El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, se ha manifestado ante el anuncio de la aprobación del anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión. A este respecto, ha apoyado que se “blinde” la sanidad pública. Sin embargo, recuerda que es necesario que al tiempo que se refuerce la colaboración público-privada. Esto es clave para conseguir la mayor eficiencia.

“Blindar nuestro actual modelo sanitario universal, público y gratuito es proteger el eje del bienestar y la justicia social. Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia ese destino, al tiempo que reforcemos también la colaboración público-privada para conseguir la mayor eficiencia” ha comentado Cobo en declaraciones a Europa Press.

Reforzar la colaboración público-privada

De hecho, la nueva normativa ha recibido críticas tanto de los sectores defensores de la sanidad pública como de la privada. Es el caso de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). Más allá de pedir reforzar o no la colaboración público-privada, como el CGCOM, han mostrado su inquietud ante la Ley. A su juicio, la misma convertiría a España en el único país europeo que “proscribe” a la sanidad privada de su SNS.

“Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia de la COVID-19 sin tener a los recursos privados a disposición", ha recordado este jueves el presidente de ASPE, Carlos Rus.

Por su parte, a Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que la normativa “no blinde la provisión pública”.  En especial, la organización ha criticado que siga abriéndose paso modelos privados que se dice serán "excepcionales". Sin embargo, no fija concretos para esa excepcionalidad, así como tampoco sistemas efectivos de control de la misma.

Por otro lado, ha avisado de que “no es de recibo” que se utilice para consolidar el modelo de las mutualidades de funcionarios. Consideran que este es el “mayor factor de inequidad y discriminación” dentro de la cobertura sanitaria financiada públicamente. Por ello, a juicio de la FADSP, debe de desaparecer.