El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha aprobado la convocatoria de una huelga general de médicos en todo el territorio nacional después de conocerse el contenido completo del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de  septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente  a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El sindicato ha podido comprobar con incredulidad cómo, una vez más, se han tomado una serie de medidas sin contar en absoluto con la profesión médica incluso 24 horas después de que el propio Foro de la Profesión propusiera soluciones a la supuesta falta de médicos aireada desde algunas administraciones, “que no era tal carencia sino en realidad una escasa disponibilidad ante las lamentables condiciones laborales en las que se está obligando a ejercer a los profesionales”, señalan.

El Real Decreto Ley 29/2020 pone en riesgo la seguridad de los pacientes

A juicio de CESM, el Real Decreto Ley aprobado no hace sino poner en riesgo la seguridad de los pacientes, puesto que se está pisando la regulación de la profesión, se legaliza el intrusismo profesional y se deslegitima el sistema de Formación Sanitaria Especializada. En definitiva, se le da la puntilla a la calidad del Sistema Nacional de Salud.

El procedimiento para implantar estas medidas que deja vía libre a las comunidades autónomas para su posterior aplicación “supone aumentar más la heterogeneidad en las condiciones laborales de los médicos en los distintos Servicios de Salud, además de que se está cercenando el derecho a negociar en las mesas sectoriales los asuntos que afectan a la profesión, pretendiendo dejar en anecdóticas las competencias sindicales”, señalan desde el Sindicato.

Movilidad forzosa de los facultativos

Respecto al contenido del texto, CESM considera insostenible que se instaure la opción de la movilidad forzosa de los facultativos, no solo física sino también entre distintos niveles asistenciales, lo que repercute en la seguridad del paciente al abrir la opción de que sean atendidos por especialistas ajenos al área donde hayan sido destinados y pone a disposición de la Administración a todos los profesionales sin excepción.

Además, “la dudosa redacción del artículo 3.2 atribuye competencias exclusivas de los médicos de Familia a los enfermeros hospitalarios, permitiendo a las comunidades autónomas el desplazamiento de este personal desde los hospitales a los centros de Atención Primaria”.

El Sindicato añade que mención aparte merece la devaluación que se lleva a cabo con este Real Decreto Ley del título de especialistas y el enrocamiento del que hace gala el Ministerio de Sanidad imponiendo mediante este rango legal la elección de plazas MIR telemática, algo que desde CESM ya se tuvo que pelear en la convocatoria de 2020.