Diferentes colectivos han reclamado las últimas semanas que los más de 51.000 profesionales sanitarios contagiados de coronavirus durante el ejercicio de su profesión pudieran reclamar dicha enfermedad como un accidente de trabajo. Finalmente, durante este último Consejo de Ministros, se ha anunciado la aprobación de un Real Decreto-ley en el que se incluye la ampliación de la cobertura de la Seguridad Social al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios y haya enfermado por COVID-19, durante cualquiera de las fases de la epidemia.

De esa forma, se reconocen las prestaciones a este colectivo que se consideren derivadas de accidente de trabajo, cuando haya contraído la COVID-19, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante el ejercicio de su profesión. Todo ello con el objetivo de paliar los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19.

Hasta ahora, este tipo de contingencias se consideraban de carácter común asimiladas a accidente de trabajo solo en la prestación económica por incapacidad temporal y ahora vienen a considerarse contingencia profesional derivada de accidente de trabajo para todas las prestaciones. Esto supone una mayor cobertura para los casos en que dicha enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para estos trabajadores.

Para poder tramitar esta enfermedad como accidente de trabajo, se ha informado de que debe emitirse el correspondiente parte de accidente de trabajo y que así se acredite por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.

En los casos de fallecimiento, a efectos de las prestaciones de muerte y supervivencia que pudieran generarse, se entenderá que la causa es accidente de trabajo, siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad.

Reapertura de fronteras

Además de esta decisión, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el nuevo sistema de recuento de datos sobre el COVID-19 puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad, que ha provocado un desfase de 2.000 muertos registrados menos frente al sistema anterior.

La ministra portavoz ha argumentado que durante la pandemia se ha ido “evolucionando” en la recogida y síntesis de los datos sobre afectados o fallecidos que facilitan las comunidades autónomas al Ministerio. “Quizá en un primer momento eran los de los registrados. Luego se han ido construyendo indicadores agregados que son mucho más cualitativos y permiten predecir de qué manera está circulando el virus y también cómo se está comportando la atención sanitaria a la hora de abordarlo”, ha explicado.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que “nos gustaría que se estudiase la reapertura de fronteras no solo por países, sino también por regiones. Apostamos por realizar una apertura gradual, coordinada y no discriminatoria entre territorios con una situación epidemiológica similar que nos permita evitar los riesgos de rebrote”, ha concluido.