Andalucía ha sido recientemente el foco de diversos casos de agresiones a profesionales sanitarios, y por ello, tanto sindicatos como Colegios Médicos han querido visibilizar este problema social, manifestando su repulsa.

En primer lugar, respecto a la agresión sufrida el 28 de agosto por un médico de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 a manos de una paciente y que le ha causado lesiones físicas por las que ha requerido de baja médica, el Colegio de Médicos de Cádiz se ha manifestado a través de un comunicado mostrando su repulsa a este hecho.

En dicho comunicado, la institución recalca que “el preocupante incremento de casos de agresiones a médicos exige una respuesta colectiva y un esfuerzo común que aísle a los agresores. Estas medidas tienen que venir de la mano de acciones consensuadas por todos los agentes sanitarios y sociales que conduzcan a que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social y delito contra la autoridad en todos los ámbitos (público y privado) y sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas”.

Además, ha transmitido a los profesionales la importancia de denunciar cualquier tipo de casos de agresión, ya sea consumada o en grado de tentativa, física o verbal.

Concentración de denuncia en Málaga

Precisamente el caso de una agresión verbal a una médica en las Urgencias del centro de salud de Cruz de Humilladero en la capital malagueña, es el motivo por el que el Sindicato Médico de Málaga ha decidido convocar una concentración de denuncia, el próximo 4 de septiembre a partir de las 11 horas.

Según han precisado desde el Sindicato, el número de agresiones en Málaga en lo que va de año “ya supera la treintena e iguala prácticamente los casos que se dieron en 2018 en estas mismas fechas, llegando a alcanzar la cifra de 80 incidentes durante esos 12 meses”.

Por ello, el Sindicato Médico de Málaga ha condenado una vez más este tipo de acciones “tan lamentables” y ha insistido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía “en adoptar un plan con carácter inminente que vele por la seguridad de los facultativos, medidas más contundentes que calen en la sociedad, además de la puesta en marcha de una campaña de concienciación ciudadana ante este grave problema”.