo que esta propuesta que ha buscado una solución rigurosa, responsable, ética y equilibrada represente en el futuro, tras su aprobación parlamentaria, una ley de todos.

Y será de todos si conseguimos que, igual que hasta ahora han sido muchos científicos, expertos, juristas, asociaciones de enfermos…, los que han aportado sus conocimientos científicos, éticos, su experiencia clínica, sus esperanzas, a los que quiero agradecer su apoyo e inestimable ayuda, sean aún muchos los que puedan contribuir con su colaboración a que la nueva Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sea la norma que todos esperamos y deseamos.