Las presuntas irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud han llegado a la Fiscalía, que las ha remitido sin dilación a los juzgados de instrucción para que inicie las diligencias tendentes a conocer los hechos y a sus  presuntos responsables.

El primer partido que sacó a la luz los fraudes fue Izquierda Unida, que denunció ante la Fiscalía las irregularidades de los contratos en la Sanidad cántabra, al que se sumó posteriormente el Partido Popular (PP). En este sentido, la presidenta del PP de Cantabria,  María José Sáenz de Buruaga, ha coincido con IU en que se dan los indicios de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones.

PP, IU critican con vehemencia las “adjudicaciones a dedo por medio de uso fraudulento” de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el “desembarco” de asesores externos que “intervienen e interfieren” en los procesos de contratación; y la elaboración de informes “a la carta” para “dirigir” las adjudicaciones.

Para los dos grupos políticos “es un auténtico escándalo las informaciones que están saliendo a la luz, por ello demandan a Revilla que cesa a la consejera de Sanidad, María Luisa Real de inmediato”.

Un secreto a voces

La demanda para que se investigara lo que estaba sucediendo en la Sanidad cántabra, “un secreto a voces”, han indicado a EL MÉDICO INTERACTIVO fuentes sanitarias de la Comunidad, viene de lejos. De hecho las primeras denuncias tuvieron lugar pasado el mes de mayo, nada más que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) remitió a la consejera, Luisa Real. Con anterioridad, el 8 de febrero, también se denunciaron irregularidades en su departamento.

El escándalo fue el motivo por el que tuvo que dimitir el gerente del SCS, Julián Pérez Gil, ex cargo directivo con Bengoa en Osakidetza, y el subdirector de Gestión Económica e infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.

Por ello, el PP ha anunciado que se presentará como acusación  en el proceso judicial por las contrataciones en el SCS después de que la Fiscalía haya dado el primer paso para judicializar el tema. Desde el PP han ido más lejos al demandar al presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla que cese de inmediato a la consejera de Sanidad.

“Tras meses de investigación y la práctica de numerosas diligencias, la Fiscalía podía haber archivado la denuncia pero no lo ha hecho, ha afirmado Sáenz de Buruaga, que considera que la decisión de la Fiscalía es un “nuevo revés” para “la honestidad del Gobierno”.

Tal y como ha subrayado Sáenz de Buruaga, cada hecho, cada informe o cada resolución es “una prueba más de que estamos ante una trama de contratación ilegal, conocida y amparada por la Consejería de Sanidad”, y también, según Buruaga, por el Gobierno liderado por el populista, Miguel Ángel Rivera.